Por Santiago Re
19 Abril 2024
La auxiliar fiscal Jessie Luz García.
Un empleado del Ente Cultural de la Provincia es investigado porque, según la acusación, consiguió los datos de la tarjeta de débito de una compañera de trabajo y con esa información efectuó compras. Por el hecho el hombre y su pareja fueron imputados, pero seguirán el proceso en libertad y bajo el cumplimiento de normas de conducta.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercriminalidad, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado en la audiencia de ayer por la auxiliar fiscal Jessie Luz García.
García solicitó formalizar la investigación en contra del sospechoso, de 43 años y su pareja, de 32 años. A ambos se le formularon cargos y fueron imputados por el delito de estafa en calidad de autor y de partícipe necesaria respectivamente.
Según la acusación presentada por Saltor y García, entre el 22 y el 24 de julio, en horas de la mañana, mientras el sujeto se encontraba trabajando en el Ente Cultural de la Provincia de Tucumán, en San Martín al 200 de la capital, aprovechó un descuido y, sin que fuera autorizado, obtuvo los datos de la tarjeta de débito de una compañera de trabajo.
Siguiendo esa teoría, el imputado efectuó compras en la plataforma Mercado Libre y Mercado Pago, (todo ello por un monto total estimado en alrededor de $ 50.000), realizando parte de los envíos de estas compras a su domicilio; y las restantes, a la coimputada, quien recibió los envíos prestando colaboración con el principal acusado.
Luego de formalizar la investigación, la auxiliar fiscal procedió a requerir medidas cautelares. Se descartó por el momento la idea de solicitar la prisión preventiva, por lo que García solicitó medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de tres meses bajo la promesa de que los imputados no entorpecerán la investigación, se mantendrán sometidos al proceso, se presentarán todas las semanas en sede policial y se mantendrán alejados de la víctima, entre otras disposiciones que fueron aceptadas por el juez interviniente en el caso.
Al tratarse de un delito menor, que prevé una posible pena de cumplimiento condicional, y al no existir por ahora riesgo de entorpecimiento o de fuga, la Fiscalía descartó pedir alguna medida de arresto, sin embargo eso podría cambiar si durante los próximos tres meses los acusados incumplen con las normas de conductas que les fueron impuestas. Si eso ocurrieran podrían quedar detenidos por desobediencia judicial.
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