Ya hay verdad y justicia: ¿habrá memoria?

Álvaro José Aurane

Para LA GACETA

“Desde donde Winston se hallaba, podían leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del Partido: La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza”. (George Orwell, “1984”)

Ya hay verdad, porque ha habido Justicia. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los magistrados Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña, dictaron una sentencia que, desde el momento de haber sido protocolizada, ha hecho historia en este país. El fallo comienza a poner fin a más de tres décadas de impunidad. Doliente y sangrienta impunidad.

Los camaristas determinaron que el atentado contra la Embajada de Israel (17 de marzo de 1992, 22 víctimas fatales y más de 240 heridos) y el de la Amia (18 de julio de 1994, 85 personas asesinadas y más de 300 heridos) respondieron a una decisión de la República Islámica de Irán. Puntualizan que ambos ataques, los peores algunas vez perpetrados contra nuestra país, fueron ejecutados por la organizaron terrorista Hezbollah, “que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs”.

Según los jueces, la razón detrás de estas masacres fue una venganza contra la decisión del gobierno argentino de cancelar tres contratos de transferencia tecnológica y de provisión de material nuclear, celebrados con Teherán. Argentina tomó estas resoluciones de manera unilateral, a partir del alineamiento del Gobierno de Carlos Menem con los EEUU. Las mentadas “relaciones carnales”. Los ataques, según la sentencia, fueron “una forma extrema de presión para que nuestro país revirtiera” la decisión de dar por concluidos los acuerdos nucleares.

Al ser promotor y financista de los atentados, Mahiques, Ledesma y Barroetaveña sostienen que la responsabilidad internacional recae sobre Irán, a pesar de que el autor material haya sido concretado por un grupo. Sobre todo porque Hezbollah no es formalmente estatal, pero actúa bajo el control o la dirección de la República Islámica. Consecuentemente, los magistrados sostienen que “el mismo Estado podría ser calificado como terrorista, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y materialmente, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales”. Y, sobre todo, su “derecho a la verdad”.

Entre las implicancias de este fallo, una de las más trascendentales consiste en que si hay un Estado detrás de los atentados. Estos deben calificarse como crímenes de lesa humanidad. Primera consecuencia: en cuanto tales, esos crímenes son imprescriptibles. Segunda consecuencia: sobre ellos se extiende el principio de jurisdicción universal. Esto equivale que cualquier Estado puede enjuiciar y condenar a los autores intelectuales del brutal asesinato de nuestros 107 compatriotas.

La histórica sentencia es, ahora, una verdad judicial. Una verdad que, por cierto, la comunidad de argentinos que profesa la fe judía viene vociferando desde hace años. Ahora, es una certeza estatal.

Habiendo verdad y habiendo justicia, lo que queda por delante es que también te haya memoria. Lo cual es tan azaroso como lo anterior. Porque lo que debe haber es memoria del oprobio.

Debe haber memoria de que con el país al cual la Justicia acaba de declarar “Estado terrorista”, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner el Gobierno argentino suscribió un acuerdo secreto: el “Memorandum de Entendimiento”. Fue firmado en enero de 2013 en Etiopía. En nombre de “darle impulso” y “sacar de la parálisis” la investigación de la voladura de la AMIA, se acordó la creación de un órgano compuesto por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, que intercambiarían información y pruebas sobre el atentado. El nombre de ese equipo, compuesto en partes iguales por representantes del país que financió y organizó sendos ataques terroristas en 1992 y 1994 tenía un nombre digno de la distopía de George Orwell: “Comisión de la Verdad”.

Debe haber memoria de que, en los hechos, lo único que perseguía Irán fue hacer cesar el pedido de captura internacional que pesaba sobre varios señalados de ser los autores intelectuales de la barbarie, que sin embargo ocupaban cargos de primera línea en el gabinete persa. La Cancillería argentina recibió, en noviembre de 2017, una carta oficial del canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, en la que el diplomático informa que el “Memorándum de Entendimiento” llegó a ponerse en vigencia y sostiene que el texto del acuerdo implicaba el levantamiento de las alertas rojas de Interpol que pedían la captura internacional de los iraníes acusados por la voladura de la mutual.

Debe haber memoria de que, tras la Primera Guerra Mundial (1914-1918), uno de los cambios de paradigma residió en la abolición de la diplomacia secreta. La magnitud de la “Gran Guerra” se debió a que se activaron los “gatillos” de una serie de pactos secretos entre los imperios, unos fueron en apoyo de otros y la conflagración se dio a gran escala. En adelante, todo tratado internacional debía ser público. El kirchnerismo decidió proceder en 2013 como si en realidad estuviéramos en 1913. Ese gobierno hizo que todo un país retrocediera un siglo en materia de relaciones internacionales.

Debe haber memoria, también, de que ese pacto secreto con Irán, desconocido en la Argentina hasta que la tarea periodista de José “Pepe” Eliaschev revelara su existencia (en un primer momento, descaradamente desmentido por el gobierno “K”), llegó a convertirse en ley de la Nación, aprobada por el Congreso y promulgada por la Casa Rosada con el número 26.843. El 15 de mayo de 2014, la Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró la inconstitucionalidad del “Memorándum de Entendimiento”. Es decir, ese tratado, que constituye en sí mismo una de las mayores vergüenzas documentadas de la historia de este país, salió a la luz por la labor de la prensa. Y fue fulminada de nulidad gracias a la Justicia de la república.

Debe haber memoria de que, sobre la base de las implicancias del “Memorándum” con Irán, el fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman, denunció a la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner, y a connotados kirchneristas, por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos de la voladura de la AMIA. En más de 300 páginas, Nisman sostuvo que se trató de un plan dirigido a borrar a Irán del caso, desincriminando a sus funcionarios implicados. La finalidad, sostuvo, fue “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante el intercambio de petróleo por granos”. En vísperas de explicar ante el Congreso su investigación, Nisman apareció muerto en su departamento, el 18 de enero de 2015. La Justicia investiga un asesinato. Luego, todos los denunciados fueron sobreseídos. Aún no se sabe, exactamente, cuántos barriles de petróleo vale la vida de un argentino destrozado en un atentado.

Los ataques terroristas de 1992 y 1994 también merecen “Memoria, Verdad y Justicia”. De lo contrario, la memoria será el “relato”, la verdad será la mentira. La justicia será la impunidad.