Un test de resistencia con efectos socioeconómicos

La que pasó no fue una semana sencilla en la Casa de Gobierno. Si bien las restricciones del gasto son moneda corriente en el sector público, hay otras situaciones que desvelan al gobernador Osvaldo Jaldo. Particularmente, está relacionado con los efectos sociales de la recesión económica, de la caída de la actividad y del encarecimiento de los servicios tanto en el comercio, como en las empresas y, fundamentalmente, en las industrias.

Más de la mitad de la fuerza laboral tucumana, unos 160.000 puestos registrados, se desempeñan en esos establecimientos privados. Los índices de desocupación se vienen manteniendo estables, pero la profundización de la crisis ha golpeado las puertas de las fábricas. Los ejecutivos se ven obligados a apelar al despido de personal y a la suspensión de otra franja de los trabajadores frente a un contexto adverso. En una primera instancia, los industriales han requerido a la provincia la suspensión del cobro del impuesto a la Salud Pública, que pesa sobre los salarios, como un paliativo frente a la crisis. Ese tributo reporta poco más del 3% de la torta de recaudación, equivalente a un promedio mensual de $ 1.300 millones.

La inquietud ha crecido por el efecto del encarecimiento del valor del gas que utiliza la industria. A eso se le agrega la apertura de las importaciones que han golpeado, fundamentalmente, al sector textil, donde está en juego no menos de 4.000 puestos de trabajo. Los hombres de negocios apelan, en el fondo, a la buena relación de Jaldo con la Casa Rosada, con el fin de interceder para que se frenen las importaciones y, de esa manera, no haya más pérdida de competitividad.

Otro frente de problemas en el sector privado, con consecuencias en la conflictividad social, se abrió en el área de call centers. Esta semana, el Poder Ejecutivo confirmó que está dispuesto a sostener un subsidio mensual equivalente al 25% de las retribuciones brutas mensuales que abone a cada uno de sus empleados que cumplan funciones de operadores de procesos de negocios y/o agentes de telemercadeo, tanto en conceptos remunerativos como no remunerativos. La contraprestación que expuso el Gobierno es que para gozar de ese beneficio en los próximos tres años, cada compañía instalada en Tucumán no podrá reducir más del 10% de su dotación, como tampoco promover sustituciones. Generalmente, estas empresas otorgan empleo a los jóvenes, un sector muy golpeado por el desempleo que llega hasta triplicar la tasa general del distrito, estimada en 7%.

Párrafo aparte constituyen las dos industrias madre de la provincia, que ocupa a no menos de 60.000 personas. En el sector azucarero todo parece indicar que la actividad se moverá al ritmo de los precios internacionales. No se prevé inconvenientes para arrancar en los ingenios (sin tomar en cuenta las condiciones climáticas). En tanto, el sector citrícola está en un proceso de ebullición por la pérdida de competitividad en el mercado global y por la caída de los precios internacionales. La industria está obligada a la reconversión para sostenerse en el tiempo, más allá de la fruta fresca. Todo esto constituye un test de resistencia para la economía tucumana.