Futbolistas de Vélez: la joven que denunció abuso sexual se niega a entregar su celular

La tecnología siempre es utilizada para resolver los casos más complejos. Desde que su uso se masificó, la verdad surge de los celulares. Las razones son claras: una escucha en las investigaciones narcos, porque permiten ubicar a una persona en determinado lugar o encontrar detalles en una una simple lectura de los mensajes que enviaron los protagonistas del caso. La causa en la que se investiga por abuso sexual a cuatro jugadores de Vélez no será la excepción. Por esa razón, en una audiencia que duró más de seis horas, quedó demostrado que con el análisis de los teléfonos puede definirse el futuro del expediente. Un juez ordenó a una testigo que tiene plazo de 24 horas (se vence hoy) para entregar su aparato y la víctima, hasta el martes.

Una joven denunció que fue abusada por los futbolistas el 3 de marzo en una habitación del hotel Hilton. La fiscala Eugenia María Posse acusó de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores) y a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso sexual simple.

La investigadora tomó declaración a una testigo ofrecida por los querellantes Patricia Neme, Juan Andrés Robles y Patricio Char. La joven declaró que había mandado mensajes antes y después de que los futbolistas cometieran el supuesto abuso. Fue, según confirmaron fuentes judiciales, una de las primeras en enterarse de lo que le había pasado. Por ese motivo, sus dichos tuvieron tanta importancia. Esta persona, para confirmar sus dichos, presentó capturas de los mensajes que la denunciante le envió el domingo hasta las 1.35 y el viernes. Argumentó que había cambiado su celular y esas eran las únicas frases que había podido rescatar.

María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Florentín Bobadilla, al sospechar que se podría haber tratado de una maniobra, le pidieron a la fiscalía que ordenara el secuestro del celular para analizarlo. Como la representante del Ministerio Público se negaba a hacerlo, solicitaron una audiencia para resolver esta cuestión.

Balance

En el debate no sólo se tocó este tema, sino que quedó en claro cómo puede desarrollarse de aquí en más el proceso de la causa. La audiencia no sólo fue secreta, sino que además se dispuso la prohibición de que se divulguen los detalles de lo que allí se trató. Sin embargo, LA GACETA pudo reconstruir parte de lo ocurrido en ese debate que duró más de seis horas.

La fiscala y la querella se opusieron al secuestro compulsivo del celular de la testigo pedido por los defensores de Florentín Bobadilla que argumentaron que era importante para confirmar la declaración que había brindado. El juez Sebastián Mardiza rechazó el planteo, pero le dio un plazo de 24 horas (se vence hoy) para que lo analizara. La gran pregunta es saber si será de utilidad, ya que esta persona anunció que lo había cambiado y que no sabía si había hecho copia de seguridad de los archivos de WhatsApp.

“Primero hay que confirmar esa versión y después determinar si desaparecieron todos los chats o sólo la conversación que mantuvo con la denunciante. Con el trabajo que hacen los peritos, los celulares siempre terminan hablando”, señaló una fuente. “Si dijo la verdad no habrá problemas, pero tendrá problemas legales si no se confirman sus dichos”, advirtió el mismo especialista.

Intento fallido

Abdala y Atim, con el apoyo de los otros defensores José María Molina, Ileana Battaglia y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (defiende a Sosa) redoblaron la apuesta. La otra manera de cotejar esa conversación es analizando el celular de la víctima, que había anunciado que lo entregaría el martes. Por esa razón, los defensores pidieron que se le secuestrara el teléfono para garantizar la obtención de la información que estaba buscando.

En ese momento quedó demostrado el cambio de estrategia de la querella, especialmente después de que comenzara a cumplir esa función el abogado Char. Justamente, el profesional, según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, cuestionó el pedido y adelantó que no entregará el celular como lo había anunciado. “¿Desde cuándo se analiza el celular de una víctima de abuso sexual? Es nada menos que violar la intimidad de una víctima”, habría fundamentado al rechazar el planteo.

La víctima, cuando hizo uso de la palabra, también demostró su rechazo al pedido. “Es cierto que dije que lo haría, pero ahora no quiero por una sola razón: se ventilaron muchas cosas y no quiero que siga pasando lo mismo. No confió en que se resguarde mi intimidad”, habría declarado. “Estoy harta de todo esto. En cada audiencia siento que tengo que defenderme cuando en realidad soy la víctima”, habría sido otras de sus palabras.

El Ministerio Público también rechazó el pedido considerando que confiaba en la palabra que había dado la denunciante y que el martes entregaría el celular. El juez Mardiza rechazó el planteo y solicitó a la fiscalía que tomara todos los recaudos necesarios para preservar la información que se obtenga el teléfono una vez que sea entregado. Si la denunciante no cumple con su palabra, se podría abrir una polémica en la investigación. Si no hace entrega del celular se emitirá una orden de secuestro. Lo mismo sucederá si la testigo no cumple hoy con lo ordenado.

El último planteo

El código procesal penal establece que todas las partes pueden hacer entrevistas (antes se llamaba tomar declaraciones) y no sólo el Ministerio Público. En este caso en particular, además de la dueña del celular, la fiscalía tomó declaraciones a otras dos amigas de la víctima. Si bien nos trascendieron detalles de sus dichos, habría aportado detalles sobre lo que les contó la denunciante sobre el abuso.

Tal como los disponen las normas legales, Molina, Battaglia y García Biagosch intentaron entrevistar a las tres jóvenes para despejar algunas dudas o que brindaran algunas declaraciones. Nunca pudieron concretar esas entrevistas. Por esa razón, con el apoyo de los otros defensores, solicitaron al juez que les ordenara que respondieran sus interrogantes. Mardiza ordenó al Ministerio Público que cite a las testigos para que fueran interrogadas por los profesionales. Ninguna de las partes quiso realizar declaraciones sobre lo ocurrido en la audiencia por dos razones: la prohibición dictada por la justicia y por temor a que sus dichos agranden aún más la polémica de un caso que cada vez es más complejo.