En un hecho sin precedentes desde su creación -el 20 de diciembre de 1985-, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) votó, por unanimidad, marchar en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino.
El organismo, integrado por los rectores de todas las universidades públicas -nacionales y provinciales- del país, nunca había asumido una medida de acción directa; y mucho menos de esta magnitud.
Ni siquiera durante los casi tres años que permaneció en Plaza de Mayo la “Carpa Blanca” -de abril de 1997 a diciembre de 1999-. Aquella protesta logró la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), eliminado ahora por el presidente, Javier Milei.
Ni siquiera a mediados de marzo de 2001, cuando el actual diputado Ricardo López Murphy, durante su gestión como ministro de Economía del Gobierno del radical Fernando de la Rúa había anunciado un recorte de un 13% el presupuesto para el sistema educativo nacional. En aquella ocasión, mientras docentes y estudiantes de todo el país se movilizaban, y lograban que aquel recorte muera nonato, los rectores del CIN solo habían votado publicar una solicitada en los diarios, en repudio al anuncio de López Murphy.
En agosto de 2018, en el marco de un conflicto salarial de los docentes universitarios que comprendió más de un mes, representantes del CIN mantuvieron sendas reuniones con el entonces presidente, Mauricio Macri, y con el ex jefe de Gabinete Marcos Peña. Se trató, acaso, de la acción más proactiva ejecutada por el organismo que agrupa a los rectores. Nada, sin embargo, si se lo compara con la marcha que el CIN votó ahora.
“Los rectores de las universidades públicas argentinas queremos manifestar con claridad que la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional”, comienza el comunicado emitido por los rectores tras el 91° plenario, durante el cual, además, renovaron autoridades.
“Hemos dialogado con representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros 100 días de Gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema”, recalcaron. Subrayaron que en febrero habían manifestado su preocupación por la situación de las universidades nacionales en aquel momento, que en el texto actual ratificaron: “falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores; deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento, y no renovación del los sistemas nacionales de becas. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fonid (Fondo de Incentivo Docente).
En el comunicado, los rectores destacaron, además, que la sociedad argentina tiene una alta valoración de las universidades públicas del país. “No solo por su tarea de formación de personas íntegras, con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, a la sociedad en general, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”, señalaron.
Sobre esa base, convocaron a la ciudadanía a que se una al reclamo. “Hoy es necesario que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria”, dijeron.
Dedicaron un párrafo en pro de la educación pública, libre y gratuita. “Defendemos el derecho de los jóvenes de acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestros graduados son su mejor expresión”, afirmaron.
Y sobre el cierre del comunicado, convocaron a la movilización, en conjunto con otros sectores que forman parte de comunidad universitaria. “Convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, manifestaron.
En Tucumán
El rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, precisó que se trata de una convocatoria que se realiza de manera conjunta con los gremios que reúnen a los docentes y a los no docentes de las universidades nacionales, y con todas las agrupaciones estudiantiles, representadas por la Federación Universitaria Argentina (FUA). “Se ha conformado un frente universitario”, explicó.
Señaló que el Consejo Superior de la UNT ya adhirió a la convocatoria del CIN, y emitirá su propia declaración para convocar a la movilización del martes 23.
Pagani contó de qué manera se materializará en Tucumán la protesta nacional. “Vamos a invitar a todos los gremios docentes y no docentes, y a las agrupaciones estudiantiles a hacer un abrazo simbólico a la UNT”, contó. La medida se daría, en principio, durante la mañana, en la sede del Rectorado (Ayacucho 491, San Miguel de Tucumán).
Dijo que en el ámbito local se está viviendo con mucha incertidumbre estos tiempos, y destacó que debieron reconducir el presupuesto del año pasado al año en curso. “Ello implica quedar retrasado en todos los gastos de funcionamiento, pero también en los salarios docentes y no docentes”, indicó.
Añadió que esto se da aun cuando el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, anunció un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento a partir de marzo. “Se valora, el 70% es bastante más que nada. Pero si uno hace números, en comparación con la inflación intearanual, resulta poco. No alcanza ni para recuperar lo que hemos perdido”, afirmó Pagani.
Contó que Álvarez les pidió a los rectores del CIN que minimicen algunos gastos. “Le respondimos que ya estamos minimizados, y que cualquier esfuerzo extra ya implicaría dejar de atender cosas esenciales”, advirtió.
Más allá de la situación crítica, el rector de la UNT rechazó de plano la posibilidad de que se piense en cobrar algún tipo de arancel. “Eso está descartado; todos estamos en desacuerdo con eso”, manifestó.