Por Luis María Ruiz
09 Abril 2024
SIN AVANCES. La falta de fondos dejó en suspenso proyectos de obras públicas, entre ellos, de viviendas.
El Gobierno provincial y los empresarios de la construcción buscan alternativas para reactivar los proyectos que quedaron en suspenso en Tucumán producto de la decisión de la Nación de suspender los fondos para obras públicas. Y, entre las opciones que se manejan, cobró fuerza el modelo de participación público-privada (PPP).
La cuestión fue analizada ayer en la Casa de Gobierno, donde el gobernador Osvaldo Jaldo recibió al presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, y al secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), David Acosta.
Tras analizar el escenario que atraviesan los distintos actores de este sector, los empresarios acordaron presentar una propuesta que permita darles un impulso a las obras públicas, en especial, las referidas a viviendas.
Un borrador
En diálogo con LA GACETA, Garber transmitió las expectativas del sector de la construcción por la posibilidad de implementar el modelo PPP en Tucumán.
“Fue una reunión para intercambiar ideas, en función de la decisión del Gobierno nacional de no avanzar con la obra pública. Entonces, desde la CTC estamos generando una alternativa de participación pública privada en la cual, con la intervención de algunas entidades intermedias, Estado y privados, podamos llevar adelante viviendas en un momento donde prácticamente no se está ejecutando nada”, detalló.
El representante de los empresarios detalló que Jaldo les dio el visto bueno para que avancen con un borrador. Una vez que esté lista, la propuesta será presentada al ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, para que luego sea analizada junto al ministro de Economía, Daniel Abad, y al propio titular del Poder Ejecutivo.
En noviembre pasado, antes de asumir, el presidente Javier Milei anticipó que se iban a discontinuar los proyectos de obra pública solventados con recursos federales. “No hay plata”, resumió el líder de La Libertad Avanza al justificar la medida.
En la última asamblea del Norte Grande, en Salta, los gobernadores de la región transmitieron al ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, el pedido para que se revea la cuestión, en especial, para aquellos casos en los que se cuente con un nivel de ejecución del 70% u 80%.
Más allá de la predisposición que había mostrado el interlocutor de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales no recibieron aún un dato certero sobre el retorno de los envíos para obras.
En este contexto, el Gobierno provincial comenzó a trabajar en otras opciones de financiamiento junto a representantes de la construcción de Tucumán. Y ayer, en el marco de este trabajo, Jaldo recibió a Garber y a Acosta.
“Hoy no solamente la obra pública está paralizada; además, vemos una caída en la actividad privada. Eso puso en alerta al gobernador, quien nos pidió que avancemos con la alternativa de la PPP”, añadió el titular de la Cámara de la Construcción.
El referente de la Uocra, en tanto, transmitió la preocupación de los trabajadores por el impacto de “la decisión del gobierno de Milei de decir ‘obra pública cero’”. “Por eso, la idea de esta reunión fue tratar de encontrar un camino o una salida para generar empleo. Tenemos más de 3.000 compañeros que quedaron desocupados en estos meses y no consiguen ningún tipo de trabajo”, señaló Acosta.
El dirigente sindical explicó que entre noviembre y diciembre se registraron suspensiones de personal, y que, al poco tiempo, las empresas avanzaron con las cesantías. Así, la cantidad de puestos de trabajo decayó en casi un 25% en menos de un semestre (de unos 13.000 a 10.000 empleados). “Es un golpe muy duro”, describió Acosta.
El secretario general de la Uocra señaló que, en paralelo, también se observa una baja en el sector privado de la construcción. “Todo esto se lo hemos transmitido al gobernador”, apuntó el referente gremial.
Los pasos a seguir
En la sesión del 8 de febrero, la Legislatura provincial declaró el estado de emergencia en materia de obras públicas durante un año. Esta ley, entre otras disposiciones de excepción, habilita al Ejecutivo a eximir de sanciones, multas y penalidades a las firmas que no cumplan con los plazos de obra, teniendo en cuenta la falta de envío de fondos federales para estos proyectos. Pero esta legislación no alude concretamente a las obras con el esquema PPP. Por eso, uno de los pasos a seguir será determinar si hace falta llevar este tema al recinto legislativo. En ese sentido, Garber recordó que si bien está vigente la normativa nacional aprobada en 2016 para regular los proyectos con el modelo PPP, en esta etapa los empresarios están “haciendo un estudio para elevar la propuesta al gobierno”. “Recién hemos obtenido el visto bueno para avanzar en lo que sería una posible salida”, aclaró el presidente de la Cámara de la Construcción.
Qué implica la PPP: una normativa vigente desde 2016
La ley nacional 27.328/2016 fija las pautas de los contratos de Participación Público - Privada (PPP) en el ámbito federal. “Este tipo de contratos constituye una modalidad alternativa a los contratos de obra pública y concesión de obra pública, en la que hay una distribución de riesgos entre la autoridad contratante y el contratista, asumiendo este último la responsabilidad por la obtención de una parte sustancial del financiamiento del proyecto”, explica la web del Gobierno nacional. Y añade que, como contraprestación, el contratista puede recibir “una remuneración que podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, de la contratante pública o de terceros”.
“Todo paralizado”: preocupación por los planes habitacionales
El titular de la Cámara de la Construcción, Jorge Garber, explicó que en la reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo se analizaron indicadores económicos positivos, como la baja en la inflación que mide el Indec, pero también se valoraron aspectos preocupantes, como la recesión en distintas actividades; entre ellas, la obra pública. “Están todos los proyectos paralizados, en especial, los más grandes para viviendas, como Casa Propia y Procrear. Las empresas no cobran desde octubre. Es una situación compleja”, lamentó. Y ponderó el compromiso del mandatario de gestionar una posible salida para el emprendimiento de Manantiales Sur, que prevé unas 3.000 soluciones habitacionales.
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