GUARDÓ SILENCIO. El acusado, Julio Tabuenca, se abstuvo de declarar. El hombre padecería psicosis, pero estará preso a la espera de un informe médico.
El crimen del panadero está esclarecido. No existen dudas sobre quién es el autor, pero surgieron dos problemas. Primero determinar si el acusado puede ser imputado, ya que además de tener problemas de adicción, padece de esquizofrenia por lo que ya había sido sobreseído en otras causas. El segundo, determinar qué hacer con él hasta que una junta médica termine de evaluarlo. Por el momento, permanecerá en un calabozo de una comisaría, pese a la férrea oposición de la defensa.
El jueves 28 de marzo, cerca de las 6:30 horas, en avenida Colón al 800, Javier Edgardo Hernández (53 años), se acercó a la parada de ómnibus donde estaba sentado Julio Tabuenca (30), quien lo atacó con un arma blanca para quitarle sus pertenencias. La víctima fue auxiliada por un motociclista y un transeúnte que no fueron identificados.
Tras el ataque, Hernández se dirigió a pie a su trabajo en una panadería de Roca y Pellegrini, en donde fue asistido y trasladado a un hospital. Pese al esfuerzo de los médicos, falleció el domingo.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Juana Estequiño, Susana Montero y Diego Bernachi, al igual que la familia de la víctima, comenzaron a recabar información sobre quién podría ser el autor del hecho. La pesquisa se aceleró por una situación inesperada.
Andrea Pasarín, madre de Tabuenca, se presentó ante las autoridades para denunciar que su hijo había sido el autor del mortal ataque. “La mujer siempre quiso que se supiera la verdad. Ella decía que su hijo, además de ser un adicto, tenía problemas de salud mental”, explicó una fuente tribunalicia.
La mujer, que había sido advertida por las autoridades que no estaba obligada a declarar en contra de su hijo, les dijo que ella había reconocido a Julio como autor del hecho por su forma de caminar y por la ropa que tenía puesta.
La discusión
La de ayer fue una audiencia distinta. La auxiliar Luz Becerra, de la Fiscalía de Homicidios II que subroga Adriana Reinoso Cuello, pidió que se declarara legal la detención, que se lo acusara de homicidio en ocasión de robo y que se le dictara la prisión preventiva por tres meses.
La primera discusión se planteó por la condición mental del acusado. El defensor Juan Sebastián Bauque había presentado el informe de una junta médica solicitada en una causa de 2023 en la cual se había determinado la inimputabilidad de Tabuenca por padecer psicosis por consumo. Con ese panorama, la Fiscalía solicitó que un psiquiatra del ECIF evaluara la situación del acusado y el experto consideró que, con la medicación necesaria, Tabuenca podría comprender la dinámica de la audiencia y ser detenido si fuera necesario.
Becerra además informo que el acusado tiene tres condenas y que dos de ellas son posteriores a la causa en la que fue declarado inimputable. En todos los casos se ordenó que fuera internado en el hospital Obarrio. “Entendemos que la comprensión de sus actos debe evaluarse en cada caso”, dijo la auxiliar fiscal, que destacó además que Tabuenca así como Tabuenca fue internado en el Obarrio, también fue dado de alta varias veces.
Bauque refutó esos planteos argumentando que: “hay un bibliorato con más de 5.000 estudios. El acusado ya fue revisado por otro psiquiatra del ECIF que informó en su momento cuál era su diagnóstico de salud y hay dos jueces que lo declararon inimputable, eso se debe a que Julio no es una persona capaz de comprender la gravedad y criminalidad de sus actos”.
Grave situación
El defensor no se opuso a que se le dictara la prisión preventiva, pero pidió que en vez de enviarlo a una celda común, lo llevaran al hospital Obarrio. “Está bajo tratamiento especial. Toma ocho medicamentos diarios y debe recibir asistencia psiquiátrica. Todos sabemos que en una dependencia policial no podrá recibir todo eso”, señaló. “Nadie puede desconocer la crisis carcelaria que hay en la provincia; al encerrarlo en un calabozo con otros 20 detenidos en un espacio de dos por dos, no sólo corre riesgo su integridad física, sino la de terceros”, explicó.
Becerra dijo que no podía cumplir con esa pretensión. “En varios expedientes nos encontramos con el mismo problema. Los responsables del Obarrio se niegan a recibir a los imputados aduciendo que no tienen personal de seguridad para atenderlos”, explicó. Condicionó el cambio de modalidad si es que una nueva junta médica determina que Tabuenca no puede ocupar un calabozo.
El defensor oficial Agustín Cossio que participó para que se velaran los derechos del imputado, se adhirió a todos los planteos de la Fiscalía. “Están ajustados a derecho”, señaló.
El juez Lucas Taboada aceptó todos los planteos realizados por el Ministerio Público, pero ordenó que las autoridades policiales se encargaran de velar por la seguridad del imputado y de las personas que estén compartiendo su detención. También ordenó que se tomen los recaudos para que el sospechoso pueda cumplir con los tratamientos. La defensa impugnó el fallo.
