Jaldo y Chahla, con problemas de Consorcio

Los buenos modales que florean la relación entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla sirven para disimular una puja silenciosa que ahora tiene su epicentro en el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Esa incipiente disputa de poder comenzó a hacer cada vez más presión por salir a la superficie, al punto de generar ya cierta incomodidad dentro del oficialismo tucumano.

El detonante de estos roces guarda estrecha relación con un tercero en discordia: el ex intendente Germán Alfaro. Apenas asumió, Chahla posó la lupa sobre la administración del ente intermunicipal que conduce la Capital para la administración de la basura del Gran San Miguel de Tucumán. Este consorcio, surgido en 2009 como un intento por ordenar el desastre de los basurales a cielo abierto que pululaban por el núcleo poblacional de la provincia, terminó convirtiéndose en una catapulta y en una caja de la política.

Según la auditoría encargada por la jefa municipal, a lo largo del electoralísimo 2023 tres cooperativas recibieron fondos provenientes del municipio capitalino para la realización de obras que poco y nada tenían que ver con la gestión de los residuos. Por ejemplo, la reconstrucción del Palacio de los Deportes, en el parque 9 de Julio. El contador general municipal, Marcelo Albaca, cuantificó la maniobra: aseguró que en ese tiempo la Intendencia debía abonar por su cuota parte al Consorcio alrededor de $ 1.000 millones, pero que había girado unos $ 5.900 millones. ¿Dónde fueron esos $ 4.900 millones? Según los cruces de la actividad bancaria, se le habrían depositado $ 2.900 millones a las cooperativas Juntos Seremos Más ($ 1.531 millones), 14 de Agosto ($ 788 millones) y Benjamín Aráoz ($ 530 millones). ¿El saldo de $ 2.000 millones? La auditoría encargada al estudio Concilio & Sarralde precisa que ese monto figura como facturado por estas tres cooperativas, aunque sus encargados, ante las consultas, dijeron que nadie les debía nada.

La semana pasada, citado como testigo por la fiscala de Delitos Complejos Mariana Rivadeneira, el contador Octavio Nicolás Concilio –uno de los responsables del informe sobre el que la intendente Chahla basó su denuncia- aseguró que el Consorcio había sido convertido, de alguna manera, en una desordenada y poco prolija empresa constructora durante al alfarismo. En paralelo, el estado en el que hoy se encuentra ese ente es deplorable desde lo financiero, lo administrativo y el desarrollo de la gestión.

Así lo corroboran los números: entre las 10 comunas que contratan sus servicios y los municipios de Bella Vista, Tafí Viejo, Yerba Buena y Las Talitas le deben al Consorcio $ 656 millones. Como contrapartida, este órgano adeuda $ 550 millones, entre obligaciones fiscales (AFIP y Rentas) por casi $ 190 millones y otros $ 360 millones a la empresa Moviser SRL. Se trata de la firma que tiene adjudicados por contratación directa –abril de 2025- la mayoría de los servicios ligados al manejo de las 900 toneladas que a diario se recogen en el Gran San Miguel de Tucumán: la separación y clasificación en la planta de transferencia de San Felipe, el traslado en camiones al predio de Overo Pozo (al noreste) y la disposición final de los desechos.

Pero a esos $ 550 millones en pasivos se le deben agregar otros $ 1.200 millones en inversiones calificadas como “necesarias y urgentes de realizar” por el Consorcio. Estas estimaciones corresponden a $ 600 millones para pagar una celda (pozo en el que se realiza el entierro sanitario de la basura) que fue construida por Moviser SRL “sin acto administrativo que la aprobara” ni “previo proceso de contratación”; a otros $ 290 millones para la impermeabilización de esa celda (mediante membranas, a fin de evitar que los lixiviados contaminen el suelo) y a unos $ 310 millones en obras complementarias.

Estos números salieron a luz la semana pasada, luego de la tensa reunión que mantuvieron los intendentes que conforman el Consorcio: Capital, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Las Talitas, Yerba Buena y Alderetes. Como ya se dijo aquí, en esa reunión se postergó la aprobación del presupuesto presentado por la Capital (preside el Consejo de Administración) de alrededor de $ 13.000 millones para 2024, pero a la vez quedaron expuestas las diferencias internas y la injerencia directa de la Casa de Gobierno en el manejo del ente.

Ese martes previo a Semana Santa, Chahla presentó como presidenta del Consorcio a María Eugenia Andrade, y planteó su desacuerdo a la continuidad de la “misma administración que hubo en la gestión anterior”, según consta en el acta de la reunión. Es decir, este cambio implicaba que Banda del Río Salí dejara la vicepresidencia (la ocupa mediante Oscar Rodrigo, quien secundó al alfarista Héctor “Pelao” Argañaraz durante los últimos años) y en su lugar asumieran Yerba Buena (Pablo Macchiarola se excusó en el momento) o Tafí Viejo. Sin embargo, no tuvo éxito en su intento por la oposición de Las Talitas, de Alderetes y de la propia Banda. Casualmente, estas tres intendencias cercanas a la Casa de Gobierno habían cancelado sus deudas con el Consorcio en las últimas semanas, e incluso Alderetes y Banda del Río Salí presentaron ese día saldos a favor en las finanzas, por haber realizado pagos a cuenta de 2024. En cambio, Yerba Buena exhibe una deuda de $ 248 millones y Tafí Viejo, de $ 109 millones.

A la tensión dentro del Consorcio se sumaron una sorpresiva visita de inspectores del área de Medio Ambiente de la Provincia a la estación de transferencia de San Felipe y a la planta de Overo Pozo, y un sugestivo requerimiento de la Casa de Gobierno para que la flamante presidenta del Consorcio, la chahlista Andrade, presente el plan para la gestión de los residuos. Un día después de esa convulsionada reunión de los intendentes metropolitanos, Chahla dejó por mesa de entradas la Gobernación una nota explosiva.

A los ya conocidos resultados de la auditoría contable, sumó advertencias operativas y medio ambientales y habló de “severas falencias que podrían comprometer el medio ambiente y eventualmente la salud pública”. También, alertó al gobernador que la falta de financiamiento del Consorcio le impide afrontar el cumplimiento de sus obligaciones y la realización de obras urgentes. “La Asamblea de intendentes del 26 de marzo dejó en evidencia las severas dificultades para una adecuada gestión del Consorcio y en consecuencia de los objetivos para el cual fue creado, toda vez que la mayoría de sus integrantes expresó la imposibilidad de afrontar el pago de sus cuotas correspondientes”, redactó la intendenta capitalina. Y cerró con un reclamo: “pido la inmediata asistencia operativa y económica y/o la intervención del Consorcio por parte del Poder Ejecutivo”.

Tal parece haber sido el impacto del conflicto dentro del oficialismo que este jueves por la tarde, los intendentes que integran el Consorcio más cercanos a la Casa de Gobierno se reunieron en el Palacio Gubernamental, pero sugestivamente no estuvieron en esa mesa la capitalina Chahla ni el radical Macchiarola, que no fueron invitados. Las urgencias son operativas porque está en riesgo el cuidado de la salud; financieras, porque aún no hay presupuesto aprobado y esta semana vencen obligaciones del ente; pero también políticas. Con la Justicia posando su atención en los presuntos desmanejos alfaristas dentro del Consorcio y una investigación penal abierta, no parece conveniente sumar nuevas desavenencias. A los episodios de los cruces y la búsqueda de ventajitas que mantuvieron por la aplicación de los boletos educativos gratuitos y por las clases durante los días de cortes de luz y calor extremo, Jaldo y Chahla ahora aparecen enfrascados en una nueva puja de control y de poder.