Sólo hubo una condena por el crimen en la cárcel de Villa Urquiza

Micaela Pinna Otero

LA GACETA

“Nadie sabe como me afectó la muerte de mi papá. Me lo mataron como a un perro, me quitaron todo. Sólo pido que se haga justicia y que no quede impune su muerte. Sé que con eso no voy a calmar todo el dolor que tengo pero voy a quedar tranquila sabiendo que la persona que hizo tanto mal queda presa”, manifestó entre lágrimas Abigail Medina horas antes de conocer la sentencia del juicio por el crimen de su padre Fernando Sebastián Medina, el interno que denunció el tráfico de drogas dentro del penal de Villa Urquiza y que fue asesinado por el reo Alejandro Sebastián Mendoza el 22 de noviembre de 2017.

Uno de los juicios más polémicos de la provincia llegó ayer a su fin. El tribunal integrado por los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Diego Lammoglia resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de Cámara dirigida por Daniel Marranzino y condenó al reo Sebastián Mendoza a 18 años de prisión, por ser considerado autor del delito de homicidio. Además absolvió al guardiacárcel Claudio Alejandro González y a los ex funcionarios penitenciarios Sergio Walter Patto, José Fernando Cisterna, Guillermo Antonio Snaider, Víctor Casasola y Enrique Osvaldo Núñez, imputados por el crimen de Medina.

A mediados de 2017, Medina denunció la venta de estupefacientes dentro del penal de Villa Urquiza. La fiscala María del Carmen Reuter investigó el caso y junto al fiscal federal Pablo Camuña solicitaron medidas de protección para Medina, motivo por el cual el ex juez de Ejecución Roberto Guyot ordenó en agosto de 2017 su traslado hacia la seccional 7º, para evitar que sufriera daños. El domingo 19 de noviembre Medina fue enviado repentinamente de vuelta al penal y tres días después lo asesinó Mendoza.

La teoría que planteó la fiscala Adriana Giannoni (ya jubilada) fue que el asesinato de Medina se trató de un plan sistemático en el que participaron los funcionarios imputados. Sin embargo, en los alegatos de clausura, el auxiliar fiscal Gonzalo Guerra solicitó la absolución de los seis empleados del servicio penitenciario ya que consideró que durante el debate no se produjeron las pruebas necesarias para sostener la acusación inicial.

Últimas palabras

Todos los ex funcionarios, a excepción de Nuñez, aprovecharon la última instancia del juicio para enviar sus condolencias y respetos a la familia de la víctima y para expresar sus palabras finales.

Casasola (imputado por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público), sostuvo su inocencia y pidió su absolución. “De esa manera podré cerrar un capítulo de mi vida y terminar mi carrera y el servicio penitenciario de la mejor manera”, manifestó.

Cisterna (homicidio doblemente agravado por premeditación por dos o más personas y por ser funcionario del servicio penitenciario e incumplimiento de los deberes de funcionario público), pidió justicia y dijo que “durante el último año de mi carrera la pasé bastante mal porque estuve privado de mi libertad casi 10 meses por algo que todavía no entiendo con qué criterio fue”.

González (homicidio doblemente agravado por premeditación por dos o más personas y por ser funcionarios del servicio penitenciario, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica), lamentó la muerte del interno. “Espero que su familia logre encontrar justicia y su hija la paz que está buscando”.

Patto (homicidio doblemente agravado por premeditación por dos o más personas y por ser funcionario del servicio penitenciario e incumplimiento de los deberes de funcionario público), simplemente ratificó su inocencia.

Snaider (desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público), hizo una contundente declaración. “Considero que la justicia a destiempo es injusticia. Espero que en un futuro, por el bien de la sociedad, causas bochornosas como esta no sigan siendo una mancha para la Justicia de Tucumán. Este expediente está viciado de todo tipo de daños. Se tendría que haber resuelto en un tiempo medianamente prudencial y tuvimos que esperar nosotros y las familias siete años para que se ponga un manto de claridad”, apuntó.

Mendoza, por su parte, pidió disculpas a la familia de Medina y dijo que actuó en defensa propia. “No fue mi intención quitarle la vida, lo único que hice fue defenderme”, expresó.

Luego de escuchar las últimas palabras de los acusados, el tribunal se retiró a deliberar. Durante esas dos horas reinaron las ansias y las dudas por parte de algunos de los defensores ante la posibilidad de que los jueces declararan la nulidad del juicio y ordenaran la realización de un nuevo debate.

Los ex funcionarios, quienes llegaron al banquillo de acusados en libertad, caminaban por el pasillo del quinto piso del Fuero Penal intercambiando miradas y palabras entre ellos, aguardando pacientemente para saber cuál sería su destino.

Antes del mediodía, el tribunal dio a conocer su veredicto. Los familiares de ambas partes se abrazaron fuertemente. Las familias de los imputados agradecieron con sonrisas a los abogados luego de que se confirmara su absolución, mientras que la de la víctima se retiró del lugar con lágrimas en los ojos y un dejo de insatisfacción. “Ojalá que te mueras, podrido”, gritó Ana Silva, la pareja de Medina, mientras salía de la sala escoltada por un oficial.

“Nosotros retiramos la acusación a varios de los imputados porque consideramos que realmente no habían actuado en un homicidio; no se pudo siquiera probar a través de mensajes o llamadas. Con respecto de Patto, él dice que la secretaria dio la orden y la secretaria dice que no, entonces ahí, en caso de duda, es a favor del reo; habrá que ver el fallo”, le explicó a LA GACETA la querellante Silvia Furque.

La abogada planteó que el crimen ocurrió debido a un mal accionar de varios organismos que tendrían que haber velado por la seguridad de Medina. “Había una persona que estaba denunciando la venta de estupefacientes, había una causa en el Juzgado Federal. Debió el Federal actuar y declararlo testigo protegido y llevarlo a la Fuerza Federal, no dejarlo en una comisaría protegido por penitenciarios. Todos actuaron con negligencia, la Corte por mandar a todos a hacer un curso y dejar vacío a un juzgado luego de un feriado, el Juzgado Federal por haberlo dejado ahí después de la denuncia y el juez de Ejecución que cuando le avisaron que ya lo habían reingresado tampoco accionó”, afirmó.