La intervención de las FFAA en seguridad interior no resuelve el problema de inseguridad pública

Federico Pelli

Consultor y especialista en seguridad

Respecto de la modificación de la Ley de Seguridad Interior hay dos puntos que se deben rescatar y evaluar muy detalladamente, y espero que en el Congreso se dé un debate lo más profesional posible y sin sesgos ideológicos. Con independencia de que se hagan cambios en la legislación o no, creo que actualmente las Fuerzas Armadas (FFAA) no tienen la capacidad, la doctrina, el equipamiento, el marco legal como para realizar tareas de patrullaje, control vehicular y de personas, aprehensión en flagrancia y demás como plantean las modificaciones. Para el eventual apoyo logístico están en esas condiciones; pero más allá no.

El primer impedimento es poder cambiar la legislación, pero el adiestramiento que tienen las FFAA no es para este tipo de escenarios en la actualidad. Salvo que a partir de la modificación de la ley se inicie un proceso de reformas y de nuevo rol de las FFAA para este tipo de tareas. Ahí sería otra cosa. Y creo que es el camino que eventualmente se debería tomar a mediano plazo. Implicaría tiempo preparar las FFAA para nuevos roles, pues no operan en esos escenarios desde 1983, básicamente.

Como segundo punto, habría que ver si hay necesidad real de emplear FFAA en el caso de Rosario. Pienso que en el ámbito nacional no tenemos ninguna necesidad. No somos México, no somos Colombia, no somos El Salvador, donde había organizaciones criminales transnacionales instaladas, generando tasas de homicidios altísimas, extorsiones permanentes, inclusive tomando territorio fuera de control del Estado en muchos lugares de sus países. Argentina no vive eso. Y si vamos al fenómeno de Rosario puntualmente, creo que con las fuerzas federales es suficiente como para controlar la situación. En Rosario no es necesario involucrar a las FFAA, con todo lo que ese riesgo implica. Y doy un dato: Rosario venía con tasas de homicidios récord en 2022 y en 2023, fruto de una inacción enorme por parte de los Gobiernos provincial y nacional en los últimos años; pero con el despliegue de las fuerzas federales en estos últimos tres meses -desde que asumió Javier Milei- se logró reducir un 60% los homicidios dolosos en vía pública, en las zonas controladas por estas fuerzas. Entonces, los resultados hacen parecer que con las fuerzas intermedias de la Argentina -Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria- es suficiente para controlar el fenómeno y la dinámica de violencia que hay en Rosario, sin necesidad de involucrar un tercer factor como las FFAA.

En el caso de El Salvador, si bien las FFAA colaboraron en el plan de control territorial del presidente, Nayib Bukele -exitoso hasta el momento-, la mayoría del trabajo de prevención y de represión del delito lo hizo la Policía Nacional, sumado a una política de control carcelario muy fuerte, a un mayor trabajo de servicios de inteligencia y a mejoras en el sistema judicial.

Creo que aquí se debería probar con eso primero, con un trabajo muy articulado entre la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales, una política de control carcelario como se viene haciendo y, lógicamente, un Poder Judicial y Político que acompañe este proceso.

En el ámbito internacional, está comprobado que lo que más daño le hace a las organizaciones criminales y de narcotráfico es impactarle el sistema y el circuito económico, más que combatirlas en calle. Porque se puede detener mucha gente, hacer allanamientos, incautar cargamentos; pero, en definitiva, todo eso es muy intercambiable, y no le hacen mella a las organizaciones de tráfico de drogas. El mayor impacto se da haciéndoles inteligencia criminal y desbaratándoles su poderío económico.

Lo positivo del proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior pasa por mostrarle a las organizaciones criminales, a los narcos, una voluntad distinta; una impronta distinta del Gobierno. Eso muchas veces sí influye; no es lo mismo tener un Gobierno pasivo, inactivo e indolente ante estas situaciones, que un Gobierno que claramente está demostrando que quiere enfrentar el problema. Eso, de por sí, hace levantar la guardia a las organizaciones criminales, y que tengan mayor prudencia en su accionar y en desatar violencia.

Y como negativo, la improvisación que puede llegar a resultar involucrar las FFAA en seguridad interior, sin el proceso previo de preparación, de capacitación, de equipamiento, de doctrina, de marco legal, de reglas, que es lo más importante: cómo actuar ante escenarios de delitos urbanos para los cuales nunca fueron preparadas. Eso puede tener consecuencias no deseadas, y daños colaterales.

En definitiva, la intervención de las FFAA en seguridad interior no resuelve el problema de inseguridad pública. De fondo, esto debe resolverlo la Policía de Santa Fe, la Justicia de Santa Fe y la Política de Santa Fe. Porque las fuerzas federales no podrán quedarse indeterminadamente en Rosario y en Santa Fe; la Provincia debe contar con fuerzas policiales, con una justicia y una política que escape a esta dinámica de connivencia con el narcotráfico. Si no, el problema no se podrá resolver. Esa es la cuestión, que la Policía santafecina inicie un proceso de reforma, que depure los hechos de corrupción y demuestre ser una Policía con intención de vencer al narcotráfico y no sospechada permanentemente por estar en complicidad con el narcotráfico, al igual que la Justicia y la política de esa provincia.