25 Marzo 2024
Un juez de impugnación anuló la sentencia del primer juicio oral realizado por una causa de narcomenudeo desde que se sancionó la ley en 2022. Lo resolvió así por considerar que hubo un mal procedimiento. Los abogados defensores cuestionaron la manera en la que se está investigando este tipo de casos. En su sentencia, el magistrado recomendó al Ministerio de Seguridad instruir al personal policial sobre cómo proceder en las causas de narcomenudeo.
El caso se inició el 1 de diciembre de 2022 luego de que un hombre denunciara en la comisaría de Yerba Buena el robo de su motocicleta. Los oficiales que se encargaron de investigar el hecho informaron a la Fiscalía de Decisión Temprana que tenían a un sospechoso, identificado como Nicolás Gargiulo, en base a dos supuestos testigos que manifestaron haberlo visto con el vehículo robado en su poder. La Unidad Fiscal solicitó un allanamiento en el domicilio del posible autor, ubicado en barrio Sur. La medida se practicó el 2 de diciembre de ese año y allí los efectivos no encontraron el rodado, pero indicaron que en la vivienda había estupefacientes, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Narcomenudeo.
Por el hecho Gargiulo fue investigado, estuvo privado de la libertad un año y medio y fue condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante todas las instancias del proceso judicial sus abogados defensores, Patricio Char y Pablo Gargiulo, plantearon que los dos policías que se hicieron cargo de la denuncia por robo desviaron la investigación al mencionar a dos testigos que jamás pudieron ser identificados para ratificar sus dichos y así tener un motivo para irrumpir en la casa del acusado. También denunciaron irregularidades durante el allanamiento practicado en la vivienda del sospechoso, principalmente la implantación de droga y la llegada tardía de los testigos civiles cuyo papel es garantizar que la medida se realice legalmente.
“Después de un año y medio de pelear, donde incluso un fiscal me quiso amedrentar para que deje de investigar y de que el Ministerio Público defienda a capa y espada el accionar ilegal de los dos policías, llegamos a Impugnación. Ahí el doctor Carlos Caramutti dictó la nulidad del acta de averiguación de la Policía, la nulidad del requerimiento de allanamiento de la Fiscalía, la nulidad de la orden de allanamiento del juez y la nulidad del procedimiento del allanamiento por ser absolutamente todo ilegal. Además, ordenó que se retome la investigación sobre el accionar de los policías, que ya estaba en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos, pero que había sido archivada”, explicó Char.
Advertencia
En el nuevo fallo, Caramutti también ofició al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y al Jefe de Policía Joaquín Girvau a que instruyan al personal policial a su cargo acerca del modo de proceder en estas situaciones para “prevenir que los mismos errores se repitan en el futuro”.
Los defensores, además de coincidir con lo expuesto por el juez, señalaron que el caso de Gargiulo no es un hecho aislado sino que cada vez son más frecuentes. “Aquí también hay otra cosa importante. Las víctimas de los robos son víctimas reales y los casos terminan quedando impunes porque desvían la investigación y la llevan hacia narcomenudeo, en vez de trabajar y hacer una investigación como corresponde. Hacen esto porque quieren mostrar resultados para probar que la Ley de Narcomenudeo funciona”, dijo Char.
En el mismo sentido Gargiulo añadió: “la Policía sale de excursión de pesca por engaños a los jueces y consiguen la orden de allanamiento. Cuando llegan a los domicilios ahí ven qué encuentran e inician una causa ilegal. Esto es peligroso para toda la sociedad, porque le están dando a la Policía el poder para inventarle una causa a cualquier ciudadano que no les caiga bien”.
Falta de instrucción
Los profesionales manifestaron que estos hechos ocurren porque el personal no está lo suficientemente capacitado para llevar a cabo las tareas investigativas debido a lo rápido que se sancionó la Ley de Narcomenudeo. “Cuando no estaba la ley, los federales investigaban las causas por lo menos seis meses, entonces, cuando había allanamientos, había filmaciones, agentes encubiertos; había un montón de mecanismos legales para dar inicio a la investigación. Estaría muy bueno que esos mecanismos que estaban en el Fuero Federal sean implementados en la Ley Provincial”, sostuvieron.
Desde su perspectiva, Char y Gargiulo consideran que es fundamental trabajar en una política criminal que se complemente con la ley. “Hace falta capacitación, hacen falta reformas legales del Código Procesal Penal que habiliten mecanismos en investigación y hace falta que se respete la independencia de los Poderes y que no se trabaje para mostrar resultados a través de los medios de comunicación, sino que realmente se trabaje para que haya una política genuina y los resultados van a llegar solos”, plantearon. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)
Lo más popular
