José Cano: “El Ersept cuesta $12.000 millones anuales, ¿para qué?”

El legislador radical, José Cano, afirmó en la sesión del jueves de la Legislatura que el ente regulador de los servicios públicos, Ersept, se ha convertido en "una caja política y en un ámbito de conchabo de dirigentes que no fueron electos". El dirigente realizó estas críticas en medio de los cortes de electricidad en la provincia.

“Se convirtió con el tiempo en una caja política y en un ámbito de conchabo de dirigentes que no fueron electos, se desvirtuó, no brinda soluciones ni ejerce contralor. En el Ente hay de siete a ocho presentaciones por día sobre artefactos quemados. La gente ya no cree, (porque) para llegar a una solución se debe pasar una gran burocracia y mucho tiempo. Si lo comparamos con otras provincias, la solución allí es inmediata, incluso, siendo el mismo grupo económico el que opera la empresa distribuidora, como en Jujuy o en San Juan”, afirmó el parlamentario.

El parlamentario expresó que "el Ersept cuenta con más de $12.000 millones anuales y un gasto en empleados de casi $1.700 millones, ¿para que? En una provincia sumida en la pobreza, donde chicos vulnerables bajo el flagelo de las adicciones deben pagar para ser internados $450.000 para ingresar y $150.000  por mes a pesar de los subsidios del estado, mantenemos un Ente que no funciona”, continuó.

Cano también habló sobre el servicio de la empresa distribuidora de energía de la provincia, EDET. “Tiene más de 500.000 usuarios y los mismos empleados que en Jujuy, donde hay 250.000 usuarios. A lo largo del tiempo hubo un sinnúmero de excesos por parte de la empresa en los cobros y un servicio deficiente”, manifestó.

Proyecto para modificar al Ersept

“Queremos que esto sea un  punto de inflexión. Ayer presenté un proyecto para que el Poder Ejecutivo (PE) envíe un director que sea el presidente y el Poder Legislativo (PL) ponga un director por la minoría, y un director por la mayoría. Los perfiles deben ser técnicos y que sepan para qué están ahí", dijo el radical.

El proyecto contempla la implementación de controles más rigurosos, incluyendo auditoría a cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia, control de legalidad o tutela a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo, y control de gestión a cargo del Poder Ejecutivo con un informe anual presentado al poder legislativo. “La función final del Ente es cuidar al  usuario” concluyó.