Por Gustavo Rodríguez
14 Marzo 2024
“La decisión que tomamos es una acción concreta que demuestra que el Gobierno irá a fondo con este intento de sedición y levantamiento contra el pueblo tucumano”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo al confirmar que la Provincia solicitó tener el rol de querellante en la causa en la que se investiga a los responsables de haber pretendido realizar una huelga policial. Por este caso, hay seis personas procesadas.
Hace poco más de dos semanas, por una denuncia realizada por el jefe de Policía, Joaquín Girveau, se inició una pesquisa en la que comenzó a investigarse el accionar de un grupo de uniformados que estaban organizando una protesta. La fiscala Mariana Rivadeneira sumó indicios y logró que un juez autorizara la detención del civil Carlos Alberto Córdoba y de los policías Walter Federico Moreno, Juan Chebbib, Héctor Coria y Víctor Graneros. Luego de unos días, hizo lo mismo con el abogado Gustavo Morales. A todos se los acusó de intento de sedición. Salvo el penalista, a todos los demás imputados se les dictó la prisión preventiva por dos meses.
Rivadeneira sostuvo que con el correr de los días surgieron nuevos indicios en contra de más uniformados. Pero al ser una causa compleja, el Ministerio Público decidió nombrar a la fiscala Susana Cordisco como colaboradora de la titular del expediente. “Los implicados serían muchos más. No podemos dar un número exacto, pero sólo hay que tener en cuenta que el grupo de WhatsApp en el que se estaba organizando la huelga había más de 1.000 integrantes y podemos comprobar la gravedad del caso”, aseguró una fuente judicial que no descartó que se realicen nuevas detenciones en los próximos días.
Ayer, a través de un escrito presentado por las autoridades, el Gobierno decidió transformarse en acusador. Por el momento anunció que irá penalmente en contra de Córdoba, Moreno, Chebbib, Coria y Graneros y de todas aquellas personas que podrían surgir en la investigación.
El abogado José María Molina fue designado por la Fiscalía de Estado como querellante. Es el mismo profesional que se encuentra representando a la provincia en el histórico juicio contra los acusados de haber organizado y liderado la sedición policial de 2013 que derivó en los saqueos.
Según las normas vigentes, el querellante tiene el rol de acusador en el expediente. No sólo puede acompañar el trabajo de las fiscales, sino que está capacitado para pedir que se realicen nuevas pruebas en contra de los acusados y de otras personas.
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