A 18 años de haberse encontrado el cuerpo de Paulina Lebbos, hay 23 causas aún en investigación

A 18 años de haberse encontrado el cadáver de Paulina Lebbos a la vera de la ruta 341 (fue el 11 de marzo de 2006) y a cinco de haberse condenado a varios funcionarios provinciales por encubrir el crimen, la Justicia no parece haber tenido avances significativos en la investigación ordenada sobre 23 personas, algunas de ellas sospechadas de tener vinculación directa con el homicidio que conmocionó a Tucumán. Esto se desprende de una nota que envió el ministro fiscal Edmundo Jiménez al secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo, ante una inquietud del padre de la víctima, Alberto Lebbos, quien denuncia que concretamente no se están investigando esas hipótesis a pesar de la orden que habían dado tres magistrados.

El 2 de febrero Lebbos presentó una nota en la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia en la que advertía que “el 25 de febrero de 2019, por sentencia firme de la Sala Penal III, que condenó a secretario de Seguridad (Eduardo Di Lella) y a tres jefes policiales (Hugo Sánchez, Nicolás Barrera y Oscar Brito) por encubrimiento, también se dispuso la apertura de causas penales en contra de funcionarios públicos tucumanos involucrados en falsos testimonios, encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por este motivo existen expedientes en el Ministerio Público Fiscal que no registran avances ni investigación penal, con el riesgo de impunidad por prescripción de las causas penales”, “Adjunto a esta nota los antecedentes de la situación señalada que, reitero, constituyen una grave violación al derecho a la verdad y a la justicia que están severamente conculcados y destaco que realicé numerosas gestiones en pos de lograr que se acate la sentencia mencionada sin obtener ningún tipo de respuesta”, agregó.

Esa misma nota fue remitida por Racedo al Ministerio Fiscal, y respondida el 4 de marzo con dos párrafos. El segundo, el más importante, reza: “Cumplo en informar que el caso objeto de informe “expediente n 6075/2006 Gómez Roberto Luis y otros sobre privación ilegítima de la libertad, homicidio, encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento” (N de la R: así está caratulado el expediente) fue sentenciado por la sala penal III en donde fueron condenados cinco imputados. De allí se ordenó la investigación de 23 casos, los cuales fueron oportunamente investigados e instados por este Ministerio, quedando a la espera de avances y resoluciones que no dependen del impulso exclusivo de Fiscalía”.
Luego Jimenez saluda al secretario de Derechos Humanos y no da ningún detalle más.
“Da una mezcla de vergüenza ajena, tristeza, bronca e indignación”, afirmó el padre de Paulina, quien esperaba un informe detallado de cada una de las 23 investigaciones ya que desde aquella sentencia de febrero de 2019 no tiene ninguna respuesta al respecto.

Hasta el momento hay nueve personas condenadas por el caso, pero por encubrimiento. No se avanzó hasta aquí en la resolución de la principal duda: quién mató a la joven que fue vista con vida por última vez el 26 de febrero de 2006. Durante el juicio de 2019, los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macorito ordenaron que se investigue a 23 personas, entre ellas a la ex pareja de Paulina, César Soto, padre de la hija de la estudiante de Comunicación Social) y a Sergio Kaleñuk, quien fue funcionario del gobierno e hijo del ya fallecido Juan Alberto Kaleñuk, asesor del ex gobernador José Alperovich y ex jefe de Policía de la provincia. El fiscal Carlos Sale imputó en marzo de 2021 por el femicidio a Soto y a Kaleñuk por encubrimiento y solicitó que ambos fuesen enjuiciados. Antes de que se cumplieran los dos años, pidió que la causa en contra de ambos fuera elevada a juicio. El último día hábil del año pasado, el juez Raúl Cardozo rechazó la oposición a elevación a juicio que habían solicitado los defensores de Kaleñuk, Patricio Char y Fernando Poviña, pero ellos apelaron la resolución y la causa está pendiente de resolución.

Entre las personas que la Justicia había ordenado que se investigue figuran los nombres del ex ministro de Seguridad, Mario López Herrera; de la ex jefa del laboratorio de Toxicología, Lilia Moyano; de los ex comisarios Marcial Escobar, Luis Santana, Alfredo Jiménez, Rodolfo Maruf y Francisco Picón; del ex jefe de la Policía Científica, Fernando Vázquez Carranza; de las amigas de Paulina, Virginia y Jimena Mercado; del taxista Juan Pedro Cruzado y del barrabrava de Atlético Tucumán Gustavo González; todos, por delitos vinculados con el encubrimiento, además de una decena de testigos que fueron acusados por falso testimonio.