“Como un almacén”. Categórico, el contador general de la Municipalidad capitalina, Marcelo Albaca, se refirió al manejo que la administración del ex intendente Germán Alfaro hizo del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).
“Hay una serie de irregularidades que son muy llamativas y que denotan que han manejado el consorcio prácticamente como un almacén y no como un ente público, como cheques que no han sido depositados sino que han sido endosados y dados a terceros. Hay una serie de cuestiones que llaman mucho la atención”, afirmó el funcionario.
Tal como publicó este diario el domingo, el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, se presentó en Tribunales y denunció hechos que, según dijo, encuadran en la figura de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. Puntualmente, lo que el funcionario sostiene en su escrito es que el Consorcio habría sido utilizado para la realización de obras en beneficio de la gestión alfarista en la Municipalidad. El ex intendente Alfaro, en tanto, desmintió esas presuntas anomalías.
Albaca, contador general de la capital, se explayó sobre el contenido de la denuncia y recordó que la base de todo esto es el resultado de una auditoría general que se había encargado a la Universidad de Buenos Aires. “Esta auditoría detectó que al consorcio metropolitano de residuos, el municipio de San Miguel de Tucumán había pagado durante 2023 hasta el 1 de noviembre la suma de $ 5.900 millones, cuando en concepto de cuota para el tratamiento de los residuos sólidos tendría que haber pagado durante ese periodo era de $ 1.000 millones. Es decir, se detectó que se había pagado cinco veces lo que correspondía a haber pagado en concepto de cuota”, remarcó.
De inmediato, insistió, se encendió una alarma y la intendenta Rossana Chahla encargó una auditoría contable en el Consorcio para dilucidar a qué se habían destinado esos fondos, que realizó el estudio Concilio & Sarralde. “Se detectó que esos fondos excedentes, los $ 4.000 millones, se destinaban a supuestas obras o servicios tercerizados por el consorcio metropolitano. Es decir, se quería cortar el pasto y se contrataba al consorcio que paradójicamente no tenía empleados, ni plantas, ni capacidad técnica para hacerlo y por lo tanto subcontrataba a una cooperativa. Así se detectó que el 90% de esos gastos se aplicaron a solamente tres cooperativas”, relató. Esto, en alusión a las cooperativas Benjamín Aráoz, 14 de Agosto y Juntos Seremos Más.
Según esa auditoría, estas cooperativas le habrían facturado $ 4.900 millones en casi un año al ente y, según los cruces de la actividad bancaria citados por Albaca, se le habrían depositado $ 2.900 millones. “Incluso se corrió traslado a estas cooperativas para ver si es que se le debía algún dinero y los presidentes de las cooperativas respondieron que no se les debía nada. Es muy raro que vos factures $ 4.900 millones y que te hayan pagado, los movimientos bancarios, solamente $ 2.000 millones y digas que no se te debe nada. Esto no solo es extraño, sino que permite ver un desmanejo en la cuestión financiera del consorcio y permite sospechar que hay una infinidad de actividades cuanto no irregulares, por no decir ilícitas”, afirmó el contador general.
Las obras
Según el funcionario, también hubo un “abuso” del estatuto del consorcio. Si bien establece que podrá realizar obras públicas estarían deberían estar relacionadas a los objetos. “El objeto del consorcio es el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Es tan burdo lo que se hizo como, por ejemplo, la contratación del consorcio que no tiene personal, ni siquiera tiene capacidad técnica para llevar adelante una obra civil, para la refacción del Palacio de los Deportes. Es como decirte que yo voy a contratar un payaso para que haga una operación de corazón porque el tipo se infartó en el circo”, ironizó Albaca.“Es una cuestión bastante traída de los pelos”, amplió.
“Lo que se pudo evidenciar claramente y está comprobado es que el consorcio funcionaba como una verdadera unidad de negocios, muy lejos a su espíritu original que era un consorcio público que cubra los costos necesarios para el tratamiento de los residuos que generan los vecinos de San Miguel de Tucumán”, sostuvo el ex concejal de Yerba Buena.
Albaca vinculó las presuntas irregularidades en el Consorcio con la campaña electoral de Juntos por el Cambio de 2023. “El 57% de estos recursos fueron pagados unos meses previos a las elecciones. Solamente el último día de gestión del ex intendente Germán Alfaro se le pagó $ 800 millones al consorcio metropolitano de la basura. Y mucho más llamativo es que el día siguiente, el día lunes, cuando asume la nueva gestión aparezca la persona que quedaba como presidente, que es Oscar Rodrigo, a pedir por favor un adelanto del fondo porque no tenía para levantar un cheque diferido que se vencía en ese día lunes 1 de noviembre. Entonces cuando nosotros decimos ‘¿cómo que no tiene si el día viernes se le pagaron $ 800 millones a usted?’ ‘No, bueno, no hay nada, no tenemos nada de plata en el consorcio’. Increíble, incluso pago hecho con cheques, ni siquiera por transferencia”, detalló.
La auditoría realizada también menciona que hay pagos realizados muchos meses antes de que se emitieran las facturas correspondientes. Eso fue incorporado a la denuncia judicial.
“Hay cheques que se liberaron con anterioridad a las elecciones y que se facturaron un mes antes de dejar la gestión por el Intendente. Se puede decir que claramente esa facturación puede cubrir flujos de fondos indebidos, flujos de fondos que no deberían haberse dado. Yo no le pago nada a nadie si no me da la factura antes. Veo muy raro que te diga ‘págame y yo después te traigo la factura’. Eso no existe. Menos en nuestra Argentina, en la Argentina de los pícaros, de los vivos. Es bastante difícil poder confiar y, de hecho, es totalmente ilegal hacerlo con dinero público. De los privados uno puede llegar a querer confiar en un tercero y decir bueno, después me traes la factura. Ahora, que vos pagues y te aparezca la factura después, lo que permitiría pensar o intuir que esa factura fue para cubrir fondos que han sido girados de manera irregular.
Proveedores en la Municipalidad
Por otra parte, el contador general se refirió a la deuda que encontró la intendenta Chahla tras haber asumido en la Municipalidad, de alrededor de $ 5.000 millones.
“Siguen apareciendo proveedores que vienen a golpearme la puerta para pedirme que pague deudas que no aparecían en ningún expediente. Tenemos casos insólitos, tenemos casos de una obra de gas completa que se hizo con la firma de un empleado del municipio y que está pidiendo cobrar $ 45 millones. No se le puede pagar, obviamente, por la irregularidad. Pero este mismo proveedor me dice ‘si usted mira para atrás tengo 20 obras hechas con el municipio de la misma forma’. Le decían ‘andá y hace la obra y después armamos los papeles y te pagamos’. Esto yo le puedo mostrar a cualquier vecino. Incluso lo podrán ver desde la página de la Contaduría General que se inaugurará la semana que viene. Vamos a publicar todos estos datos porque creemos que la transparencia y el acceso a la información es una deuda pendiente del 100% de los municipios de Tucumán y nosotros queremos ser pioneros por orden de la Intendente Rosana Chala en mostrar esa transparencia que los vecinos están reclamando”, completó.