Por Gustavo Rodríguez
11 Marzo 2024
DECLARACIÓN. El ex juez de Ejecución Roberto Guyot, dijo que se enteró del traslado dos días después.
La semana pasada se inició uno de los juicios más polémicos del último tiempo en la provincia. Un preso, cinco ex funcionarios del Servicio Penitenciario y un guardiacárcel están siendo juzgados por el homicidio de un interno y testigo clave que había denunciado el tráfico de estupefacientes en el penal de Villa Urquiza.
En 2017 Fernando Sebastián Medina (25 años), un reo que cumplía una pena por robo agravado en la cárcel, denunció que sufría acoso y agresiones por parte del personal del Servicio Penitenciario porque lo obligaban a vender droga dentro del penal. Meses después, el 22 de noviembre de 2017, Medina fue asesinado en un supuesto enfrentamiento por Alejandro Sebastián “Pichi” Mendoza, un reo que cumplía una condena en Villa Urquiza. Otro aspecto importante del caso es que Medina no tendría que haber estado cumpliendo condena en el penal sino que le correspondía estar resguardo en la comisaría de Villa Luján por la denuncia que había realizado, pero tres días antes de su muerte fue trasladado nuevamente a la cárcel.
El caso estuvo a cargo de la fiscala Adriana Giannoni (ya jubilada). A raíz de una ardua investigación acusó a siete personas de haber tenido participación en el homicidio de Medina: Alejandro Sebastián Mendoza (acusado de homicidio agravado por premeditación y por la participación de dos o más personas); los comisarios Sergio Walter Patto y José Fernando Cisterna (homicidio doblemente agravado por premeditación por dos o más personas y por ser funcionarios del servicio penitenciario e incumplimiento de los deberes de funcionario público); el guardiacárcel Claudio Alejandro González (homicidio doblemente agravado por premeditación por dos o más personas y por ser funcionarios del servicio penitenciario, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica) y los comisarios Guillermo Antonio Snaider, Víctor Lisandro Casasola y Enrique Osvaldo Núñez (desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público).
Siete años después, los imputados están siendo juzgados por el tribunal integrado por Dante Ibáñez, Rafael Macorito y Diego Lammoglia. La acusación es sostenida por el fiscal Daniel Marranzino y la querellante Silvia Furque.
Denuncia de maltratos
La persona que puso en palabras lo que le ocurría a Medina fue su esposa Ana Cristina Silva. “Yo sé todo, recuerdo bien lo que pasó”, advirtió sentada frente al estrado.
VÍCTIMA. El reo Sebastián Medina fue asesinado por otro interno.
Según su relato, la primera persona a la que Medina puso al tanto de la venta de drogas en el penal fue a Cisterna. “Mi marido avisó un día antes de que entrara la droga al penal. Denunció porque ya no daba más; los guardiacárceles le pegaban mucho, yo vi que estaba todo lastimado en las visitas”, dijo.
La mujer contó algunos detalles sobre cómo funcionaba la venta de estupefacientes y dijo que las sustancias eran ingresadas por Walter Vallejo (un guardiacárcel que fue condenado a 11 años de prisión por ingresar drogas al penal). Cuando Silva asistía a las visitas, su esposo le entregaba el dinero de la venta y luego ella se lo daba a Patto. “Él (Medina) vendía los domingos, y cuando yo iba al penal ya salía con la plata para entregarle a Patto. Se la llevaba cerca de la terminal cuando se iba a su casa”, declaró.
Una vez que Medina denunció el tráfico de drogas, la fiscala María del Carmen Reuter investigó el caso y junto al fiscal federal Pablo Camuña solicitaron medidas de protección para Medina, motivo por el cual el ex juez de Ejecución Roberto Guyot ordenó en agosto de 2017 su traslado hacia la seccional 7º, para evitar que sufriera daños.
El domingo 19 de noviembre fue el último día que Medina estuvo en la seccional de Villa Luján. Silva fue esa mañana a visitarlo y contó que al pasar por la requisa el oficial González le dañó los alimentos que llevaba para Medina. “Mi marido se levantó y fue hacia donde estaba González, no sé qué le dijo y después se volvió a sentar conmigo. En eso pasó González y le dijo: ‘Ya vas a ver lo que te va a pasar a vos’. Esa misma tarde sacaron a Sebastián de la comisaría, lo golpearon y lo llevaron al penal”.
La justificación que le dieron a Silva en la comisaría fue que habían enviado a su marido nuevamente a Villa Urquiza por un intento de motín. Desde entonces, la mujer se presentó todos los días en el juzgado de Ejecución para presentar un habeas corpus y pedir que sacaran a Medina del penal, pero no obtuvo respuesta. Tres días después del traslado el hombre fue asesinado.
“La última vez que hablé con mi marido fue el miércoles. Me dijo que lo saque de ahí porque lo iban a matar, porque un tal ‘Machilo’ le había pasado un cuchillo a Mendoza. Sus últimas palabras fueron que lo saque”, expresó Silva.
Intento de motín
El domingo 19, luego del horario de visita se produjo una requisa en la comisaría 7º en la cual encontraron un celular y un cuchillo.
Los testigos Alexis Medina (compañero de celda de Sebastián Medina en la seccional), David Carlos Díaz y Álvaro Díaz (empleados del servicio penitenciario que realizaban servicio adicional en Villa Luján), explicaron que Medina junto a dos reos quedaron molestos porque les habían destrozado la comida. “Querían hacer un motín; querían prender fuego un colchón”, dijo Alexis.
Tanto David como Álvaro Díaz coincidieron al relatar que la víctima se encontraba alterada y que González fue quien les avisó que trasladarían a Medina nuevamente a Villa Urquiza. “Me dijo González que Patto se había comunicado con la secretaria del juzgado de Ejecución (Nazaret) Ponce de León y que ella dijo que se realice el traslado al Servicio Penitenciario”, informó Álvaro.
Orden de traslado
Uno de los puntos que se intenta dilucidar en el juicio es por qué el personal del Servicio Penitenciario trasladó a Medina a Villa Urquiza, a pesar de que había un habeas corpus presentado y una orden expresa del ex juez de ejecución, Roberto Guyot, de que el reo debía permanecer en la comisaría 7º para resguardar su integridad.
La justificación que dieron los funcionarios y ahora imputados, fue que recibieron una orden firmada por la entonces secretaria del Juzgado de Ejecución, Nazaret Ponce de León, en el que se autorizaba el traslado del interno al penal. Sin embargo, la funcionaria negó haber emitido orden alguna.
El jueves Ponce de León fue citada a declarar. En su interrogatorio explicó que ella no estaba al tanto del habeas corpus firmado por Guyot ya que había sido designada hacía pocas semanas por la Corte como secretaria del Juzgado y aún no estaba familiarizada con todos los expedientes. La mujer dijo que ese domingo a la tarde Patto la llamó por teléfono, la puso al tanto de lo ocurrido en la comisaría y le recomendó trasladar a Medina. “Le dije que yo no estaba facultada para ordenar traslados, que no era parte de mi función hacerlo”.
Ponce de León contó que se llevó una “desagradable sorpresa” al enterarse el martes 21 de que el interno había sido enviado nuevamente al penal bajo su autorización. “No está dentro de las funciones de un secretario poder ordenar traslados; no estoy autorizada, no lo hice”, manifestó la funcionaria.
Roberto Guyot, por su parte, dijo que cuando se enteró el martes del traslado envió a personal del Juzgado al penal para que averiguara qué había pasado y cómo estaba el interno.
El juez Ibáñez le preguntó por qué no adoptó una medida de protección especial al enterarse de que Medina estaba nuevamente en el Servicio Penitenciario, a lo que Guyot respondió que no tenía información fidedigna para tomar una decisión. “Por un lado me dicen que la secretaria había dado la orden. Por otro lado me dicen lo del conato de incendio. La tercera versión es que podría haber sido el Juzgado Federal el que hizo el llamado y ordenó el traslado. Tenía tres versiones distintas, por eso no sabía qué había sucedido realmente”, explicó.
Fatal desenlace
A pesar de los intentos de Silva y del propio Medina por salir del Centro Penitenciario, el 22 de noviembre, el interno fue herido mortalmente por Mendoza. Al comienzo del debate oral, el imputado cayó en varias contradicciones. Dijo que tenía una conducta ejemplar, pero no supo precisar por qué estaba alojado en la Unidad N° 9, que es la reservada para los detenidos más conflictivos del penal. “Desde hace tiempo que venía pidiendo que me pasen al anexo. Lo hicieron al día siguiente de que llegara Medina. No sabía que lo habían traído de vuelta”, declaró.
Respecto de la acusación en su contra, dijo que “me defendí porque Medina me atacó. No tenía intenciones de matarlo. No quería matar a nadie. Los directores tampoco me pidieron nada como andan mintiendo por ahí”, señaló sin que nadie le consultara sobre la versión que sostiene que fueron los funcionarios quienes le pidieron que acabara con la vida del testigo.
Esta semana continuarán la producción de las pruebas para intentar aclarar qué fue lo que realmente sucedió en el polémico homicidio que dejó al descubierto el supuesto sistema de comercialización de estupefacientes en el penal de Villa Urquiza. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)
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