PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- La capital haitiana, Puerto Príncipe, continúa sumida en un espiral de violencia desatada por las pandillas armadas. Estados Unidos anunció la evacuación de parte del personal de su embajada y reforzó la seguridad.
Hospitales bajo ataque, escasez de alimentos e infraestructuras bloqueadas han llevado a la ciudad a una situación humanitaria cada vez más precaria. El sábado estuvo marcado por nuevos enfrentamientos entre la policía y las bandas criminales.
Portavoces militares estadounidenses dijeron el domingo que se había “realizado una operación para aumentar la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, permitir que continúen las operaciones” de la misión diplomática y “la salida del personal no esencial”
“El transporte aéreo de personal desde y hacia la Embajada es consistente con nuestra práctica estándar de aumento de seguridad”, agregó un comunicado del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
La embajada estadounidense señaló en la red social X que “el aumento de la violencia de las pandillas en las proximidades de la embajada de Estados Unidos y del aeropuerto ha llevado al Departamento de Estado a hacer arreglos para permitir la salida de personal adicional” de la sede diplomática.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente de Kenia mantuvieron una conversación sobre la crisis actual y “subrayaron su compromiso inquebrantable con el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad” destinadas a “crear las condiciones de seguridad necesarias para la celebración de elecciones libres y justas”, según dijo un portavoz del Departamento de Estado el sábado.
Población confinada
“Los habitantes de la capital viven confinados, no tienen a dónde ir”, alertó Philippe Branchat, jefe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“La capital está rodeada de pandillas armadas y peligrosas”, afirmó, para subrayar que “la inseguridad está por extenderse a escala nacional...”.
Según la OIM, 362.000 personas -más de la mitad de las cuales son niños- están actualmente desplazadas en Haití, una cifra que creció 15% desde principios de año.
Las pandillas, que controlan vastas áreas de la capital y las vías de acceso que conducen al resto del territorio, llevan varios días atacando comisarías, tribunales y dos prisiones, de las que se fugaron cerca de la mayoría de los 3.800 presos.
Esos grupos y una parte de la población exigen la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, que está fuera del país.
Según los últimos reportes, Henry está en Puerto Rico. El gobernante debía dejar el cargo en febrero, pero en cambio hizo un acuerdo para compartir el poder con la oposición hasta que se celebren nuevas elecciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio luz verde en octubre a una misión policial multinacional encabezada por Kenia, pero ese despliegue quedó estancado en los tribunales kenianos.
Ante la violencia, decenas de habitantes tomaron el sábado una oficina de la administración pública en Puerto Príncipe, con la esperanza de encontrar allí refugio, según un corresponsal. “Desde anoche no hemos podido dormir. Huimos, yo con mis cosas sobre la cabeza, sin saber adónde ir”, dijo a la AFP Filienne Setoute, que tuvo que abandonar su casa.
El día anterior, hombres armados atacaron el palacio de la Presidencia y la comisaría de Puerto Príncipe, confirmó el coordinador general del sindicato de la policía haitiana (Synapoha). Varios atacantes resultaron muertos, según la misma fuente.
Cinco personas secuestradas en febrero en Puerto Príncipe, entre ellas cuatro misioneros, fueron liberadas, anunció ayer su congregación católica, que pidió la liberación de otros dos religiosos detenidos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ofreció ayer domingo para “arreglar” la crisis de inseguridad en Haití aunque no especificó de que forma.
“Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir”, escribió Bukele en la red social X.
En su propio país, Bukele implementó un proyecto para encarcelar sumariamente a pandilleros, narcotraficantes y otros delincuentes, en cárceles de máxima seguridad y en condiciones que vulneran todos los estándares internacionales de trato humanitario, según denuncian organizaciones internacionales.