Hay más condenas por violencia de género que por robos

Tucumán está bañada por dos realidades. En la Justicia hay más fallos en contra por delitos de violencia de género (VG) que por robos y hurtos. De los 13 femicidios registrados desde el 1 de enero de 2023 hasta hoy, ocho fueron casos judicializados. “Se ve a la justicia penal como la única responsable y la única salida posible, siendo que, a mi entender, es el remedio a una enfermedad cultural cuyos orígenes y causales no están siendo abordados por política pública alguna”, sostuvo la penalista María Florencia Abdala.

La persecución penal contra la furia machista no sólo existe, sino que en Tucumán es fuerte. En 2023, según los datos publicados por la Corte Suprema de Justicia, se dictaron 2.245 prisiones preventivas, de las cuales 982 fueron por casos de VG (lesiones, amenazas y abusos sexuales), lo que representa el 50% del total. Esa cantidad de medidas cautelares supera a la de delitos contra la propiedad que llegan a ser 867. En otras palabras: este fenómeno alimenta considerablemente la crisis carcelaria y la inseguridad. 

“Llenar de medidas penales sin trabajar una transformación profunda de las desigualdades no dará nunca los resultados esperados”, opinó Florencia Pachao Medina. “No sirve solo con dar una ayuda económica (plan acompañar) a las mujeres que cuentan su problemática ante el organismo del Estado pertinente, sin que se trabaje de manera integral, transversal, en lo económico, en lo social”, agregó.

Sobre penas

Según el mismo informe, en 2023 los jueces dictaron 1.228 condenas por VG (tres por día), mientras que por robos fueron 874. De esas penas, el 75% son de cumplimiento condicional, ya que fueron dictadas a través de un juicio abreviado. “Eso se llama terror. No importa si son inocentes; muchos defendidos quieren llegar a un acuerdo para salir del calabozo en el que fueron encerrados. Eso no está bien”, dijo un penalista.

“El incremento de casos de VG produce un resquebrajamiento de vínculos sociales y políticos. Ahí es cuando aparece de forma persuasiva y seductora el sistema penal, una especie de populismo punitivo que se afianza con la cultura del castigo”, comentó Agustina Lasquera. “’El castigo’ aparece como una especie de solución a un comportamiento que no debe ser tolerado, pero nos olvidamos que llega cuando el daño ya está hecho. Lo mismo pasa con el endurecimiento de penas o la creación de nuevas figuras penales; se aplicarán cuando el daño ya se produjo”, sentenció.

La Corte de Tucumán, en su Informe de Indicadores correspondiente al año pasado, da cuenta que en todo 2023 se dictaron 1.319 condenas efectivas. De ese número, el 42% fueron por robos, el 40% por casos de violencia de género, 12% por hurtos y 6% por homicidios. De ese número, 1.034 fueron hasta cinco años, 225 hasta 10 años, 64 hasta 15 años, 18 hasta 20 años y 13 perpetuas.

“Ha quedado demostrado que endurecer las penas, o dictar múltiples medidas no da resultados porque realmente no hemos encontrado el fondo de la cuestión”, sostuvo Agustina Recalde. “La política criminal ha fracasado porque se ha puesto el foco en endurecer las penas con el fin de evitar que los numerosos casos de violencia de género sigan aumentando. El prevenir y evitar la violencia de género que venimos viendo en la provincia se encuentra en otro tipo de acciones”, sostuvo.

Desgaste

El Poder Judicial en los últimos tiempos ha incrementado las oficinas de atención a las víctimas y las fiscalías dedicadas a buscar soluciones a cada problema que se le presentan. El Ministerio Público tiene más unidades fiscales dedicadas a la investigación de casos de VG que de robos y hurtos, narcomenudeo y homicidios. El MPF, por ejemplo, dicta en promedio, 27 medidas de protección por día. Anualmente son por lo menos 10.000.

La actividad judicial también se resintió. En materia de juicios, durante todo 2023, se realizaron 312 debates orales, de los cuales 157 fueron por VG, lo que representa el 50%. Por robos, hubo 62 (menos de la mitad) y por homicidios, 53 (la tercera parte).

“La realidad nos demuestra que ni las medidas de protección que ofrece la política criminal ni el endurecimiento en las penas son suficientes en sí mismas porque en lo que va del año se cometieron 53 femicidios en nuestro país”, sostuvo la abogada Melina Fioroni. “Este fenómeno deja en evidencia que el agravamiento de penas no se configura como una herramienta de disuasión, por lo que abordarlo únicamente desde una perspectiva criminal es ineficiente”, finalizó.

“Este es un problema cultural”, dijo el jefe de Policía

“Creo que para resolver esta cuestión tenemos que trabajar los tres poderes del Estado. Estamos ante un problema cultural que nos genera problemas”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau en una entrevista con LA GACETA. “Hay que hacer un estudio sobre las víctimas y sus victimarios. Si  analizamos un poquito nos daremos cuenta de que la mayoría de los protagonistas tienen menos de 40 años”, explicó. “También puede considerarse que en estos casos aparece el consumo problemático de alcohol y de sustancias. Son temas que deben ser tenidos en cuenta a la hora de buscar soluciones que, precisamente, no siempre deben ser penales”, aseguró. El funcionario reconoció que actualmente destinan a 800 hombres por turno para cumplir con las consignas ordenadas por la Justicia. En total, teniendo en cuenta que cada turno es de ocho horas, se recurre al servicio de 2.400 efectivos por jornada. Ese número representa más del 20% del total que tiene la fuerza. “Muchas veces estamos imposibilitados de cumplirla porque no tenemos la cantidad de personal para destinar a esta tarea. Lo que hacemos es coordinar con el servicio 911 y las comisarías para que hagan controles periódicos”, finalizó Girveau.