Sobreseyeron al policía que mató a un joven acusado de robo

Tras afrontar un proceso de un año y medio, finalmente se confirmó el sobreseimiento del policía Juan Marcelo Pérez. El Ministerio Público Fiscal reiteró la postura de que no encontraba pruebas para sostener que el efectivo haya matado a Gonzalo Sebastián González en otro contexto que en el de legítima defensa. El juez Alejandro Valeros, que en 2022 había solicitado que el fiscal regional revisara el caso, terminó aceptando el jueves pasado el pedido del fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, y sobreseyó al efectivo. La querella impugnó el fallo y anunció que están dispuestos a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos si fuera necesario para que se desarrolle un juicio.

Según la investigación fiscal, el 12 de agosto de 2022 a la 0.40 en Coronel Zelaya y pasaje Vera y Aragón, en circunstancias que no se pudieron determinar, el agente de Infantería Pérez se dirigía en su moto a cumplir una consigna en el barrio Francisco I por una causa de violencia de género. Al cruzar esa esquina, fue alertado por un vecino sobre un robo que estaba ocurriendo a pocos metros. Pérez observó a dos sujetos armados que apuntaban a otros dos jóvenes. El efectivo tomó intervención y dio el grito de “¡alto policía!”.

En ese contexto, uno de los asaltantes disparó contra el efectivo, que sacó su arma reglamentaria y respondió el fuego, hiriendo a uno de los agresores en el pecho y en una pierna. González, el herido por las balas, falleció minutos después.

El primero en intervenir en este caso fue el fiscal de Homicidios I, Ignacio López Bustos, quien evaluó las pruebas y testimonios y consideró que no había motivos para imputar a Pérez. El abogado Patricio Char, que representa a Zulma González, madre del fallecido, se opuso al planteo y solicitó que se imputara al acusado, por lo que en ese momento el juez Valero resolvió que el caso fuera revisado por el fiscal regional, quien aceptó la posibilidad de que la querella pudiera necesitar tiempo para presentar sus pruebas y designó al fiscal Sale para que reabriera la investigación.

El tiempo transcurrió y, aunque la querella aportó un nuevo testigo, Sale coincidió con la postura de López Bustos, por lo que en diciembre pasado solicitó sobreseer a Pérez. En esa audiencia el MPF argumentó que, como pruebas, un comerciante había sostenido la misma versión que el acusado y que, además, las víctimas del intento de robo, Francisco Aguirre (22 años) y Facundo Chávez (20 años), declararon y, aunque no hablaron de un robo, reconocieron que González los estaba amenazando con un arma. Esos testigos también indicaron que González habría amenazado con esa pistola a un taxista que intentó intervenir antes de la llegada del policía.

Otro elemento de prueba fue que las pericias determinaron que tanto González como Pérez tenían restos de pólvora en las manos. Nuevamente los querellantes Char y Agustina Recalde se opusieron y solicitaron que se imputara a Pérez y les permitieran debatir el caso en un juicio. El juez Guido Cattáneo aceptó el pedido de la querella y le pidió al fiscal regional que vuelva a revisar el caso.

Finalmente, el 29 de febrero, en una nueva audiencia, el auxiliar Lucas Maggio presentó el caso nuevamente, informando que el fiscal regional coincidía con el pedido de sobreseimiento que hacía el fiscal Sale. El defensor Guillermo Villalba se adhirió al pedido, como lo había hecho en todos los casos previos, pero agregó que las costas procesales fueran delegadas a la querella. El juez Valero aceptó el pedido y sobreseyó al agente Pérez. Recalde y Char impugnaron el fallo.

“Se defendió”

“El agente Pérez fue avisado sobre un hecho delictivo, sonaba la alarma vecinal incluso en ese momento. Cuando vio a González y a su cómplice y les dio la voz de ‘alto, Policía’, este chico se dio vuelta de la moto y le apuntó con un arma, por eso el disparo de Pérez impactó a González en el abdomen, es decir, de frente”, le dijo Villalba a LA GACETA.

El profesional remarcó que su defendido no fue provocador del conflicto y que empleó un medio proporcional para defenderse dado que los sospechosos del robo estaban armados al momento del hecho. “Las pericias y todos los testigos concuerdan con la versión de Pérez, salvo por el cómplice de González”, agregó.

El caso generó polémica en diciembre cuando los querellantes plantearon que: “el MPF no tiene voluntad de investigar el caso”, y que: “el MPF viene siguiendo una política en protección a la Policía. Si no, no hay explicación de que los policías tengan vía libre para matar y que no se les formulen cargos”. El defensor Villalba señaló que preferían esperar a que la Justicia se expidiera antes de opinar sobre esos dichos. “La Justicia determinó lo que venía sosteniendo desde el primer momento, que este agente actuó correctamente y siempre en su defensa. Se intentó demonizar a una persona que se defendió de otra persona que estaba en la calle empuñando un arma no registrada y cometiendo un delito”, analizó.

“Pérez tuvo que soportar escraches, marchas frente a su casa y amenazas por parte de personas que viven al margen de la ley. Terminó mudándose para velar por la seguridad de su familia”, concluyó Villalba.