Tafí Viejo: obras aprobadas que quedarán sin hacer

El Gobierno nacional redujo los aportes del impuesto PAIS al fondo de Financiamiento de Proyectos de Integración Socio Urbana (FISU) con el que se buscaba concretar obras en barrios populares. Referentes tucumanas manifestaron su preocupación y apuntaron contra el Presidente.

Manuel Adorni comunicó la reducción del 30% al 1% del financiamiento del impuesto PAIS al FISU a través del Decreto 193/2024. Estos desembolsos ponían en funcionamiento la actividad de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) con el objetivo de atender la infraestructura de barrios vulnerables; los últimos datos conocidos sobre la cantidad de dinero destinada a este fondo indican que en 2023 el FISU recibió alrededor de $6.000 millones de pesos. El fin del Gobierno nacional es “transparentar el Estado y mermar la discrecionalidad”, según argumentó el vocero.

En la Secretaría defienden su gestión que, acorde a los datos brindados por el monitor de inteligencia de integración sociourbana, culminó 1.276 obras de inclusión en barrios populares y 5.060 trabajos de vivienda. Sin embargo, en el gobierno libertario justificaron su acción afirmando que esto solo se utiliza para sacar provecho político por parte de quienes están al frente de la administración.

En Tucumán reprocharon que esto dejará obras inconclusas, proyectos -que ya habían sido aprobados- sin trabajar y una serie de planificaciones al margen de su consideración.

Mery Anastasio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MET), dijo en contacto con LA GACETA, que el decreto es “una burla” hacia la clase baja y señaló que el Presidente “no tiene voluntad de ayudar a los más vulnerables”. “Milei quiere pobreza. La actividad se puede eficientizar; no eliminar”, recriminó.

Por su parte, Daniela Bravo, ex secretaria de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo en Tafí Viejo, contó que este recorte afecta a las obras en curso y a los proyectos que fueron presentados a fin de beneficiar a aquellos que viven en condiciones materiales funestas. Además, detalló que son 309 los proyectos provinciales que se encuentran en peligro debido a las medidas nacionales.

Tafí Viejo, ciudad en donde Bravo se desempeña como concejal, fue una de las más beneficiadas con estas obras de urbanización y también uno de los municipios que mayor cantidad de planificaciones presentó (24).

La edil explicó que dichos trabajos públicos están divididos en dos ramas: proyectos estratégicos generales (los de mayor envergadura) y obras tempranas. Según la dirigente, hay una obra pequeña y otra de importante magnitud infraestructural (dentro de Tafí) que se encuentran en curso y se culminarían, según informaron desde Nación. Sin embargo, detalló que las certificaciones presentadas aún no fueron aprobadas y, consecuentemente, los desembolsos para afrontar los meses de trabajo no llegaron.

La obra importante: “En la calle Antonio Calpini quedaría sin hacer el pavimento completo, la última tanda de los 15 NH, 20 intra de agua, 20 intra de cloacas y la colocación de cestos de residuos. Y, en relación a lo de EDET, todo lo que es tendido de red eléctrica y alumbrado público de la parte de atrás”, profundizó Bravo. Además, contó que los pequeños trabajos realizados sobre tres barrios ubicados en la avenida José Colombres aún tienen pendiente el colocado de alumbrado público.

La administración nacional no contempla la posibilidad de llevar adelante los proyectos aprobados por la gestión anterior; tampoco hay voluntad de incluir en la agenda la ejecución de planes presentados previamente a la asunción de Milei. En cuanto a la probabilidad de que estos sean tenidos en cuenta por vía municipal o provincial, la ex secretaria no lo ve posible ya que considera que las obras son muy costosas para afrontarlas sin los montos provenientes del tributo nacional.

Ambas referentes coincidieron al sostener que este desfinanciamiento excede el problema infraestructural. Bravo apuntó contra el Gobierno nacional y alertó sobre una crisis social; mientras que Anastasio acusó que, debido a esto, muchas familias quedarían fuera del sistema. Otra dolencia que demandan las gestoras es el desempleo, ya que esto, además de ser visto como una integración social y urbana, también se utilizaba como fuente de trabajo, habiendo producido 152 cargos laborales.