04 Marzo 2024
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Gustavo F. Wallberg
Columnista invitado
El Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) fue creado por la ley 25.053, de 1998, y desde entonces fue prorrogado por diversas leyes y decretos. La última prórroga fue dispuesta dentro del decreto 88/22 que extendió la vigencia del Fonid hasta el 1 de enero de 2024. El mencionado decreto fue uno de necesidad y urgencia que aclaró puntos de la prórroga del presupuesto nacional 2021 para el año 2022 pues hasta la fecha de su dictado (enero de 2022) el Congreso de la Nación no había aprobado la ley de presupuesto. Transcurrido el 1 de enero de 2024 y sin nueva norma al respecto, el Fondo ya no existe legalmente.
Ahora bien, en el presupuesto para 2023 había partidas para el pago del Fonid, pero que dicho presupuesto se use para el ejercicio 2024 no significa que lo mismo ocurra con esas partidas porque no se pueden disponer pagos establecidos por una ley que ya no tiene vigencia.
El Fondo fue creado por una ley específica y prorrogado a su vez por disposiciones explícitas, fueran normas autónomas o dentro de otras más amplias. Y si caducó, la única forma de extenderlo es mediante otra ley. Nótese que el DNU 88/22 justamente atendió ese problema, pues la simple prórroga del presupuesto 2021 (dispuesta por el decreto 882/21) no alcanzaba para justificar pagos por un concepto que perdía vigencia.
Es que sostener que la prórroga del presupuesto 2023 extiende la vigencia de los pagos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente porque en ese presupuesto estaban previstas partidas para ese fin implica en realidad la aprobación tácita de una ley de prórroga, algo que está prohibido por el artículo 82 de la Constitución Nacional: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
En general, la continuidad del presupuesto 2023 no se aplica para todas aquellas asignaciones o recursos cuyo origen sea una ley cuyos efectos tengan una fecha de vencimiento ya cumplida. Es el caso del Fondo, por lo que rescatarlo requeriría una nueva decisión del Congreso.
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