Por Gustavo Rodríguez
29 Febrero 2024
ÚLTIMA OPORTUNIDAD. Los acusados deberán declarar nuevamente en tribunales por el secuestro extorsivo. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
Los investigadores saben que una de las pistas que deben analizar para esclarecer el secuestro extorsivo de un joven es lo que sucedía en la seccional 9°. Los detenidos no sólo tenían vínculos en esa dependencia policial, sino que operativamente, dependían de la Jefatura de Zona 3, donde los acusados habrían cobrado el rescate.
El viernes por la noche se descubrió que al menos cuatro personas habían raptado a un joven de su casa de Villa Carmela. En realidad, habrían ideado un falso operativo para llevarlo a un lugar y exigirle que le entreguen una suma de dinero a cambio de dejarlo en libertad y no abrirle un expediente judicial en su contra. Sin embargo, el plan les salió mal porque efectivos de la misma fuerza descubrieron la maniobra y denunciaron el caso ante las autoridades judiciales. Primero en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que conduce Mariana Rivadeneira, quien se excusó por tratarse de un delito federal. Sí les ordenó que realizarán la presentación en la Justicia Federal.
El expediente pasó a manos del fiscal Agustín Chit y el sábado mismo reunió las pruebas suficientes para solicitar la detención de dos policías implicados. Medidas que fueron concretadas el domingo. Los arrestados, cuyos nombres no pueden ser difundidos hasta que sean indagados, fueron un oficial principal que cumplía servicios en la Alcaidía de Jefatura de Policías y que había tenido un polémico paso por la seccional 9°. Varios integrantes de la fuerza le dijeron a LA GACETA que fue trasladado a su último destino por cuestiones disciplinarias. El otro es un cabo que presta servicios en esa comisaría, aunque su horario laboral es de 7 a 15, ya que realizaría tareas especiales.
Ayer se confirmó que efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en ambas dependencias policiales. Secuestraron los libros de guardia (para determinar el personal que prestó servicio esa noche), los libros de combate (donde debe estar informado la responsabilidad que tiene cada uno de los efectivos destinados allí) y el libro de novedades (en el que se registran todo lo que sucede en las dependencias). Toda esa documentación ya está siendo analizada por los pesquisas.
En tribunales
Pese al enorme hermetismo que existe, LA GACETA pudo confirmar que ayer comenzó a ser indagado el suboficial. No trascendieron los detalles de su declaración, pero sí se pudo establecer que el fiscal Chit le habría ofrecido morigerar su situación procesal a cambio de que aporte la identidad de las otras dos personas que participaron en el secuestro. Hoy, cuando sea interrogado nuevamente, responderá.
Luego será el turno de la interrogatoria del oficial principal. “Es el que más complicado está. Su pasado lo condena”, comentó un compañero de promoción que no se mostró sorprendido. En principio, el fiscal le haría el mismo ofrecimiento de su compañero de causa. Aunque aún es muy prematuro determinar qué pasó el viernes por la noche, los pesquisas ya tienen elaborado un principio de teoría del caso. Los acusados se habrían infiltrado en un grupo de una red social formado por personas que cultivan marihuana. Allí, además de comentar experiencias y dar consejos, hay quienes venden flores de marihuana. Uno de ellos era la víctima del secuestro, que afronta una causa por comercialización de droga. Este es el caso número ocho en los últimos 12 años en el que policías tucumanos fueron acusados de tener contactos narcos o, directamente, de secuestrar a supuestas personas dedicadas a la comercialización o tráfico a cambio de dinero. “Ellos se aprovechan de que nadie los denunciará porque quedarán pegados en una causa”, explicó un condenado por droga. Y si de impunidad se trata, sólo tres causas terminaron en condena.
Expedientes de narcopolicías
Caso I
La mejor informante del clan Los Garra
En 2012, una investigación de la División Antidrogas de la Policía Federal, desató un escándalo en la policía tucumana. Los investigadores de la fuerza descubrieron que una agente de la Dirección General de Drogas Peligrosas era una de las principales informantes del clan Los Garra, uno de los grupos de narcomenudeo más importantes del sur de la capital. Según la pesquisa, la mujer estaba relacionada sentimentalmente con uno de los integrantes de ese grupo y cada vez que sus compañeros pensaban allanar, ella les avisaba con suficiente antelación para que se deshiciera de la droga y no sufrieran problemas legales. Fue denunciada por las propias autoridades y María Alicia Herrera fue detenida en ese año. Recuperó la libertad después de varios años porque su causa no llegó a juicio. En 2020 fue condenada a cinco años de prisión.
Caso II
El sospechoso caso del productor chaqueño
Al menos 10 policías fueron acusados en 2012 de haberle cobrado un soborno a un productor chaqueño. Según la investigación realizada por el ahora titular del Ministerio Pupilar de la Defensa, los efectivos detuvieron a Juan José Vallejos por irregularidades en la camioneta en la que se trasladaba y le pidieron unos U$S5.600 para no detenerlo ni abrir un expediente. Pese a que en esos momentos no surgieron indicios, con el correr de los años se sospechó que la víctima era un narco que traía marihuana en grandes cantidades. Los uniformados sabían de su llegada a Tucumán y no sólo se apoderaron de la carga, sino que además la retuvieron hasta que su familia pagó un rescate. Uno de los sospechosos estaba relacionado sentimentalmente con Miryam “La Negra” Soria, condenada por narco. El juicio en contra de los sospechosos nunca se realizó.
Caso III
La banda que quería quedarse con todo
El fiscal Diego López Ávila, durante varios meses, investigó una banda integrada por personas con antecedentes por robos y policías en actividad. El resultado de las escuchas que venían realizando adelantaron la realización de un megaoperativo desarrollado en diciembre de 2019 para poner fin al accionar del grupo. Según su teoría, los acusados se habrían especializado en asaltar a narcos o líderes de redes de narcomenudeo. También, con la participación de efectivos de la fuerza, fingían operativos de control en las rutas para quedarse con cargamentos de sustancias. También descubrió que la organización tenía pensado disputarle el dominio de Villa 9 de Julio al clan Toro, ya que habrían pensado asesinar a Omar “Maxi Toro” Martínez, uno de los líderes del grupo. Se logró el procesamiento de al menos 13 personas, pero hasta el momento no fueron enjuiciados y la causa se encuentra en el sistema conclusional.
Caso IV
La cárcel, una usina de causas
Después de una espera de casi siete años, el lunes comenzará el juicio contra los acusados del crimen de Sebastián Medina, el joven que denunció la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza. El joven fue asesinado después de haber sido trasladado sin autorización a la cárcel, ya que se lo debió haber protegido. Entre los acusados aparecen el autor material y varios ex funcionarios del Servicio Penitenciario. La fiscala Adriana Giannoni giró esta causa a la Justicia Federal para que investigara la posible existencia de una red de tráfico y comercialización de drogas. El fiscal Pablo Camuña acumuló todos los expedientes que investigaba y pidió el procesamiento de varios funcionarios y hasta del destituido juez de Ejecución Roberto Guyot. La causa sigue tramitándose. Ya fueron condenados el enfermero del penal Miguel Herrera y el guardiacárcel Walter Vallejo por la venta de sustancias.
Caso V
Secuestro en plena pandemia
El 20 de junio de 2021, cerca de las 1.30, un taxista que transitaba en un auto con su pareja y el hijo de ambos, fue secuestrado por cuatro personas. Los captores comenzaron a exigirle a un pariente de la víctima que les entregara dinero o droga para liberarlo. Fueron detenidos en Barrio Norte y se descubrió que se trataba de una banda integrada por policías federales y provinciales y un civil que se habría dedicado a esta modalidad delictiva. Fueron procesados los federales Gonzalo Lagoria y Néstor Medina (estaba de guardia ese día) y los efectivos provinciales Luciano Campos y Jonathan Díaz que estaban prestando servicio cuando se registró el hecho. El único civil acusado fue Ángel Medina, hermano del otro acusado.
En agosto de 2023 los tres fueron condenados y recibieron penas de 10 y 14 años. Aún se encuentran encerrados en el penal de Villa Urquiza
Casos VI y VII
Los mismos nombres en dos hechos
La causa se inició y terminó como un robo, pero las dudas que surgieron en el debate y las pruebas que sumó el fiscal Agustín Chit, se trataría de una banda que se especializaba en secuestrar narcos. El 19 de febrero de 2022, cinco policías vestidos con sus uniformes se presentaron en la casa de un supuesto transa de Famaillá para asaltarlo, aunque todo parecería indicar que habrían intentado secuestrarlo. Darío Martín Romano, Bruno Carmelo Ciolfo y Guillermo Gustavo Fernández recibieron pena de entre 10 y 15 años, pero por el delito contra la propiedad. Cuando se difundió ese caso, un productor denunció que al menos uno de los uniformados lo habría secuestrado de su campo de Leales porque tenía plantas de marihuana. Para liberarlo, sus familiares pagaron una suma de dinero y entregaron un vehículo. Por esta causa, que aún se tramita, fueron detenidos al menos cinco efectivos más.
Lo más popular
