Cuando los mensajes no son claros

Fueron varios los acontecimientos registrados en menos de una semana para entender qué pasa cuando los mensajes no llegan en tiempo y en forma. Son muchas las pruebas. La falta de señales claras complica un presente que está cargado de interrogantes en tiempos en los que gran parte de la sociedad pide a gritos certezas.

¿Cuáles son las consecuencias de que aún no se sepa qué pasó con Paulina Lebbos? Significa nada más y nada menos que en este caso triunfó la impunidad. Por más que la idea sea dolorosa para todos aquellos que luchan desde hace 18 años para que se esclarezca el femicidio. La realidad indica que el expediente se mueve cada vez que LA GACETA arroja un dato. En febrero de 2021 este diario publicó que la causa estaba amenazada por la prescripción. En tiempo récord, la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó un fallo que había sido emitido dos años antes. Ahora pasó algo similar. En nuestra edición del lunes, se informó que nada se sabía del trámite de elevación a juicio contra César Soto, la ex pareja de la estudiante que fue señalado como el autor del homicidio. Ese mismo día el expediente se movió y avanzó después de estar paralizado durante más de un año.

Policías, funcionarios políticos y uno judicial fueron condenados por haber realizado todo tipo de maniobras para evitar que se supiera la verdad. Es la confirmación misma de que el Estado estuvo al servicio del mal. Instaló la idea de que en Tucumán cualquiera puede hacer lo que quiera sin tener el castigo correspondiente. Miguel “Miguelón” Figueroa, el supuesto narco que podría ser el primer tucumano en recibir dos cadenas perpetuas en menos de un mes, sigue sin entender porqué está sentado en el banquillo de los acusados. Pese al alud de evidencias en su contra, él cree que hay toda una campaña política en su contra. Piensa que él fue el elegido para ser un ejemplo de que en la provincia cambiaron las cosas.

Mundo azul

¿Qué pasaría si los policías que protagonizaron la huelga policial de 2013 que derivó en los saqueos no hubieran esperado 11 años para ser enjuiciados? Al no haber llegado el mensaje a tiempo y en forma, en la fuerza (aunque sean pocos) quedan personas que creen que generando caos pueden conseguir mejoras salariales o en sus condiciones laborales. Más de la mitad de los implicados en el intento de huelga desactivada el domingo ya lucían uniformes en ese diciembre negro. Sabían perfectamente de las consecuencias que podían generar si llegaban a acuartelarse. “No se puede creer lo que hicieron. Parece que viven un tupper”, dijo el defensor de uno de los efectivos que está siendo enjuiciado.

Las autoridades políticas y policiales sí entendieron el mensaje de una sociedad que colmó una plaza Independencia en esos convulsionados días de diciembre de 2013 para exigirles la renuncia por haberlos dejado a la merced de los delincuentes. En esta oportunidad, no les tembló el pulso. En menos de 13 horas identificaron a los autores y antes de que se cumplieran las 24, los cabecillas fueron detenidos y a sus seguidores se les inició el proceso administrativo para ser expulsados de la fuerza. La gran pregunta es determinar quiénes son los civiles investigados y porqué decidieron acompañar a los policías. Más allá de las dudas y rumores, antes de que se cumplieran las 48 horas de la intentona, sus responsables fueron procesados por instigar a una sedición policial. Sí leyó bien 48 horas, no 11 años.

El gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girveau, pusieron el grito en el cielo por un grave incidente que se registró en Monteros. Dos hombres y una mujer agredieron salvajemente a cuatro policías que habían intentado frenar un incidente hogareño. Después de reducirlos (con la ayuda de los vecinos que le propinaron una feroz golpiza a los autores) consultaron a la fiscalía que conduce Mónica García de Targa los pasos a seguir. Un funcionario ordenó que sean dejados en libertad. Las quejas fueron tan fuertes que cuatro días después, a los acusados se les dictó la prisión preventiva por tres meses y en la audiencia se terminó felicitando a los efectivos por haber actuado correctamente. Aquí hubo dos mensajes. El PE no dudará en cuestionar a la Justicia los errores que cree que comete y la prueba más clara de que no hacen falta más leyes o endurecerlas, sino hacerlas cumplir.

Retorno a las aulas

¿Este año el ciclo escolar estará signado por las amenazas de bomba? Esa es la pregunta que comenzará a responderse a partir del lunes. El 2023 estuvo signado por la “moda” de ataques intimidatorios a establecimientos educativos. Los primeros puntos de fiebre se detectaron en marzo y llegó a su pico en agosto. Todo llegó a su fin cuando el Ministerio Público Fiscal comenzó a procesar a los supuestos autores. En total, según explicaron fuentes judiciales, se iniciaron más de 100 expedientes y los que se cerraron impidieron que el mensaje llegara con claridad a sus autores.

Por ejemplo, establecimientos educativos identificaron a los autores, les aplicaron sanciones y hasta los obligaron a realizar tareas comunitarias para que revisaran su conducta. Pero cometieron un grave error: jamás informaron a las autoridades judiciales que seguían investigando los casos dilapidando recursos humanos que, en esos días, estaban sobresaturados de trabajo por la cantidad de amenazas. Al dar explicaciones, las autoridades señalaron que tomaron ese camino para proteger a los adolescentes ante posibles acciones penales.

Los padres también tomaron el mismo camino. Tres progenitores cerraron los expedientes a través de una probation, es decir, una reparación económica por el daño causado. La Justicia los había procesado por ser los titulares de las líneas o del servicio de internet por donde se enviaron las amenazas, aunque todos sospechaban que los verdaderos autores habían sido sus hijos, pero como no tenían la manera de probar quién era el autor, terminaron aceptando el acuerdo. Durante esta semana se finiquitará un cuarto expediente. Este tiene una particularidad. En un primer momento, la acusada habría admitido que su hijo había sido el autor y presentó los teléfonos para que fueran analizados. Cuando los peritos los revisaron, descubrieron que habían sido dañados para que no se pudiera conseguir ninguna prueba, por lo que ella quedó procesada. ¿Qué tipo de mensaje recibieron estos chicos? Otro interrogante que no tiene respuesta.