27 Febrero 2024
PUJA LEGAL. Chris Marchese, director del NetChoice Litigation Center, habla con la prensa frente a la Corte.
WASHINGTON, Estados Unidos.- La Corte Suprema estadounidense escuchó ayer argumentos orales en casos que podrían transformar el discurso de las comunidades de redes sociales.
Los dos casos se refieren a disputas sobre leyes respaldadas por los republicanos conservadores en Florida y en Texas, que tienen como objetivo impedir que las empresas de redes sociales moderen contenido. Se trata de una postura que los grupos tecnológicos que representan plataformas como Facebook y X ven como una violación de sus derechos de la Primera Enmienda de la Constitución del país.
La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de expresión, de prensa y de reunión y establece que el Congreso no puede restringirlos o limitarlos.
Las leyes en debate, ambas aprobadas en 2021, en estados con gobiernos republicanos conservadores, que avanzaron contra derechos de las mujeres y personas LGBT, surgieron en respuesta a lo que sus partidarios vieron como discriminación por parte de las plataformas de redes sociales, que intentaron bajar el tono de los discursos incendiarios de Donald Trump.
La controversia se produjo tras las decisiones de Meta y Twitter de prohibir el acceso de Trump a sus plataformas después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio, por parte de un grupo enardecido por la arenga del ex presidente.
Los estados en el caso argumentan que las empresas de redes sociales deben ser tratadas como cualquier negocio, por lo que no deberían tener la posibilidad de eliminar publicaciones o prohibir usuarios en función de sus opiniones. Pero las empresas responden que las leyes infringen su criterio editorial, argumentando que deberían ser tratadas más como medios de comunicación que como plataformas de entretenimiento.
Tanto la administración del actual presidente, Joe Biden, como Trump han intervenido en la disputa, subiendo la apuesta sobre las implicaciones políticas.
Después de escuchar durante casi cuatro horas los argumentos orales, los jueces de la Corte Suprema se mostraron cautos sobre un posible avance de leyes como las de Texas y Florida, diseñadas para impedir que los gigantes de las redes sociales repriman las opiniones conservadoras, pero también sugirieron que cualquier decisión que surja después de escuchar a las partes puede no ser la última palabra.
Durante la exposición de argumentos, los jueces parecieron divididos en líneas no ideológicas mientras luchaban por determinar si las empresas de redes sociales como Meta y X habían creado una “plaza pública” que las diferenciaba de otras entidades privadas.
El debate gira alrededor de si las plataformas de redes sociales deberían ser tratadas como “operadores comunes”, como las compañías telefónicas, que deben transmitir contenido a través de sus redes independientemente del punto de vista o si actúan más como editores de medios de comunicación, que pueden elegir qué artículos colocar en la tapa o portada.
A pesar de lo mucho que está en juego y del potencial de cambiar radicalmente la forma en que millones de estadounidenses obtienen sus noticias e información en los sitios populares, varios de los jueces parecían estar buscando un resultado potencial que mantendría las leyes en suspenso temporalmente y permitiría a los tribunales inferiores examinar más a fondo el impacto en sitios de Internet.
Texas y Florida prohiben que las plataformas en línea eliminen o degraden el contenido de los usuarios que exprese ciertos puntos de vista, legislación que surgió en respuesta a acusaciones de Trump y otros conservadores de que las plataformas estaban obstaculizando las perspectivas conservadoras.
Dilema: en busca de un equilibrio de puntos de vista
La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se inclinan por la postura de que las leyes de Florida y Texas violan derechos de las empresas de redes sociales, aunque también expresaron su preocupación de que bloquearlas por completo podría ir demasiado lejos. Las leyes, que aún no entran en vigor, obligarían a las empresas a expresar los puntos de vista de todos los usuarios y les impedirían expulsar de la plataforma a los candidatos políticos.
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