24 Febrero 2024
Una gestión responsable de Gobierno, cuyo fin sea efectivamente el cambiar para bien las cosas y mejorar las condiciones de vida de sus compatriotas, primero debe tener un conocimiento cabal del funcionamiento del Estado y de la Constitución Nacional y, segundo, una vocación innegociable por la verdad y la transparencia. El Fondo fiduciario para la integración sociourbana fue una maravillosa herramienta transformadora, nacido desde una de las acciones más progresistas adoptadas por el Estado nacional en las últimas décadas, que consistió en cobrar un impuesto a las grandes fortunas y destinar ese dinero a los sectores más vulnerables y postergados de nuestra Sociedad. El Renabap fue la hoja de ruta y Fernanda Miño quien condujo este colectivo. Fernanda nació en el Barrio La Cava y fue la primera “dirigente villera” en ser Secretaria de Estado, como Presidenta del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana). Sólo en la ciudad tucumana de Tafí Viejo, en los últimos dos años, se realizaron inversiones en seis barrios populares, que cambiaron para siempre la vida a 700 familias, con: vereda y arbolado; red de agua y cloacas; alumbrado público; conexiones intralotes de luz, agua, cloaca y gas; núcleos húmedos con equipamiento en lavadero; cocinas; baños y termotanques solares. Como último paso, se llegaba a la regularización dominial y, lo que antes era un asentamiento, pasaba a ser un barrio con sus familias contando con el título de su propiedad. La mano de obra para cada uno de estos proyectos no fue gerenciada por empresas constructoras o por la “patria contratista”, sino por mujeres y hombres de los mismos barrios (una exigencia plasmada en cada convenio firmado para tal fin), generando con ello no sólo mano de obra directa, sino además, capacitación y formación en oficios. Para apoderarse de estos fondos, el Gobierno nacional inició una injusta y feroz campaña de desprestigio en contra de esta excelente funcionaria y en contra de Juan Grabois, quien nunca fue funcionario ni manejó estos dineros públicos. Posteriormente y, en letra muy chiquita, funcionarios del actual gobierno nacional salieron a declarar que las auditorías realizadas al FISU no arrojaron ningún caso de corrupción ni de desvío de fondos. Pero el daño, la estigmatización y la criminalización, ya estaban hechos, contra personas de bien y contra cientos de barrios populares que seguirán sumidos en el abandono y en el olvido. Demasiado injusto para ser una medida venida desde las “fuerzas del cielo”.
Javier E. Guardia Bosñak
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