Por Gustavo Rodríguez
24 Febrero 2024
ESPERANDO LA AUDIENCIA. Lautaro Ávila, su madre Vanesa Coronel y atrás, Héctor Ricardo Cisneros.
A pesar de que le imputaron cuatro delitos y que un juez le dictó la prisión preventiva por dos meses, sólo uno de los acusados de haber agredido será encerrado en un calabozo. Una mujer permanecerá en el hospital de Monteros y el otro imputado, fue trasladado al hospital Obarrio para recibir un tratamiento de desintoxicación.
El lunes, pasadas las 14.30, un vecino llamó al servicio 911 para denunciar que en una vivienda de Monteros se estaban registrando incidentes. Personal de la División Motorizada fue hasta el lugar. Allí se registraron graves incidentes en el que terminaron lesionados dos uniformados y el móvil de la dependencia dañado.
Los agresores fueron reducidos después de que llegaran refuerzos. Fueron trasladados hasta la comisaría y, al informar sobre lo ocurrido, un funcionario de la fiscalía que conduce Mónica García de Targa ordenó que fueran dejados en libertad. Al salir del lugar donde estaban demorados, insultaron a los policías y fueron detenidos por contravención.
El jefe de Policía Joaquín Girveau no ocultó su malestar por la decisión tomada por los funcionarios judiciales. También le comentó de la situación al gobernador Osvaldo Jaldo para que tomara cartas en el asunto. Horas después, Vanesa Marcela Coronel, su pareja Héctor Ricardo Cisneros y su hijo Lautaro Alejandro Ávila, por orden judicial, quedaron detenidos.
La acusación
Ayer se realizó la audiencia en la que se definiría la situación procesal de los tres sospechosos. El auxiliar Bernardo Sassi, siguiendo las instrucciones de la fiscal Targa, decidió acusar a los tres de atentado y resistencia a la autoridad, pero además, de manera separada, de lesiones leves y daños.
El representante del Ministerio Público se encargó de detallar detenidamente el desarrollo de los hechos. Confirmó que el personal asistió al lugar porque los vecinos habían denunciado que se estaban registrados incidentes en la viviendas donde residía.
La mujer, con una tijera en su poder, atacó al agente Pedro Romano. Al observar esta situación, intervino su compañero Santiago Sánchez y le arrojó varios golpes hacia su humanidad, provocándole la lesión en uno de sus dedos. Sobre Cisneros, Sassi detalló que atacó con un cuchillo de unos veinte centímetros de largo al uniformado Aníbal Pacheco. Indicó además que le propinó un golpe en el chaleco antibalas donde tenía su arma, provocándole la rotura de la culata. Luego este acusado, también agredió con el mango del arma blanca al efectivo Luis Zárate aprovechando que se había caído al suelo y provocándole lesiones en el brazo. Mientras tanto, Ávila, que tenía en su poder un látigo de madera con tira trenzada atacaba a los policías.
Por último, relató que al llegar el móvil de la comisaría que era conducido por el agente Santiago Barrionuevo, Cisneros arrojó una piedra que terminó destruyendo el parabrisas de la unidad. Los otros dos también hicieron lo mismo, pero en estos generando abolladuras en el chasis del vehículo. Sassi dijo que los acusados, por la gravedad de los incidentes, fueron reducidos por los mismos vecinos que también los golpearon. Solicitó que se le dicte la prisión preventiva a los tres por dos meses.
“Estamos hablando de un hecho grave y en el que se debe destacar la conducta que tuvieron los uniformados. A pesar que portaban sus armas reglamentarias, ninguno de ellos ni amagó en sacarlas para defenderse”, destacó el auxiliar. “También no puede dejar de tenerse en cuenta la gravedad de las complicaciones que generaron al dañar el móvil. En estos tiempos, se desafectó un elemento vital para realizar una tarea tan importante como la prevención del delito”, explicó.
Las defensas
Los defensores Maximiliano Décima (Cisneros) y Juan Carlos Pintos (Coronel y Ávila) primero plantearon algunas cuestiones, no formularon oposición por los delitos por los que fueron acusados, pero sí cuestionaron el dictado de la prisión preventiva. El primero pidió que sólo fuera por 30 días y el otro, directamente la rechazó.
Décima relató que un profesional le diagnosticó a su defendido un síndrome de abstinencia por las múltiples adicciones que padece y solicitó que reciba tratamiento. Pintos indicó que su defendida le había informado que podría estar embarazada y que se sentía mal por los golpes que recibió. “No serían de los vecinos, sino de lo les habrían propinado en la comisaría donde se encuentra detenida”, argumentó el defensor oficial.
La audiencia fue suspendida por unos minutos para que la mujer sea atendida por el médico del Centro Judicial de Monteros. Luego, por recomendación del profesional, fue derivada al hospital de esa ciudad donde quedó internada.
El juez Marcos Núñez Campero avaló todo lo pedido por el Ministerio Público. Sin embargo, ordenó que Cisneros fuera trasladado al hospital Obarrio para ser sometido a un tratamiento de desintoxicación y sobre Coronel dispuso que continúe internada. También pidió que sean revisados por un profesional para que informe el desarrollo de su estado de salud para definir si deben ser trasladados a un calabozo. Ese fue el destino de Ávila, que no tenía ningún problema de salud.
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