Los infernales de Milei

El gobernador Osvaldo Jaldo volvió de Salta un poco más convencido de que la decisión adoptada en enero fue la correcta. Las 48 horas de reuniones privadas intercaladas con protocolo que mantuvo en esa provincia le permitieron regresar con pocas certezas, pero con algunas promesas y mejores perspectivas.

La expectativa que se había posado sobre esa cumbre no era exagerada. La tensión institucional y política en el país había escalado a niveles inéditos a partir de la vuelta a comisión de la megaley enviada por Javier Milei al Congreso. Tras el revés en Diputados, el Presidente se despachó contra varios gobernadores, echó a funcionarios ligados a algunos de ellos y profundizó su discurso anticasta. En paralelo, avanzó con recortes que impactaron por igual entre las provincias “aliadas” y aquellas “traidoras”. La eliminación del Fondo Compensador del Transporte en el interior y el Fondo de Incentivo Docente son los dos ejemplos más concretos.

Con todas esas dudas a cuestas partió Jaldo hacia Salta. Más aún después de que se abrieran interrogantes en muchos sectores del peronismo nacional y provincial respecto de los beneficios obtenidos tras haber roto el bloque de Unión por la Patria en Diputados para garantizar su alianza con los libertarios. Incluso, la conveniencia y la oportunidad de este encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos; y con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, fue motivo de cabildeo.

“Se necesita un pacto de gobernabilidad con las provincias”, blanqueó el anfitrión Gustavo Sáenz tras el encuentro. Precisamente, el salteño fue uno de los mandatarios que había sido castigado por Milei: Flavia Royón, que estaba a cargo de Minería, fue desplazada tras la frustrada sesión por la “Ley Ómnibus”. El planteo del ex massista resume la preocupación de todos sus pares: necesitan recursos y previsibilidad y, los más moderados están dispuestos a negociar los puntos de la norma que urgen a la Casa Rosada.

Aflicción similar

Poco es lo que se habló de política con la presidenta del Senado, que si bien participó de los actos por un nuevo aniversario de la Batalla de Salta no profundizó las charlas con los mandatarios sobre la coyuntura y las diferencias con su compañero de fórmula. En cambio, Jaldo, Sáenz, el jujeño Carlos Sadir, el misionero Hugo Passalacqua y el catamarqueño Raúl Jalil aprovecharon el almuerzo con el ministro Francos para reencauzar el diálogo.

A todos les aflige lo mismo: que la Nación restituya fondos a las provincias antes de que, como La Rioja, deban comenzar a pensar en la emisión de cuasimonedas. ¿Esa restitución puede darse por el Congreso? Las trabas allí son demasiadas, ya pasó cuando se barajó la chance de que se coparticipe el Impuesto PAIS (para compras y turismo fuera del país) y cuando se acordó la reimposición del Impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipado a las provincias. En el primer caso, la negativa vino del Gobierno, porque esa caja va directamente al financiamiento del Estado nacional. En el segundo caso, los contratiempos surgen por la misma variedad que presenta la radiografía nacional. Hay gobernadores de provincias, en particular del centro y sur del país, para los que resulta más difícil justificar el cobro de ese impuesto sobre el salario de los trabajadores. Ocurre que en esos distritos sí hay un número de mayor de personas que podrían ser alcanzados por el tributo. En el Norte de la Argentina, en donde los sueldos son históricamente más bajos, esa cuestión no intimida a los mandatarios.

Frente a este dilema, se escucha con más insistencia hablar de una suerte de Acuerdo Fiscal entre la Nación y las provincias. Fue el eje de conversación entre los gobernadores y Francos, y es el tema del que hablan los mandatarios de Juntos por el Cambio. El entrerriano Rogelio Frigerio y el chubutense Ignacio Torres se lo plantearon, en paralelo, al propio Mauricio Macri esta semana, con la intención de “mediar” ante Milei.

Lógicamente, el Gobierno libertario exigirá algo a cambio. Y una pista concreta la dio el ministro de Economía, Luis Caputo. Cuando le preguntaron si podía volver a tratarse la “Ley Ómnibus” en el Congreso, el funcionario se sinceró: “No lo descarto. Sería auspicioso para el país”, dijo. Como hoja de ruta, planteó que primero se debe tratar la ley como se había acordado y luego analizar el paquete fiscal con los gobernadores. “Hay gobernadores que están reconsiderando su posición respecto de la Ley Ómnibus. Más de uno se arrepiente de no haber llegado a un acuerdo”, desafió.

Con los gobernadores del norte, Francos no fue tan contundente respecto de que la “Ley Ómnibus” vuelva a ser analizada tal cual fue retirada del recinto. Sí deslizó que el Presidente tiene un interés particular en que el contenido de ese paquete sea abordado por el Parlamento. Es decir, puede volver a ser enviada de manera segmentada.

Con ese trasfondo, se explica por qué desde Salta el tucumano confirmó que los docentes de esta provincia seguirán cobrando el Fondo de Incentivo Docente. “Nosotros no claudicamos a nivel nacional esos conceptos, pero si la Nación se demora o decide no transferir, la Provincia se va a hacer cargo”, afirmó Jaldo. El monto que implica esa erogación no es menor: son alrededor de $ 1.200 millones mensuales extra para la Casa de Gobierno.

Más tranquilo

Si a ese número se suman los casi $ 900 millones por mes que ya no llegan del Fondo Compensador del Transporte, vuelven a plantearse las dudas respecto de la postura asumida por Jaldo frente al poder central. Frente a eso, “El Comisario” ensaya respuestas. Quienes pudieron conversar con él a su regreso de Salta aseguran que está mucho más tranquilo que hace un par de semanas. “Chaco y Tucumán son las provincias por las que mejor consideración tiene la Nación”, afirman en su entorno. En el caso del distrito del NEA, la intención es netamente política: sepultar políticamente los vestigios del kirchnerista Jorge Capitanich. En el caso de Tucumán, son una respuesta a las muestras de lealtad que viene dando Jaldo.

Esa retribución, cuentan en los pasillos del edificio de San Martín y 25 de Mayo, se viene cumpliendo con un lastre que preocupaba muchísimo a Jaldo: la deuda de Tucumán con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Alrededor de $ 30.000 millones heredados de la gestión de Juan Manzur, que con intereses y actualización mediante CER se duplicarán hacia finales de año. Ese fideicomiso fue creado mediante decreto N° 286 en 1995, cuya función fue financiar programas de reforma fiscal y financiera de las provincias. 

La soledad y Chubut

El Fondo venció el 31 de diciembre y, claramente, no será renovado por Milei, que también se encargó de confirmar en estos últimos días la eliminación de estas cajas. De hecho, el 1 de diciembre los gobernadores del Norte Grande se lo habían solicitado mediante nota al jefe de Estado. Más allá de esos entretelones, lo cierto es que al no ser renovado, desde enero Tucumán debía comenzar a saldar la deuda en cuotas mensuales de unos $ 7.500 millones. Eso, hasta aquí, ha sido considerado por el Gobierno de Milei (se habrían descontado hasta el viernes poco menos de $ 5.000 millones) y se habla incluso de la posibilidad de una refinanciación. 

Allí, probablemente, radique buena parte de la tranquilidad con la que defiende Jaldo su posición. Tan convencido pareciera estar que es el único gobernador que no salió en defensa de su par de Chubut, Ignacio Torres, en el cruce de cartas y de amenazas con Milei.