24 Febrero 2024
ESCAPAR DE LA MOTOSIERRA. Con la ley de emergencia, a Provincia inyectará fondos y flexibilizará contratos de obras que considera primordiales. La Gaceta / foto de Franco Vera
Evitar el parate de la obra pública es la premisa que tiene el gobernador Osvaldo Jaldo, en un contexto inflacionario, de crisis y del plan de recortes que implementa el Gobierno de la Nación en busca del déficit cero. Precisamente, desde que se inició la gestión de Javier Milei la provincia de Tucumán no recibió desembolsos para avanzar con los proyectos que se encontraban en ejecución o aquellos que se firmaron con la administración anterior, según indicaron funcionarios del Poder Ejecutivo (PE).
“No están llegando los fondos desde que cambiamos el Gobierno. La burocracia hace que los subsecretarios tengan que ser la primera firma para los pagos y en muchos casos todavía no están designados”, afirmó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti en una entrevista con LG PLAY. Destacó, sin embargo, el compromiso de la Provincia para darle continuidad a los trabajos, a pesar de los diversos obstáculos que enfrentan a nivel nacional debido a la transferencia de fondos.
“Estoy tratando de que las obras continúen. La instrucción que tenemos del gobernador Osvaldo Jaldo, en algunos casos porque había dinero remanente que había quedado del gobierno anterior, en algunos casos por esfuerzo de las empresas que están trabajando con el compromiso de que van a llegar los pagos de certificados ya presentados, y en algunos casos, lamentablemente sí, neutralizando hasta que el Gobierno nacional termine de definir cuáles son las que van a continuar y cuáles son las que van a parar”, desarrolló Yanotti.
Según trascendió a nivel nacional, el plan de fuerte ajuste fiscal sólo dejaría margen para que continúen en marcha los proyectos que tengan al menos un 80% de avance. Y de las más de 200 obras públicas de infraestructura que se iniciaron en Tucumán con fondos nacionales, menos de una quincena están por encima de ese porcentaje y muy por debajo está un proyecto que Jaldo considera clave: la penitenciaría de Benjamín Paz (alrededor del 50%).
Emergencia en vigencia
Por este motivo, la Provincia avanza en un esquema para acelerar los proyectos que considera prioritarios como la cárcel, las alcaidías y la recuperación de establecimientos educativos de cara al pronto inicio de las clases. Para ello se ampara en la ley de emergencia en obra pública, que fue promulgada bajo el número 9.751 y publicada esta semana en el Boletín Oficial.
La norma, trabajada en conjunto con la Cámara Tucumana de la Construcción, declara por el término de un año el estado de emergencia en materia de obra pública en Tucumán para establecimientos educativos, de seguridad y penitenciarios, de infraestructura vial, entre otros. Fue aprobada de forma unánime por la Legislatura y busca asegurar la continuidad de los proyectos infraestructurales de la provincia “en miras a la protección de intereses públicos y al cuidado del bienestar general”, mediante la flexibilización de los contratos de las obras que contaban con financiamiento nacional.
Beneficios de la norma
Yanotti detalló que una de las principales problemáticas que encuentra el sector es la demora en alcanzar los objetivos dentro de los términos pautados en las licitaciones, lo que termina por incurrir en penalidades por parte del Estado. La ley, precisamente, permite flexibilizar y rediscutir las condiciones de los trabajos, y que la Provincia pueda financiar los trabajos -según su disponibilidad- hasta que se cumplan los compromisos nacionales. Jaldo remarcó que no caludicará en dialogar con la Nación para que envíe los fondos que le corresponden a Tucumán.
“La ley nos posibilita rediscutir los contratos, moviendo plazos que están por concluirse o ‘etapizando’, porque lo ideal es no reducir las obras, sino realizarla en etapas”, explicó el ministro.
La declaración de emergencia permite suspender o neutralizar los plazos consensuados con los contratistas a fin de adaptarlos al flujo de los fondos de financiamiento, redeterminar precios, adecuar los proyectos a las necesidades de ahorro de recursos y rescindir contratos de común acuerdo con las constructoras.
A su vez, Yanotti señaló que el Gobierno busca darle mayor importancia y celeridad a las obras que puedan ser completadas a la brevedad, o que permitan reactivar la industria de la construcción: “Todo lo que es vivienda, urbanismo, pavimentación e instalaciones de luz y gas genera empleo para todo tipo de profesiones y eso es lo que nosotros priorizamos”.
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