La Fiscalía de Cibercriminalidad imputó a Gabriela Cecilia Villarreal y María Vanesa Iácono como coautoras del delito de intimidación pública por la falsa amenaza de bomba que sufrió el Colegio Guillermina. A través de un acuerdo de probation ambas mujeres realizarán tareas comunitarias durante seis meses, estarán sometidas a una serie de reglas de conducta por un año y pagarán una reparación económica a la División de Explosivos de los Bomberos de la Provincia.
Según la acusación expuesta por la auxiliar fiscal Jessie Luz García, el 31 de agosto de 2023, a las 10.12, Iácono y Villarreal desde la dirección de correo [email protected] mandaron de manera conjunta un mail a la institución educativa que decía “hola les comunicamos que plantaremos una bomba en el polideportivo de la institución; la bomba tiene un temporizador de 15 minutos, que tengan una buena”. Al leer el mensaje alertaron la situación al 911 por lo que la institución tuvo que ser evacuada por la Policía y los Bomberos de la provincia para aplicar el protocolo antibombas.
Fue gracias a un oficio librado a Google, Claro y Telecom, los investigadores descubrieron que el mail con el cual se hizo la amedrentación fue creado un día antes de la misma y que tanto Iácono como Villarreal eran titulares de las redes wifi con las cuales se realizó el envío.
Los abogados defensores Luciana Barnes y Carlos Gustavo Quiroga no se opusieron a la imputación de cargos. En su lugar solicitaron la suspensión de juicio a prueba durante un año.
Barnes propuso que Villarreal entregue una remuneración económica de $40.000 en dos pagos, que realice tareas comunitarias en una fundación ubicada en la avenida Mate de Luna 4.205, cuatro horas semanales durante seis meses y que cumpla con medidas de menor intensidad. En el mismo sentido, Quiroga propuso que Iácono preste servicio comunitario en una fundación ubicada en El Manantial dos veces a la semana por dos horas y media cada jornada, durante seis meses. También ofreció un resarcimiento económico de $130.000 y que cumpla medidas de menor intensidad.
La Fiscalía no se opuso al acuerdo pero dispuso que el dinero sea destinado a la División de Bomberos y Explosivos de la Provincia. Finalmente la jueza Eliana Gomez Moreira hizo lugar a los planteos de las partes.
Antecedente
Con este caso ya son tres las personas imputadas por el delito de intimidación pública que solicitaron una probation. El primero fue Ezequiel Williams, acusado por las amenazas de bomba a los colegios Santa Rosa y Las Colinas en diciembre de 2023. El hombre se ofreció a prestar servicio en un comedor comunitario dos horas por semana durante un año y a pagar un resarcimiento económico de $200.000.
Además, hace una semana, la Justicia sentenció al agente policial Matteo Galván a tres años y seis meses de prisión por la falsa alarma en la Secretaría de Trabajo, convirtiéndose en el primer condenado de la provincia por realizar una amenaza de bomba. (Producción periodística: Micaela Pinna Otero)