Por Gustavo Rodríguez
22 Febrero 2024
MÁXIMA TENSIÓN. Un policía toma un palo en uno de los momentos más álgidos de la violenta pelea que se registró en Monteros. imagen de video
El video registrado por una vecina dura 34 segundos. Ese tiempo fue suficiente para que se viralizaran las imágenes de un grave enfrentamiento entre tres jóvenes monterizos y policías. El incidente se registró el lunes y dejó como saldo un efectivo herido. También generó una dura polémica porque la Justicia decidió que los revoltosos no quedaran aprehendidos. Luego de que transcurrieran 48 horas del hecho, la fiscala Mónica García de Targa avaló la aprehensión de los acusados.
Todo comenzó el lunes cerca del mediodía. Un vecino llamó al servicio 911 para denunciar que en un sector de la ciudad de Monteros se estaría produciendo una usurpación. Al llegar al lugar, los pesquisas encontraron a R.C. (34 años) con un cuchillo en sus manos, V.M.C (35) portando una tijera y al adolescente L.A.V (18), con un látigo. Cuando los cuatro uniformados trataron de poner orden, fueron atacados por los revoltosos.
La escena fue dantesca. Los uniformados, que sólo contaban con sus armas reglamentarias para repeler el ataque de los denunciados, tuvieron que solicitar refuerzos para reducirlos. Previamente, la joven hirió al agente Santiago Barrionuevo en la mano con la que habría intentado proteger su pecho, por lo que tuvo que ser atendido en un sanatorio. Al no poder detenerlos, uno de los efectivos tomó un trozo de madera para poder neutralizarlos.
“Fue una batalla campal, casi cuerpo a cuerpo. Los pobres policías no podían frenar a los agresores. Les tiraban piedras y quisieron agredirlos con palos. Realmente fue muy fuerte lo que sucedió”, indicó Juan Pablo Décima. “No estuve en el lugar, pero observé el video. La verdad que es todo muy triste. Por un lado, el nivel de salvajismo de algunos y, por el otro, la impotencia de los uniformados. No tengo dudas de que si disparaban con sus armas reglamentarias hubieran tenido problemas. ¿Cuál es el límite, entonces?”, se preguntó Esteban Fuentes.
Más incidentes
Con la llegada de los refuerzos, los efectivos pudieron aprehender a los sospechosos. Pero los vecinos de la zona comenzaron a arrojarles piedras para evitar la medida, provocando daños en la camioneta de la comisaría. Los demorados fueron trasladados a la dependencia policial. Las autoridades se comunicaron con los funcionarios de la fiscalía que conduce García de Targa, que dispuso que sean puestos en libertad.
“Fue una decisión vergonzosa. Fue un hecho grave, donde corrió peligro la vida de nuestros hombres”, aseguró el jefe de Policía Joaquín Girveau. “No entendíamos absolutamente nada. Hay cuestiones que se tienen que analizar porque en definitiva está en riesgo las personas que deben proteger al resto de la ciudadanía, gente de bien”, agregó el titular de la fuerza.
Girveau confirmó que las tres personas fueron detenidas a los pocos minutos por contravención. “Al salir, ellos y sus familiares comenzaron a insultar al personal policial, por lo que se los detuvo por contravención. Sus familiares arrojaron piedras causando daños en la comisaría”, destacó.
“Hemos recibido precisas instrucciones del gobernador (Osvaldo) Jaldo de que debemos preservar la propiedad privada. En este caso, nuestros hombres actuaron por una tentativa de usurpación”, indicó Girveau. “Lamentablemente no tuvimos el respaldo de la fiscalía de Monteros en avalar el procedimiento. Fue muy llamativo. Vamos a plantear este tema para que no se repita más”, agregó el funcionario.
Girveau, después de darle esta entrevista a LA GACETA, mantuvo una reunión con Jaldo en donde habría planteado esta situación.
Horas después, la fiscala García de Targa ordenó la aprehensión de los tres acusados, que aún continuaban detenidos por la contravención.
“Se está avanzando en la investigación y ya se solicitó la audiencia (que la OGA fijará en principio para este viernes). En el día de hoy se tomaron declaraciones a los policías que han participado y estamos trabajando sobre el hecho en sí para comprobar los daños al móvil policial también”, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. En principio, los aprehendidos serán acusados de atentado y resistencia a la autoridad.
Detalle I: dos casos con diferentes criterios
“Nos llamó la atención la diferencia de criterios que hubo para resolver dos casos de agresiones contra el personal policial. Mientras una fiscalía del Centro Judicial Capital resolvió rápidamente el problema, la de Monteros directamente la ignoró”, indico el jefe de Policía Joaquín Girveau en una entrevista con LA GACETA.
El domingo, después del tradicional baile de carnaval de Ranchillos, fueron demoradas por haber protagonizado incidentes en la puerta del club San Antonio. Cuando fueron trasladados a la comisaría de esa localidad, el joven agredió a un efectivo y su compañera, rompió el vidrio de una ventana. Horas después, el defensor de los sospechosos buscó una solución alternativa que fue aceptada por la fiscalía que conduce Carlos Saltor, aceptó no formularles cargos a cambio de que abonaran $50.000 para la asistencia del uniformado herido y para que se reemplazara el vidrio dañado.
“Entendemos que correspondía que la fiscalía de Monteros actuara de la misma manera. No fue un hecho para que los acusados recuperaran la libertad sin siquiera se les haya formulado cargos. Hasta se podría considerar que estuvimos ante un caso de tentativa de homicidio, ya que el cabo puso su mano para que no lo hirieran en el pecho”, explicó Girveau. “La Policía tiene un cuerpo de letrados que actuarán cuando se registren este tipo de problemas. Además de la persecución penal, pelearemos para que los revoltosos se hagan cargo de los daños que generaron con su conducta”, finalizó.
Detalle II: surge otra vez el debate del uso de armas no letales
En el video viralizado de los incidentes quedó al descubierto que los efectivos sólo podían repeler la agresión con sus armas reglamentarias. Incluso, a dos de ellos, se los observa tomar palos para enfrentar a los tres revoltosos. “No tenían tonfas porque son motoristas, es decir, por cuestiones de seguridad no pueden llevarlas”, aseguró una fuente policial.
El debate resurgió días después de que los legisladores republicanos Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra presentaron un proyecto de ley en el que piden que los uniformados puedan portar y usar gas pimienta y armas eléctricas, iniciativa que fue apoyada parcialmente por el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Carlos Najar.
“Todo lo sea bueno para mejorar nuestro trabajo será bien recibido”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau. “Pero insisto, actualmente estos son hechos aislados por lo que necesitamos otras herramientas. Por ejemplo, el apoyo de los fiscales cuando sucedan este tipo de problemas y nuestros hombres hayan actuado en el marco de la ley”, añadió. LA GACETA.com publicó ayer dos encuestas sobre el accionar de los policías. En una de ellas, el 62% sostuvo que era necesario que los efectivos cuenten con armas no letales, pero el 32% consideró que era necesario que reciban capacitación sobre su uso. Apenas el 7% rechazó esta posibilidad. De ese número, más de la mitad opinó que su abuso es un riesgo y el resto, que son instrumentos que violan los derechos humanos.
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