17 Febrero 2024
La creación de una fiscalía especializada en investigaciones de estafas, usurpaciones y defraudaciones viene a aportar una actitud de enfrentar problemas complejos que en nuestro medio han puesto de manifiesto la dificultad de la sociedad y de sus autoridades para resolverlos con prontitud. En el caso de las usurpaciones, muchos han terminado en la pérdida de las víctimas de sus propiedades y en la “legalización” de las situaciones irregulares por obra del paso del tiempo, de reales o supuestos imperativos sociales y de la imposibilidad de cambiar las situaciones
UHace dos años, un informe elaborado por Fiscalía de Estado revelaba que, en el caso de las tierras fiscales, la mayor parte de las usurpaciones ocurren en zonas turísticas: Tafí del Valle, San Javier y El Cadillal, si bien advertían que tras el “boom” de las usurpaciones ocurrido durante la cuarentena, la situación parecía haberse calmado un poco. al menos en lo que se refería a las tierras fiscales. El director de Catastro decía entonces “a los tucumanos les puedo decir una sola cosa: no compren terrenos en El Cadillal porque el 90% de esos inmuebles son fiscales”. Desde entonces se hizo un registro de propietarios para normalizar los terrenos.
Sin embargo , dadas las variedades de las usurpaciones -en terrenos fiscales, en propiedades privadas, en barios construidos no habitados, en cualquier lugar que parezca abandonado o no bien cuidado por sus dueños- las respuestas han sido complejas y en muchos casos llevan años y esperan resolución judicial, como es el caso del barrio privado erigido en predios de las Universidad Nacional de Tucumán. Otras veces se han resuelto rápido como fue la invasión a casas del barrio de Manantial Sur. También hay indecisiones del Estado, que no ga terminado de resolver las cuestiones de los territorios aborígenes de acuerdo a la Ley 26.160, prorrogada hasta 2025, que ha dado lugar a permanentes conflictos en los valles y a innumerables planteos judiciales.
Una estrategia a la que recurrieron los funcionarios fue la de capacitar a delegados comunales para que actúen rápidamente si descubren algún hecho de este tipo en sus jurisdicciones: deben presentar en la Justicia un amparo a la simple tenencia antes de que se cumplan 10 días de la ocupación ilegal. Esto, argumentan, acelera el proceso que debería culminar con el desalojo de los usurpadores. No obstante, los problemas siguen. Ahora se ha anunciado una nueva capacitación de comisionados comunales.
El fiscal de la nueva fiscalía ha explicado que muchas veces las causas quedan navegando en el sistema judicial porque hay una zona gris para determinar si se trata de asuntos penales o civiles, y que su área ayudará a agilizar ese trámite. La nueva oficina debita con 700 causas para resolver y advierte que hay un promedio mensual de 100 denuncias por casos de usurpaciones, estafas o defraudaciones. Es de esperar que la actuación de la nueva fiscalía dé lugar a la agilización de los procesos y forme parte de una nueva actitud del Estado para hacer frente a estos asuntos complejos, irritantes y frustrantes en la comunidad.
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