15 Febrero 2024
El legislador radical Manuel Courel se sumó a los cuestionamientos contra el ex gobernador Juan Manzur, por haber asistido en 2023 con más de $24.000 millones a municipios y comunas de signo oficialista bajo el concepto de fondos no reintegrables y no haber desembolsado dineros para aquellos que son gobernados por la oposición. “Los tucumanos merecemos una nueva ley de coparticipación, para terminar con la arbitrariedad y con el robo de la política”, reprochó el parlamentario.
El yerbabuenense criticó que los tres municipios administrados por intendentes radicales no hayan recibido “ni un centavo” bajo estos conceptos, dentro del marco del ya extinto “Pacto Social”. “Manzur se apoderó de los recursos de los vecinos de Yerba Buena, Concepción y Bella Vista para repartirlos arbitrariamente entre sus aliados políticos. Hay que decir las cosas cómo son”, disparó.
De acuerdo con un relevamiento realizado por este diario, en base a los decretos que se publicaron en el Boletín Oficial, el populoso municipio de Banda del Río Salí fue el más favorecido con asistencias financieras no reintegrables por $3.740 millones, seguido por Burruyacu, con $2.980 millones, y Aguilares con $2.470 millones.
Los primeros 10 puestos se completan con Lules, con $2.148 millones; Tafí Viejo, con $2.095 millones; Famaillá con $2.000 millones; Las Talitas, con $1.780 millones; Monteros, con $1.205 millones; Simoca con $1.100 millones; y Alberdi con $1.030 millones. En tanto que los distritos que no recibieron dineros bajo estos conceptos fueron Alderetes, San Miguel de Tucumán, Bella Vista, Concepción y Yerba Buena.
En noviembre pasado, Courel presentó en la Legislatura un proyecto de ley al que definió como “las bases de una nueva ley de coparticipación”. El borrador apunta a dos cambios sustanciales con respecto al mecanismo actual: primero, que se coparticipe ingresos brutos u otros impuestos que lo reemplacen, como sucede en todas las provincias argentinas.
La segunda modificación importante que contiene el proyecto de Courel aspira a que se determinen los índices de distribución de acuerdo a la cantidad de población para dejar de lado el sistema rígido vigente desde 1991.
Autoridades municipales de signo radical denunciaron el año pasado que el Gobierno hacía un reparto discriminatorio y discrecional de la masa coparticipable -reintegrable y no reintegrable-, según su signo político. Denunciaron ante la Corte de la Nación y de la Provincia que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la normativa que regula actualmente la distribución de fondos.
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