Obras públicas: sólo financiarán proyectos que tengan un 80% de ejecución

El Ejecutivo informó a un conjunto de empresarios del sector constructor que el programa de reducción del déficit fiscal solo permitirá que prosigan en desarrollo los proyectos de construcción pública que cuenten con al menos un 80% de progreso, lo cual abarcaría tan solo el 5% del conjunto. En la industria se afirma que la actividad se encuentra prácticamente detenida en su totalidad a nivel nacional, y que debido a esta situación ya se produjeron despidos que afectan entre 50 y 60 mil trabajadores.

El titular de Hacienda, Luis Caputo mantuvo una reunión la semana pasada con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), tras la renuncia de Guillermo Ferraro al Ministerio de Infraestructura, quien estuvo a cargo de la política de obras de infraestructura durante los primeros 45 días de la administración libertaria. La reestructuración de Infraestructura benefició a Caputo, quien ahora es el principal interlocutor con el sector privado vinculado a la construcción. Se prevé que las áreas de Obras Públicas, Vivienda y Transporte pasen a depender del Ministerio de Economía.

Los empresarios concluyeron que la prioridad para el equipo económico no será la financiación de las obras de infraestructura, sino mantener la meta de déficit cero en las cuentas públicas este año. Esto afectará el financiamiento estatal a las empresas contratistas. Según el plan de Caputo, este gasto debería representar el 0,7% del PBI, de los 5 puntos totales que busca el gobierno, pero la falta de aprobación de la ley ómnibus podría reducir aún más los fondos disponibles para este sector.

Dentro del gremio, afirman que la actividad " “está prácticamente parada en todo el país", según expresó a Infobae un ejecutivo que forma parte de la asociación. La entidad declaró un estado de emergencia para la construcción hace dos semanas, advirtiendo que esto tendría un impacto inminente en la viabilidad de las empresas y en la continuidad laboral. Otro empresario con un puesto en el consejo directivo de la asociación afirmó que en los últimos "dos o tres meses hubo despidos en el orden de entre 50 mil y 60 mil personas".

Los datos oficiales no están actualizados aún y no muestran esa realidad laboral. El Indec indica, hasta noviembre del año pasado, que unos 460.309 empleados integraban la nómina total del sector, unos 12 mil menos que tres meses antes. De todas maneras, en las empresas, afirman que el impacto más considerable en términos de puestos de trabajo se notó a partir del 10 de enero, cuando suelen retomar las actividades luego de que los trabajadores regresen a las obras tras el descanso por las Fiestas de fin de año.

Las expectativas de los empresarios del sector empeoraron notablemente con la llegada del nuevo gobierno. La última encuesta a ejecutivos de la construcción que acompaña al informe de actividad del Indec exhibió que el 77% de los empresarios consultados cree que disminuirá en los próximos tres meses el ritmo de trabajo en los proyectos de obra pública. Dos meses atrás esa proporción era de 44%.

En el encuentro con Caputo los empresarios del sector propusieron  al ministro que la cámara logre que el Palacio de Hacienda habilite pagos de certificados de obra impagos, una deuda que fuentes privadas estiman en los $350.000 millones, además del financiamiento para continuar con los proyectos. No es un monto que se halle muy arriba del promedio histórico, pero en Camarco dudan que sea fácil cobrar los pasivos por el ajuste fiscal.

El ministro de Economía decidió que, antes de acceder a los pedidos, buscará terminar una auditoría de presupuesto que ordenó la nueva gestión de Milei para detallar el monto definitivo de deuda que acumula el fisco. Un eje importante de la discusión, tuvo que ver con conocer qué obras podrán contar con los fondos públicos y cuáles no.

Consultados por Infobae, los funcionarios llegaron a el punto en común en el comprendieron que el Ejecutivo decidirá qué las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor y se trataría solamente del 5% de las obras iniciadas.

Por otro lado, una preocupación más de los constructores se debe a que el Estado podría redireccionar dinero  proveniente de organismos internacionales y que tenían como fin proyectos de infraestructura hacia el refuerzo de programas de asistencia social.

El Gobierno trataría de buscar fuentes de financiamiento alternativas para el gasto y espera poder equilibrar el ritmo y la finalidad que tienen los presupuestos de bancos y organismos regionales para darle importancia a la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar en un momento de muy alta inflación y caída de la actividad productiva. La obra pública quedaría en segundo lugar frente a las erogaciones de programas sociales.

“Las autoridades han recibido garantías de los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial y BID) y de los bancos de desarrollo regionales, que también están considerando cambiar su cartera hacia préstamos para proyectos de rápido desembolso con el fin de financiar una mayor asistencia social”, ratificó el FMI en su análisis.

El sector que tiene el peor pronóstico este 2024 es posiblemente el de la construcción según proyecciones de consultoras. “Esperamos que la tendencia a la baja en el sector de la construcción, que se intensificó durante el último mes del año pasado, persista. La suspensión de la obra pública y la incertidumbre están teniendo un impacto directo en esta actividad. No obstante, es probable que esta disminución sea menos pronunciada en el próximo mes, dado que muchas de sus repercusiones ya se manifestaron durante diciembre”, explicó LCG.

En el caso de Abeceb, el “freno de obra pública sin financiamiento privado / internacional, la incertidumbre por la continuidad de obras de baja rentabilidad y el encarecimiento de costos ante salto en el tipo de cambio”, bajarían la actividad de un sector decisivo en materia de trabajo.

En el comunicado donde Camarco detalló el estado de emergencia, planteó que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones” e instó a que el gobierno nacional y los provinciales tomen medidas para “mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector. Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”.