Luego de que el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, suspendiera la actualización automática trimestral y el aumento jubilatorio quede a disposición del Poder Ejecutivo, las consecuencias arribarán a los jubilados y la pensión mínima en Argentina llegará en febrero a un nivel de poder adquisitivo inferior al registrado durante la crisis económica de la convertibilidad en 2002, según informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El Gobierno logró el deseado superávit fiscal en enero. Sin embargo, según el reporte del IDESA, destacado centro de estudio en temas de pensiones, esto se logró a costa de reducir el gasto en jubilaciones y pensiones.
Este análisis se fundamenta en los datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cuales revelan las asignaciones destinadas a las pensiones y explican el superávit registrado en el mes.
Fuerte ajuste previsional como motor del superávit fiscal
Según lo explicado por la OPC: "Por un mayor retroceso en los gastos, básicamente vinculados con las prestaciones sociales, que la caída que sufrió la recaudación, durante enero la Administración Nacional registró un superávit financiero 77,2% real superior al obtenido en el mismo mes del año anterior".
Además, se detalló que el superávit primario, que excluye el pago de intereses, aumentó en un 105,2% en comparación con el año anterior.
Mientras tanto, los ingresos totales se redujeron un 1,3% en comparación interanual, debido a las disminuciones en los recursos provenientes de la Seguridad Social (-26,5% año tras año) y del Impuesto a las Ganancias (-40,3% año tras año), parcialmente compensadas por los aumentos en el Impuesto PAIS (411,6% año tras año) y en los Derechos de Exportación (88,5% año tras año). Esto se debe en parte a la mejora en el tipo de cambio y en parte a los cambios regulatorios.
Los gastos totales de la Administración Nacional experimentaron una disminución real del 11,9% año tras año en enero, y la reducción en los gastos primarios alcanzó el 30,8% en el mismo período.
Las asignaciones destinadas a jubilaciones y pensiones disminuyeron un 32,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que los programas sociales lo hicieron en un 59,6% y los gastos en personal en un 18,0%. Estos fueron los rubros que más contribuyeron a la reducción de los gastos. En el caso de los programas sociales, influyó la ausencia de registro de algunos programas.
El poder adquisitivo de los jubilados que reciben el mínimo podría ser menor en febrero que en el año 2002
Según el informe de IDESA, en 2002 la jubilación mínima era de $83.078 a precios de diciembre de 2023 - ajustando el poder de compra del peso del último mes del año pasado al pasado para permitir comparaciones -.
En contraste, el promedio del valor a lo largo de 2023 ascendió a $127.858, ajustado por inflación. Sin embargo, en diciembre de 2023, la cifra disminuyó a $105.713, mostrando un deterioro continuo en el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Con una inflación promedio del 20% en enero de 2024, el valor real de las jubilaciones en ese mes habría sido equivalente a $88.094 a precios de diciembre de 2023. Esta tendencia sugiere que, para febrero, el valor real de las jubilaciones sería aún más bajo que el registrado en 2002, marcando un mínimo en el siglo XXI.
El informe de la organización señala advertencias sobre los problemas que podría generar este enfoque para alcanzar el equilibrio fiscal
La estrategia de ajuste basada en la reducción del valor de las jubilaciones no solo tiene un impacto negativo y genera tensiones políticas, sino que también aumenta las demandas judiciales contra la ANSES. La justicia previsional históricamente no ha tolerado la disminución del valor real de las jubilaciones, lo que plantea desafíos adicionales para la sostenibilidad de esta política ya que los ahorros logrados pueden ser revertidos en los tribunales.
A pesar de estos desafíos, el Gobierno persiste con la meta de déficit cero argumentando que es fundamental para eliminar la inflación y crear un entorno favorable para la inversión y la generación de empleo de calidad. Sin embargo, el informe advierte que la percepción de los agentes económicos sobre la viabilidad a largo plazo del equilibrio fiscal es crucial. Las resistencias sociales, políticas y judiciales pueden reducir los beneficios esperados de estas políticas.
Para lograr un equilibrio fiscal más sostenible, el organismo recomienda un enfoque integral que incluya la unificación y simplificación de impuestos, así como la responsabilidad de cada nivel de gobierno para generar ingresos suficientes que cubran sus gastos. Además, sugiere eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública.
Según el instituto, el ajuste basado en la reducción del valor de las jubilaciones conduce a un desperdicio de esfuerzos tanto por parte de la sociedad como del gobierno, como lo han demostrado experiencias pasadas.
La situación actual de las jubilaciones en Argentina, como indica la institución, refleja una problemática profunda que requiere soluciones estructurales. La reducción en el valor real de las jubilaciones y pensiones no solo afecta a los jubilados, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para garantizar un sistema previsional justo y sostenible.