Los temores por el efecto “Miguelón”

Miguel “Miguelón” Figueroa, el supuesto narco que en un mes afrontará dos juicios por tres homicidios, fue el hombre que generó un temblor institucional que muchos siguen sin dimensionar. A él se le atribuye haber amenazado a testigos y a los fiscales que lo acusan de los crímenes. Fue protagonista de un hecho histórico que es muy común en Rosario, la ciudad que reúne todos los malos ejemplos del país por el accionar de las bandas vinculadas a las drogas. Por ese ataque intimidatorio, el gobernador Osvaldo Jaldo puso el grito en el cielo y rápidamente alineó a los funcionarios del poder judicial. En el debate oral en su contra están surgiendo actos de corrupción y de complicidad que sirven para entender porqué crecen estas personas.

Como un pez, “Miguelón” puede sucumbir por la boca. En las audiencias por la llamada “La masacre de La Porotiada”, en la que dos jóvenes perdieron la vida y tres resultaron heridas, se reprodujo una grabación de una charla que mantuvo con un policía que lo estaba buscando. En ese audio no sólo reconoció ser el autor de ese hecho, sino que además dejó en claro que sabía muy bien cómo era el movimiento de la fuerza y que hasta pagó $5 millones para continuar prófugo una vez que fue detenido. Figueroa sabe que la condena a perpetua es inevitable y por eso amenaza con romper el silencio. Conocedor del “paño delictivo” entiende que es la única manera de mantenerse con vida en la cárcel y proteger a su familia. Esta posibilidad generó y genera preocupación en el mundo azul. “Así como puede decir la verdad, también puede mentir y direccionar sus dardos a los que realmente lo persiguieron”, explicó un experimentado investigador.

Lo que sí está claro es que el acusado necesitó ayuda para mantenerse más de dos años evadido. En medio de tantas dudas hay una certeza. Gabriel Quevedo era el nombre que usaba “Miguelón” en sus tiempos de clandestinidad. Ese nombre estaba impreso en un DNI, en las tarjetas verdes de los vehículos en los que se movilizaba, en los contratos de los alquileres temporarios y en las cuentas de donde salía el dinero para solventar las cirugías estéticas que se realizaba. Entonces, no sólo la Policía está bajo sospecha, sino que es evidente que otros organismos del Estado (provincial y nacional) y empresas del sector privado sucumbieron ante el dinero que ofrecía para contar con todos esos documentos.

¿Escándalo?

Muchos tucumanos se escandalizaron cuando se confirmó que a Figueroa le secuestraron tres chips, dos tarjetas de memoria y una balanza de precisión de su celda. Es un indicio más de que el penal de Villa Urquiza es una usina de actividades ilícitas. Un homicidio y varios presos torturados por no querer vender drogas para personal del Servicio Penitenciario; el tráfico de celulares y alcohol; la existencia de una banda que vendía sustancias a los internos; y hasta la existencia de una red de trata de personas que operaba detrás de los muros de la cárcel, son algunos ejemplos de que la corrupción, desde hace varios años, florece en ese lugar.

La impunidad también resulta ser un abono perfecto para estas organizaciones. En tres años, la Justicia Federal condenó al enfermero Miguel Ángel Herrera (2017) y al guardiacárcel Antonio Vallejo (2020) por llevar drogas al penal para comercializarlas. En el juicio de este último, el fiscal federal Pablo Camuña emitió una frase que sorprendió a todos: “Desde finales de 2016, la fiscalía de la que soy titular viene denunciando que existe una compleja red criminal dentro del penal, que se dedica al tráfico de drogas que está conformada por personal del sistema penitenciario en todos sus niveles, hasta sus altas esferas”.

Han pasado cuatro años de ese planteamiento público y poco cambió. En 2017, el preso Sebastián Medina fue asesinado en el penal, pese a que debía estar protegido por haber denunciado a guardiacárceles para los que vendía droga. El juicio por este homicidio (digno de una serie de Netflix), si es que no ocurre ningún inconveniente, se desarrollará el próximo mes. Si de demoras se trata, la causa abierta por la venta de estupefacientes en la que está involucrado hasta el ex juez de Ejecución Roberto Guyot sigue sin poder avanzar. Por un tecnicismo (no se había protegido los testigos de identidad reservada), se suspendió hasta nuevo aviso la declaración indagatoria que se debería haber realizado para definir la situación procesal de los 19 sospechados. El trámite de este proceso, iniciado en 2018 ya tuvo una demora por el extravío del expediente de más de un año. Un detalle: la mitad de las más de 20 personas involucradas en ambas investigaciones, volvió a cumplir funciones en el Servicio Penitenciario.

Reacción histórica

La amenaza a testigos y a los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos, atribuida a “Miguelón” fue una bomba de tiempo que terminó estallando en el Poder Judicial. El Ministerio Público Fiscal pidió al Colegio de Jueces y Juezas suspenderlos porque no estaban dadas las condiciones de seguridad para hacerlos. Al mismo tiempo, ordenó que se investigara al ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa y al director del Servicio Penitenciario Antonio Quinteros por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, ya que permitieron que el imputado tuviera los elementos para, supuestamente, cometer ese acto intimidatorio.

El gobernador Jaldo, desde Buenos Aires, anticipó que el debate se haría porque había ordenado tomar todas las medidas de protección que fueran necesarias. Las otras partes del Poder Judicial se mantuvieron en silencio. El Ministerio Pupilar de la Defensa, que tiene a dos funcionarias suyas formando parte del debate, no se pronunció sobre el tema. Tampoco lo hicieron los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque dieron el guiño para que las audiencias se desarrollaran.

Los que sí actuaron fueron los fiscales. No sólo se solidarizaron con el ministro Agüero Gamboa (un hombre surgido del riñón del MPF), sino que además, en una situación sin antecedentes, 19 investigadores llenaron la sala donde comenzaba a juzgarse a “Miguelón” para apoyar a su par. Por primera vez en mucho tiempo, no se encolumnaron detrás de su jefe, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, sino que eligieron recorrer otro camino. Ese gesto plasmado en una imagen generó todo tipo de comentarios sobre el futuro del titular del MPF. Pero lo único cierto es que el poder político no tiene ninguna intención de desplazarlo de su cargo. El “efecto Miguelón”, que recién comienza, se hizo sentir en la provincia.