Cinco dimensiones sobre la desmesura libertaria

El martes pasado, el Gobierno libertario sufrió una derrota temprana y feroz con el fracaso incontrastable de su “Ley Ómnibus” en el Congreso. Dos días después, la Nación anunció la reducción del subsidio a las empresas de transporte, en nombre de dar cumplimiento a un objetivo largamente militado por el presidente Javier Milei desde sus tiempos de candidato. Esta invitación a creer en las casualidades desafía todo candor. Resulta que los subsidios irán a los pasajeros con “Tarifa Social” mediante la tarjeta “SUBE”. O, lo que es igual, seguirá habiendo cobertura para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Como agravante, la Casa Rosada confirmó el final del Fondo Compensador del Interior, que subsidia el transporte fuera del AMBA.

Si, como sostenía Jorge Luis Borges citando a Oscar Wilde, “a cada instante de su vida un hombre es todo lo que fue y será”, esta reacción del oficialismo sirve para abordar cinco dimensiones de la desmesura libertaria, en torno de una realidad nacional con un severo déficit de racionalidad.

Endeble gobernabilidad

Milei ha decidido que su gobierno de minoría parlamentaria no será una administración de recompensas para ensayar alianzas, sino una gestión de represalias contra los que no acaten incondicionalmente sus propuestas. Lo cual llevó a la ruptura violenta con aquellos que, siendo de otro palo, se habían convertido en sus socios por un denominador común: el antipopulismo.

El Presidente ha convertido en enemigos a Martín Llaryora (Córdoba) y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), gobernantes de dos distritos que le dieron triunfos electorales demoledores a Milei. Y que se llevan mal con los populismos. Esto último no es buen síntoma para el naciente gobierno libertario.

Estos gobernadores apoyaron la aprobación en general de la ley “Bases”, pero plantearon tempranos reparos en particular, por ejemplo, respecto de plantear retenciones a las economías regionales. La oposición de algunos diputados de esos distritos no en contra de la norma, sino de algunos incisos de un artículo, ahora los convierte en “la casta”. La desmesura es tal que los que trabajaron por el triunfo de Milei son “traidores”, mientras que los que llegaron como adversarios hoy son los leales ganadores. Osvaldo Jaldo pidió por azúcar, citrus y biocombustibles, y ató a tres diputados peronistas (el bloque Independencia). Hoy transita la tormenta sin marasmos.

Todavía resta ver qué pasará en el Senado. Los acuerdos de Victoria Villarruel con los espacios no kirchneristas se tambalean. Es la gobernabilidad lo que está en juego.

Angustia social

La vida de los argentinos no es una planilla de cálculo. El déficit cero es una necesidad comprensible del Gobierno. Llegar a fin de mes, ¿no es una necesidad comprensible de las familias de este país?

Milei critica que el gobernador de Córdoba “llore” por perder $ 20.000 millones de subsidios en transporte, a la vez que gasta $ 27.000 millones (según el Presidente) en publicidad y propaganda.

Contra esa claridad se alza una opacidad. Aún no se conocen las razones oficiales para no avanzar contra el régimen de exención impositiva para empresas del régimen promocional de Tierra del Fuego. Según detalló Carlos Pagni en su columna del 25 de enero, los dispositivos electrónicos que se ensamblan allí pagan un 9,5% de IVA, contra el 19% de los que se importan ya armados. Los beneficios para esas firmas rondan los 1.000 millones de dólares por año: un 0,33% del PBI. O, si prefiere, el 63% del Presupuesto 2024 de Tucumán. Según el columnista, entre los empresarios alcanzados por estas medidas está Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía Luis Caputo. En 2022 fue la última vez en que Milei dijo que ese régimen era “una ofensa a los argentinos de bien”.

Ahora bien, alrededor de todas estas discusiones, lo que resulta indudable es que la situación económica del común de los argentinos se deteriora impiadosamente. Y el Gobierno, que a las 48 horas de una derrota en Diputados decide arrasar con los subsidios al transportes, hace 60 días que no presenta un plan de corto plazo para morigerar el ajuste que ha cernido sobre la población.

Asistencia crónica

Aunque no de la mejor manera, el recorte de los fondos nacionales para el transporte expone la irracionalidad de la perpetuación de los subsidios. Antes del fracaso de la Alianza y la debacle de 2001, no había asistencia estatal para la actividad. La impuso Eduardo Duhalde porque la Argentina había pasado de la “paridad cambiaria” a un dólar a 4 pesos. La medida, entendible en ese contexto, se desnaturalizado. Ahora, el Estado es una suerte de socio capitalista de las empresas. Y la cronificación de la asistencia estatal devino en un círculo vicioso.

En los primeros 10 días de cada mes es cíclico el reclamo de recursos públicos para pagar los sueldos de los choferes, que son trabajadores privados. Y en los últimos 10 días, arrecian los pedidos de ayuda del erario porque las empresas no llegan a pagar el combustible. Así que es cada vez mayor la intervención de la Provincia para una actividad que ya subsidia la Nación, aunque con retrasos y sin ninguna actualización en el envío de los dineros federales. Para dimensionar el impacto de esas ayudas: el boleto, que debería costar 1.100 pesos, desde diciembre se abona a 230 pesos.

El resultado, a los efectos fiscales, es inexplicable: los tucumanos financian los subsidios con los impuestos nacionales. Luego, con los impuestos provinciales, sostienen la asistencia local para las empresas. Y, finalmente, cuando suben a un ómnibus, ¿también tienen que pagar el boleto?

El sistema está agotado. Como agotados están los usuarios de las unidades carentes de todo confort.

Vapuleado federalismo

Desde el martes pasado rigen las nuevas tarifas para el transporte de pasajeros en el AMBA. El viaje más barato en tren es de 130 pesos. El boleto mínimo de colectivo es de 270 pesos. En contraste, la eliminación del Fondo Compensador del Interior obligará a un tucumano a pagar 1.100 pesos el viaje en ómnibus, salvo que la Provincia otorgue subsidios, lo cual es un albur, teniendo en cuenta que la “estanflación” resiente la coparticipación federal de impuestos, a la vez que la Nación redujo en enero un 95% los recursos discrecionales a todas las jurisdicciones argentinas.

Las cifras evidencian que, con independencia de si Milei elimina el Fondo Compensador del Interior, ya sea por revanchismo con los gobernadores o porque está cumpliendo con uno de sus anuncios de campaña, esa medida colisiona directamente con el sistema federal que debe observar la Nación. El federalismo no es un valor: es una de las formas que adopta la nación argentina para su gobierno, según el artículo 1° de la Constitución.

Gobernar sobre la base del federalismo, entonces, no es una opción: es un mandato. Y lo es porque la forma federal es, sustancialmente, una forma legítima de control político. Es una descentralización del poder sobre la base de la territorialidad y en esa división del poder cumple con el espíritu de la república que supo postular Montesquieu. Dicho de otro modo: es legítimo que Milei pida apoyo para un proyecto porque los argentinos lo votaron para impulsar cambios; y es igualmente genuino que los gobernadores argumenten que a ellos los eligieron para que no haya más presión fiscal.

Eterna excusa

El kirchnerismo no es el pasado. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento de Cristina en la causa “La ruta del dinero K”. Se conoció que ex mandataria dejó en diciembre su cargo de Vicepresidenta con un patrimonio de 250 millones de pesos, 60 veces más que los 4 millones de pesos que declaró en 2019. Su compañero de fórmula, Alberto, inició el trámite de su jubilación como ex Presidente: cobrará 7 millones de pesos por mes. Se definió que los mismos magistrados que en 2022 condenaron a Cristina en la causa “Vialidad” (fue por redireccionar obra pública vial para Santa Cruz en favor de Báez) juzgarán la causa “Vialidad II”.

Esa mera enumeración de hechos que fueron noticia hace unos días dimensiona el daño que las presidencias kirchneristas le ocasionaron a la institucionalidad argentina. Generaron un síndrome de estrés postraumático en el inconsciente colectivo. Gran parte de la inmanejable “herencia” económica, financiera, social y de corruptela enquistada es responsabilidad “K”.

Por ende, las medidas de ajuste actuales son consecuencia de que el populismo dejó a los argentinos un Estado quebrado, con una inflación del 211% en 2023, año signado por el “Plan Platita” de Sergio Massa, el malogrado candidato de Alberto y de Cristina.

Los libertarios, sin embargo, apelan al oprobio kirchnerista para justificar toda desmesura de este gobierno. Desde el reclamo de facultades del Congreso (“al kirchnerismo se las otorgaron”) hasta la desfinanciación de la obra pública (“era la caja de la corrupción K”), pasando por la caída del poder adquisitivo de los jubilados (“es el sistema que aplicaron los K”).

Lo inquietante es que esos kirchneristas patentaron el “Ah, pero Macri”, como brulote frente a la imposibilidad de justificar lo injustificable: el “Vacunatorio VIP”, la “fiestita de Olivos”, la inflación galopante, la pobreza creciente o las condenas judiciales por corrupción. Sin embargo, el pueblo no eligió a Alberto, Cristina y compañía para chicanear, sino para gobernar bien. Lo hicieron mal y lo pagaron con un ciclo de derrotas inigualables en la historia del peronismo. De modo que “Ah, pero los K” no lleva a ninguna parte. Con eso, ya está probado, no alcanza.