Por Gustavo Rodríguez
12 Febrero 2024
Tres de los cuatro detenidos por la venta ilegal de la mercadería recuperaron la libertad por orden de la Justicia. La fiscala Mariana Rivadeneira continúa con el expediente en sus manos para tratar de identificar a los responsables de retirar los víveres y entregarlos para que se los comercialice ilegalmente.
En enero, el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció que desconocidos estaban vendiendo la mercadería destinada a particulares y organizaciones no gubernamentales y sociales para comedores y merenderos. Al confirmar la versión, el fiscal de feria Ignacio López Bustos logró que un juez ordenara una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán.
En las primeras medidas, no sólo se secuestraron víveres, sino que quedaron detenidos Hugo Adrián y Juan Ernesto Juárez e Ivana Vanesa Sánchez. Los tres fueron imputados por encubrimiento y un magistrado les dictó la prisión preventiva. La mujer cumplió la medida cautelar con la modalidad de arresto domiciliario.
Días atrás, en otra audiencia, la auxiliar fiscal Mónica Torchán, siguiendo las instrucciones de sus superiores, solicitó el cese de prisión en contra de los tres imputados. Argumentó su pedido señalando que ya se habían agotado las tareas investigativas y que no había riesgos procesales para que continuaran detenidos. Requirió además que se fijara una caución de $1 millón para cada uno. El defensor Gustavo Morales aceptó el planteo y la jueza Elizabeth Raddi terminó ordenando la libertad de los acusados que seguirán ligados al proceso.
La suerte de los otros detenidos por este caso es diferente. Rosa Margarita Ibáñez fue acusada del mismo delito, pero su defensora Agustina Recalde lograron que no le dicten la prisión preventiva. En su vivienda de Villa 9 de Julio encontraron los víveres que le habría entregado Marcos Soria, allegado al concejal Emiliano Vargas Aignasse que fue cesanteado en la Legislatura por este caso. El hombre, que es asistido por Víctor Padilla, es el único privado de su libertad, pero no se descarta que en los próximos días cambie su situación procesal.
La Justicia continúa analizando la ruta de los víveres para encontrar a los responsables. Para ello, requirió la siguiente información:
- A Desarrollo Social pidió que le informe cuál es la cantidad de mercadería que adquirió y que montó pagó desde marzo a diciembre de 2023.
- A la empresa Piedra de Hacha, que fue contratada por el Gobierno como depósito de los alimentos, que dé cuenta de la mercadería que recibió.
- A los funcionarios de Desarrollo Social deberá informar a quiénes les entregaba las órdenes para que retiraran la mercadería. Estos datos se cotejarán con la información que deberá presentar Hacha de Piedra sobre a quién la retiraba.
Los investigadores ya confirmaron que no había ningún control estatal en la entrega de mercadería del depósito. Además, no todos los beneficiarios hacían la rendición en tiempo y forma de cómo distribuían el cupo de alimentos que recibían.
Se sospecha que personas no autorizadas (como el caso de Soria que retiraba los víveres a nombre de una asociación de la que no formaba parte) se quedaban con toda o parte de la mercadería y las comercializaba de manera ilegal.
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