Por Gabriela Baigorrí
09 Febrero 2024
PARA DESOCUPADOS. El programa Potenciar Trabajo beneficia a más de un millón de personas en todo el país; en Tucumán a unas 70.000. na
La investigación federal por los presuntos cobros irregulares y el posible uso político del programa de inclusión laboral Potenciar Trabajo suma nuevos capítulos.
Ayer, medios nacionales dieron a conocer los números de la causa que maneja el fiscal Guillermo Marijuan: 9.000 empleados públicos cobraban el plan social en el país. El desfalco estimado es de casi ocho mil millones de pesos por año, de acuerdo consignan publicaciones periodísticas. Según esas cifras preliminares, Tucumán se ubicaría segunda en el total del país en cuanto a la mayor cantidad de números de casos (con 1.135). En la Provincia, sin embargo, aclaran que ya depuraron las cantidades que se mencionan y que el total de investigados suma finalmente 702.
A fines de enero, tras el escándalo inicial, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo se habían iniciado sumarios administrativos a los agentes cuestionados.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, detalló a LA GACETA que los expedientes siguen su curso para tratar de determinar por qué estos empleados percibían esa ayuda social del Gobierno nacional destinada a sectores vulnerables y desocupados de la sociedad.
Federico Masso
Explicó que inicialmente se había mencionado que se había detectado un millar de personas en estas condiciones dentro del Estado. Luego, se hizo una pesquisa más detallada y ese número decantó en 956. Finalmente, de ellos se restaron los 233 que se dieron de baja por la Unrel (Unidad de Reconversión Laboral) y una veintena cuyos contratos habían vencido en octubre.
Masso precisó que la Dirección de Recursos Humanos fijó el total en 702.
La mayoría de los involucrados, consignó, ya efectuaron el descargo correspondiente al proceso disciplinario interno. De acuerdo trascendió, gran parte adujo que desconocía la incompatibilidad de cobrar una asistencia de esa naturaleza teniendo un empleo público.
“Estamos en proceso para que Recursos Humanos y la Fiscalía de Estado determinen una sanción”, consignó el funcionario provincial.
Añadió que requirieron al Ministerio de Capital Humano de la Nación un informe para determinar desde cuándo cada uno de ellos estaba como beneficiario en los registros nacionales. “Es para tener precisiones por si la Justicia determina eventualmente que tienen que devolver el dinero”, afirmó.
El universo de beneficiarios bajo la lupa abarca policías, guardiacárceles y administrativos en general. Además, se supo que no están concentrados por áreas sino que están distribuidos por todos los ministerios. El monto mensual extra que percibían de bolsillo era de $78.000.
El Potenciar Trabajo está en el centro de la polémica desde la gestión anterior. La ex ministra de Desarrollo Social nacional del gobierno de Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, había iniciado un proceso de revisión que había terminado con miles de bajas en todo el país al determinar que había beneficiarios que habían viajado al exterior en cruceros, aviones privados o aerolíneas comerciales.
La asunción de la gestión de Javier Milei agudizó los controles con la idea de eficientizar los gastos y recortar partidas. La auditoría inicial del área que ahora encabeza Sandra Pettovello volteó 27.000 beneficios por diferentes motivos. Algunas de las incompatibilidades que se evidenciaron por el cruce de información entre las bases de la Anses y del Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social) fueron que los que estaban en los registros del Potenciar cobraban también otros beneficios como jubilaciones o pensión; porque eran monotributistas categoría C o superior; porque había residentes en el exterior o beneficiarios ya fallecidos o quienes poseían bienes como un auto con menos de 10 años de antigüedad. Entre ellos están los empleados públicos.
La información que se dio a conocer ayer reveló un ranking en el que Tucumán estaba segundo en número de estatales afectados, por detrás de Buenos Aires (2.243). El resto de las provincias que entregaron datos fueron: La Rioja (1.060), Jujuy (652), Corrientes (518), Salta (434), Río Negro (198), Córdoba (194), Formosa (180), Santa Cruz (128), CABA (231), Santa Fe (350), San Juan (109), Mendoza (173), Neuquén (343), Entre Ríos (106), Chaco (336), Misiones (321) y San Luis (43).
Ya el 25 de octubre pasado Marijuan le solicitó a la entonces ministra Tolosa Paz la baja de 159.919 personas que cobraban el Potenciar Trabajo y salieron del país en cruceros, barcos, aviones, micros y autos y hasta aviones privados “mientras percibían un beneficio estatal”.
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según establece la resolución que lo creó en 2020.
La normativa del Potenciar Trabajo destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme a lo contemplado”. A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
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