El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), David Acosta, se expresó preocupado por la situación crítica que atraviesa el sector. “Se han parado todos los emprendimientos. Alrededor de 3.000 compañeros están con telegramas (por desempleo y paralización de proyectos)”, afirmó en diálogo con este diario.
El dirigente gremial indicó que hay muchas expectativas por el compromiso de declarar la emergencia en obra pública, pero advirtió que están revisando qué beneficios van a tener los obreros de la construcción, para que se reactiven las obras que están paralizadas. Aseguró que se encuentran detenidas obras como las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de San Andrés, Famaillá y de Concepción. Dijo que también está paralizada la obra de la autopista a Termas de Río Hondo. “Hay un compromiso del gobernador para que las obras no se paralicen y que continúen con la ley”, dijo Acosta.
El dirigente gremial remarcó que la situación que se vive en Tucumán se replica en todas las provincias del país. En paralelo, dijo que los obreros que se desempeñan en el sector privado también están sufriendo la desaceleración de los trabajos. “Hay obras donde había unos 30 compañeros y ahora son 10 o 15. Hay suspensiones porque no es clara la situación con los proveedores de insumos, porque no hay precios para continuar con los proyectos. Dijeron que los sectores privados iban a ser de los más fuertes y no es así”, cuestionó.
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, remarcó que ya en enero plantearon ante la Casa de Gobierno la urgencia de implementar normas para reforzar, impulsar, blanquear y transparentar la situación real de las obras en la provincia para tratar su culminación a pesar de que se modificaron las circunstancias económicas en la obra pública.
El empresario de la construcción remarcó que el contexto económico actual impacta directamente en los contratos de ejecución de las obras públicas en todo Tucumán. “Estas obras se estarían tornando excesivamente onerosas y, en contrapartida, la Provincia no está recibiendo los fondos acorde a lo previsto desde Buenos Aires”, dijo. Explicó que al no cumplir la Nación con el abono de los certificados de obra, las empresas no pueden cumplir su parte como contratistas y ejecutar los planes de trabajo en tiempo y forma.
El titular de la CTC resumió que lo que se acordó con esta ley es tratar de formalizar los desacoples que se están produciendo y compartir los esfuerzos para que continúe la ejecución de las obras que el Gobierno considere prioritarias, en busca de lo mejor para las empresas y la provincia.
La semana pasada, las firmas locales contratadas para llevar adelante la construcción de unas 3.000 viviendas del plan nacional “Procrear” en esta provincia recibieron la comunicación sobre la suspensión del avance del programa. “Estamos hablando del trabajo para más de 10.000 personas durante dos años y medio, y de un duro golpe para 20 empresas de Tucumán”, dijo Garber entonces.
Se trata del emprendimiento cuya ejecución había puesto en marcha en julio de 2023, en un acto que había contado con la visita de autoridades nacionales del gobierno de Alberto Fernández (PJ). Según se anunció en aquella ocasión, los pliegos establecían un plazo de obra de unos 14 meses, con una inversión estimada en aquel entonces de $52.000 millones. “Es el emprendimiento del Procrear más importante y más grande de todo el país”, dijo el entonces gobernador, Juan Manzur.