Obra pública en crisis: con la emergencia se le dará prioridad a escuelas y la cárcel

La declaración del estado de emergencia en materia de obras públicas en Tucumán se formalizará este jueves, desde las 9, en la Legislatura. Con la firma de 15 legisladores, se habilitó el debate extraordinario ante los planteos formulados por los empresarios de la construcción, en un contexto de incertidumbre respecto a los fondos nacionales para los proyectos en curso. De esta manera, la Casa de Gobierno que comanda Osvaldo Jaldo podrá garantizar el sostenimiento de las inversiones en trabajos que considere prioritarios.

Luego de la reunión de Labor Parlamentaria, el vicegobernador Miguel Acevedo explicó que en materia de obra pública al Gobierno le urge avanzar principalmente con las construcciones vinculadas a la seguridad y a la educación, dado que restan menos de cuatro semanas para el inicio del ciclo lectivo 2024. “Había algunos programas (de financiación nacional) que no preveían actualizaciones. Si bien veníamos con una fuerte inflación, estos últimos meses se profundizó más, lo que generó desfasajes entre las empresas. Hay cosas que se quieren terminar; por ejemplo, que el 1 de marzo se inicien las clases y no haya escuelas cerradas porque se encuentran en refacción. Vamos a priorizar que se terminen las obras que permitan abrir las puertas del establecimiento, que funcionen con normalidad y después darle continuidad a lo que falta”, explicó en rueda de prensa.

Si bien el proyecto de ley busca ser amplio, para brindar la posibilidad de la continuidad de los trabajos de otras áreas (como proyectos viales, sanitarios o de infraestructura), las urgencias son poner a punto las escuelas y evitar que se frenen los trabajos en la penitenciaría de Benjamín Paz. La cárcel es la obra más grande en ejecución (con más de 120 obreros) y de las más promocionadas por la Provincia, dado que será la principal alternativa para descomprimir los calabozos de las dependencias policiales de la provincia.

La Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), que preside Jorge Garber, en enero planteó a las autoridades gubernamentales la necesidad de avanzar con la declaración de emergencia en este ámbito (ver aparte). Con el acompañamiento de la Casa de Gobierno y de la Legislatura se avanzó en una normativa similar a la que ya rige en provincias como Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego ante el parate de la obra pública.

Las claves del proyecto

La iniciativa, que lleva las firmas de Jaldo y de los ministros Santiago Yanotti (Obras y Servicios Públicos) y de Daniel Abad (Economía y Producción), habilita al Gobierno a implementar acciones que busquen la continuidad y culminación de las obras durante un año, “con el fin de paliar las significativas distorsiones actuales”. Se autoriza al Ejecutivo a: suspender o neutralizar los plazos de la obra consensuada con el contratista (quedando a cargo del último la custodia y el mantenimiento); reprogramar los plazos y planes de trabajo “a fin de adecuarlo al flujo de los fondos de financiamiento”, sean dineros provinciales o nacionales; y rescindir el contrato de la obra, de común acuerdo.

En los considerandos, las autoridades del Poder Ejecutivo remarcaron que declarar esta emergencia (hay más de una docena de excepciones vigentes) tiene como objeto “mitigar el impacto de la crisis en la ejecución de la obra pública, debido a que casi la totalidad de los insumos del mercado que demanda la industria de la construcción se encuentran con ciertas restricciones o inconvenientes a lo largo de toda su cadena de valor”. Se advirtió que la situación coyuntural afecta negativamente a las empresas constructoras, “puesto que se han tornado de muy difícil cumplimiento -o en algunos caso imposible- las condiciones y términos de las bases de licitación y contractuales que rigen tales obras”.

Evitar incumplimientos

La Casa de Gobierno argumentó también que otra consecuencia de la crisis que atraviesa el sector es que se alteraron las condiciones de las obras en ejecución, dado que se generan mayores plazos respecto de los previstos y estos se agravan con el correr del tiempo. “Obligan a aplicar a las empresas las penalidades estipuladas en las condiciones y términos correspondientes a cada obra. En este contexto, es imperativo tomar los recaudos necesarios para no incurrir en nuevos costos y plazos de segundos llamados de obras ya licitadas, y para evitar situaciones litigiosas que podrían devenir de las adjudicaciones cuya contratación se difiera o interrumpa, y que podrían generarse en las obras en curso por posibles incumplimientos de las partes por los motivos mencionados”, se plasmó.

Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá obtener dictamen por la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, que preside el legislador oficialista Tulio Caponio. Dado que el parlamentario colaboró con la elaboración del proyecto, no se prevén cambios sustanciales en el articulado.

Desde el inicio, de su gestión el presidente Javier Milei anunció que dejaría de financiar la obra pública en busca de alcanzar el déficit cero.