Distintas entidades salieron a cuestionar las amenazas que sufrieron los fiscales y solicitaron que se extremen los cuidados de protección. La filial Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional exhortó a “las autoridades a que se adopten las medidas de protección para los operadores y sus equipos de trabajo, como también para sus familias. En tanto estas acciones impactan directamente en la correcta prestación del servicio de Justicia”.
“Este hecho de relevancia institucional, además de verse afectada la seguridad individual de los magistrados, se dirige a menoscabar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, señalaron en el documento que fue firmado por el presidente de la filial, Fernando Poviña. “Como sostenemos, el rol del fiscal exige que se extremen los recaudos de seguridad para él y su familia, ya que lo coloca constantemente en una posición antagónica con la criminalidad que investiga y persigue. Reclamamos a las autoridades el máximo esfuerzo en este sentido”, finalizaron.
Por su parte, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) repudió las amenazas que sufrieron los fiscales y demás miembros del Ministerio Público Fiscal. “Tales acciones no caben en un Estado de Derecho que cumple con sus funciones esenciales, en nuestro caso, la de afianzar la justicia”.
“Nos solidarizamos con las y los fiscales de la provincia, ante un hecho extremadamente grave. Debe reconocerse las condiciones en las que las y los operadores del sistema de Justicia llevan adelante su labor, manteniendo con absoluto rigor la firmeza de sus decisiones y la independencia judicial”, sostuvo la entidad en un documento dado a conocer ayer. “En la AMT no permitiremos menoscabo alguno en la libertad e independencia con la que fiscales y magistrados deben llevar adelante sus funciones”, añadieron. “Exhortamos a las autoridades pertinentes a que tomen las medidas que fuesen menester con el objeto de brindar las condiciones de seguridad necesarias para el resguardo de los miembros del Poder Judicial”, señalaron.
El Colegio de Abogados de Tucumán expresó su solidaridad con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, miembros del Colegio de Jueces y civiles afectados “ante lo que sería un inadmisible avance por parte de la delincuencia organizada sobre la administración de Justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho. “No obstante ello y existiendo una investigación en curso, nuestra institución se encuentra expectante a las resultas de la misma, a los fines de considerar las acciones a seguir”.