Miguel "Miguelón" Figueroa no para de sumar problemas. En una requisa realizada el miércoles, los pesquisas secuestraron elementos que podrían haber sido utilizados para realizar las amenazas contra testigos y los fiscales. Ese dato surgió cuando fuentes judiciales confirmaron que el primero de los dos juicios que debe afrontar se iniciará la semana que viene, aunque no trascendió el día. El Colegio de Jueces, en cualquier momento, anunciará el rechazo al pedido de suspensión que realizó el Ministerio Público Fiscal.
El martes, una mujer se presentó en tribunales para denunciar que Figueroa la estaba amenazando para que no declare en su contra en un juicio por un doble homicidio que debía arrancar el lunes 5. La testigo, cuyo nombre se mantiene en reserva, presentó una captura de pantalla del supuesto Instagram de “Miguelón”.
En ese posteo profirió amenazas con los de “la porotiada” (con el tiempo se descubriría que se trataba de “La Porota”, pariente de las víctima y de varios de los testigos) y los fiscales Carlos Sale -está al frente del expediente del doble homicidio- e Iganacio López Bustos -investigó un tercer crimen-.
Tal como lo imponen las normas vigentes, la fiscala Regional de feria Estela Giffoniello envió un oficio al Servicio Penitenciario para notificar que Figueroa sería investigado por amenazas. Los responsables de la cárcel decidieron requisar la celda 15 de la Unidad 10 del penal de Villa Urquiza, donde está alojado el sospechoso.
Fuentes del penal le confirmaron a LA GACETA que en el calabozo se encontraron tres chips y tres tarjetas de memoria extraíbles. Además, en la ducha que está a la par de ese calabozo, hallaron una balanza de precisión, que sería utilizada para pesar y fraccionar droga. Figueroa, según el documento, habría reconocido que era suya.
Según las normas vigentes, un interno puede contar con un teléfono, pero tiene horarios para utilizarlo. El aparato, en el que queda identificado el número de línea, modelo e IMEI, está en poder del personal del Servicio Penitenciario. Contar con los elementos que le encontraron al sospechoso es considerado como una falta grave. “Serán analizados por los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal. Allí no sólo se podrán confirmar o descartar que haya sido el autor de las amenazas, sino que además saber a quién y porqué llamaba. Creemos que lo pudo haber tenido para continuar con sus actividades ilícitas desde el penal”, agregó una fuente.
Además, de “Miguelón”, Giffoniello inició una investigación en contra del ministro Eugenio Agüero Gamboa y el director del Servicio Penitenciario Antonio Quinteros un día después de que se produjera el hallazgo. Sostienen que podrían haber incumplido sus obligaciones de funcionario público al no haber evitado que estos elementos lleguen a la mano del acusado.
Los allegados a Figueroa desmintieron categóricamente que el sospechado de haber realizado ese acto intimidatorio. “Él no tiene Instagram y no le gustan las redes sociales. Le inventaron cinco perfiles de Facebook ‘truchos’. Tenía celular, pero lo usaba como los otros presos, es decir, bajo vigilancia”, aseguró Marcela Díaz, la pareja legal del hombre que deberá afrontar tres acusaciones por homicidio en poco más de un mes.
Pese a que la mujer desmintió que su mujer haya negado que Figueroa haya tenido privilegios, existen antecedentes. En diciembre de 2022, antes de que fuera enviado al penal de Villa Urquiza, se viralizó una foto suya en la seccional 1°. En medio de la grave crisis carcelaria, se retrató junto a un solo preso y con un supuesto cigarrillo de marihuana en sus manos.
Decisión tomada: no se aplazarán los juicios contra el acusado de cometer tres homicidios
“No sólo estamos en condiciones de dar todas las garantías de seguridad, sino que ya lo hicimos. Pero si creen que son insuficientes, se pueden tomar más”, destacó el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa (foto). Esas palabras ya fueron recibidas por las autoridades del Colegio de Jueces que deberán definir día y horario de inicio del primero de los dos debates orales que se harán en contra de Miguel “Miguelón” Figueroa.
El Ministerio Público Fiscal después de las amenazas que habría realizado el supuesto narco, solicitó formalmente a la Oficina de Gestión de Audiencias la suspensión de ese juicio que debía comenzar el lunes y el otro, que había sido programado para el 26 de febrero.
Al enterarse de lo que estaba sucediendo, el gobernador Osvaldo Jaldo se mostró molesto por la intención de que se suspendieran los debates. “Soy muy respetuoso de la división de poderes, pero no comparto la idea de que se suspenda este juicio por una amenaza. Están dadas todas las garantías para que se realice y, si es necesario, se pueden tomar más”, añadió. “Los que hemos asumido la responsabilidad de estar al frente de un cargo, debemos tener la valentía suficiente para afrontar nuestras obligaciones. Si no pueden hacerlo, deben irse a sus casas”, añadió.
A raíz de esas declaraciones, el proceso de definición se aceleró. El Colegio de Jueces analizó el caso y tomó la decisión de no suspender el debate, a lo sumo, aplazarlo unos días hasta que se acomode toda la logística referida a la seguridad. “No podemos quedar en manos de un acusado. El juicio se hace. Si mañana (por hoy) nos presentan un protocolo de seguridad y se lo aprueba, el lunes arranca, caso contrario, el martes o miércoles”, afirmó un magistrado.
Agüero Gamboa enumeró las medidas que se tomaron en estos últimos tiempos. “Primero se redobló la custodia a los testigos. A uno de ellos, que se encuentra detenido, lo trasladamos de lugar y está aislado del resto de los presos. Se requisó la celda del acusado y le ofrecimos medidas de seguridad a todos los funcionarios judiciales”, señaló en una entrevista con LA GACETA.
El funcionario advirtió que el Servicio Penitenciario y la Policía no sólo saben realizar estos procedimientos, sino que además cuentan con los recursos para hacerlo. “Cuando fue el extenso debate por la causa llamada ‘La Industria del Escruche’, trasladaron durante varios meses a ‘La Gatita’ Lizárraga y dos miembros del clan Caro sin que se registrara ningún tipo de problema”, finalizó.
Relaciones: hay tres mujeres que forman parte de la vida de “Miguelón” Figueroa
Miguel“Miguelón” Figueroa tiene tres mujeres que están o estuvieron a su lado en los últimos años. Marcela Díaz se presenta como la pareja legal del acusado. Jimena Fernández (foto), la compañera en los momentos de la clandestinidad del acusado de tres homicidios que también será enjuiciada por un crimen. La última, sería una empleada del Servicio Penitenciario que le habría facilitado todos los elementos que se le secuestraron.
“Se están publicando muchas mentiras sobre mi marido. Él es un hombre que hace cualquier cosa por cuidar a su familia. Él no tiene nada que ver con esos crímenes. En los juicios se demostrará que él es inocente”, señaló Díaz. “Nunca quisimos dar notas porque queríamos proteger a nuestros hijos. Ustedes no saben el daño que están haciendo publicando todas esas cosas”, añadió.
El caso de Fernández es insólito. Está acusada de haber participado con su novio del crimen de Ledesma, ocurrido en marzo de 2021. Detenida varios meses después, reconoció que estaba esperando un hijo de Figueroa. Durante meses su ex defensor Aníbal Paz solicitó que se le otorgara el arresto domiciliario porque no había un lugar para albergar a una persona en su estado. La Justicia finalmente le otorgó ese derecho, medida que violó en una oportunidad para ir a visitar a su pareja en el penal de Villa Urquiza.
No se sabe hasta el momento cuál será la estrategia que asumirán sus defensores Camilo Atim y Florencia Abdala en el debate que comenzará el 26 de febrero. Díaz sí dio a conocer su postura sobre esta relación. “No puedo saber qué hizo mi esposo durante los casi dos años en los que vivió en la clandestinidad. Sí puedo afirmar que se alejó de nosotros para protegernos, algo que ustedes (por LA GACETA) están destruyendo”, señaló.
La última relación que tendría Figueroa es con una empleada del Servicio Penitenciario cuyo nombre se mantiene en reserva. “Se inició un trámite administrativo para confirmar o descartar esta versión. Hay órdenes de ir hasta al final con este tema, caiga quien caiga”, aseguró el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa en una entrevista con LA GACETA. “Son mentiras. Lo veo a mi marido todos los días y no existe esa relación”, aseguró Díaz. Si llegaran a ser ciertos sus dichos, saldría a la luz otro privilegio que tendría ‘Miguelón’: tener visitas todos los días cuando en realidad deben ser tres semanales, si es que el interno no recibió algún castigo.
Desmentida: “Mi esposo no es ningún narco, como están haciendo creer”
“Antes que nada, quisiera aclarar una sola cosa: mi esposo no es ningún narcotraficante, como están haciendo creer. Él nunca fue condenado por ese delito y tampoco tiene un proceso en su contra”, señaló Marcela Díaz, la mujer que aseguró ser la pareja legal de Miguel “Miguelón” Figueroa, el sospechado de haber realizado un acto intimidatorio en contra de fiscales.
Por una causa originada en Salta, Figueroa fue detenido acusado de haber transportado 15 kilos de cocaína. Sin embargo, LA GACETA no pudo constatar cómo fue el desarrollo de esa causa. Los allegados reconocieron que en un principio había sido detenido por el caso, pero luego fue sobreseído, versión que no se pudo verificar.
Además, en el juicio a los policías que fueron condenados por un supuesto robo a un supuesto transa de Famaillá, se conoció el audio que uno de los imputados le envió a su mujer explicándole cuál era su relación con “el narco más importante de Tucumán”. Los investigadores, al analizar ese, otros mensajes e imágenes recuperadas de las redes sociales, elaboraron una hipótesis. Figueroa podría haber sido informante del grupo de “narcopolicías” para que le robara la droga a otros supuestos narcos para él o a cambio de protección. El hallazgo de una balanza de precisión en el penal también lo terminará complicando.
Supuesta venganza: las razones por las que habría cometido tres homicidios
En diciembre de 2020, Gonzalo Figueroa, que había sobrevivido a un supuesto secuestro narco un año antes, fue asesinado de un disparo en un barrio de Villa 9 de Julio. A partir de ese momento, según la investigación de los fiscales Carlos Sale e Ignacio López Bustos, inició un cruento plan de venganza que terminó de consumar en menos de cuatro meses.
Fue acusado del doble homicidio de Héctor Gabriel Amaya (33) y de Leonardo Sepúlveda (26) y de haber herido a Gonzalo Greco (12), Maximiliano Limdon y Franco Galván (26), en un hecho que se registró días después de la muerte de su hermano. Las víctimas estaban en la casa de “La Porota”. Por este caso posiblemente comience a ser juzgado la semana que viene. El fiscal Sale ya anticipó que pedirá la perpetua.
También debe responder por el crimen de Ramiro Exequiel Ledesma (18), en un hecho que se registró en marzo de 2021 en el que también está acusada su pareja Jimena Fernández y Alexis “El Sucio” Íñigo. El debate por este caso tiene fecha de inicio el 26 de febrero y el fiscal López Bustos adelantó que solicitará que le dicten la máxima pena. En caso de ser encontrado culpable, sería el primer tucumano que reciba una triple condena perpetua por parte de un tribunal de la justicia ordinaria.
Reacciones 1: abogados aseguran que los juicios no deben ser suspendidos por amenazas
El inicio del año judicial encontró a los profesionales del derecho sorprendidos por el caso de las amenazas en contra de los testigos y los fiscales. El debate y las especulaciones estuvieron en cada rincón en el primer día hábil después del inicio de la feria. “Me parece mal que se haya pedido la suspensión de los juicios. Todos somos susceptibles de amenazas y no por eso deberíamos dejar de cumplir con nuestras funciones. De igual manera, entiendo que esta circunstancia denota que realmente el Estado no está preparado”, indicó la abogada penalista Agustina Recalde. “Esta falta de seguridad para nuestros funcionarios es lo que también me parece mal. Creo además que el poder Legislativo y Judicial no deberían ser indiferentes a esta situación, porque es algo que está afectando a todo el Estado en sí”, añadió.
Su colega Aníbal Paz agregó: “sin perjuicio de que no se sabe a ciencia cierta si fue o no Figueroa el que escribió el posteo amenazante, no me parece correcto que el MPF haya solicitado la suspensión del debate”. “Eso estaría demostrando a la sociedad la falta de preparación que hay para resguardar a sus funcionarios. Al contrario, debería haberlo realizado con más razón a fin de no claudicar ante eventuales amenazas de cualquier detenido que está por ser enjuiciado, finalizó.
Reacciones 2: “Suspender el debate será un triunfo de la impunidad”, dijo Silvia Elías de Pérez
“Las recientes amenazas de narcotraficantes a fiscales y testigos son actos de una gravedad extrema que no podemos tolerar en ningún contexto”, manifestó la legisladora Silvia Elías de Pérez del bloque Valores x Tucumán- UCR, con respecto a la solicitud del Ministerio Público Fiscal de suspender los juicios contra Miguel “Miguelón” Figueroa.
La parlamentaria, que fue la única que se expresó sobre este tema, agregó: “suspender un debate oral por este acto intimidatorio, no sólo es un golpe a la Justicia, sino que también representa un triunfo para la impunidad de los delincuentes en Tucumán”.
“No podemos permitir que el crimen organizado dicte las reglas ni ceder ni un paso ante las mafias que intentan socavar nuestras instituciones”, añadió en un comunicado enviado a LA GACETA. La legisladora afirmó que esta situación de gravedad institucional “es la consecuencia directa de la desidia de un gobierno que ha sido cómplice de los delincuentes durante décadas”.
Finalmente, enfatizó la urgencia de que desde el Estado se garantice la protección de fiscales y testigos para que puedan cumplir con su deber sin miedo. “La Justicia no puede ser intimidada y es deber del gobierno asegurar que se cumplan los principios fundamentales del Estado de Derecho”,
finalizó.