Adoptando una postura más firme con las provincias tras realizar ajustes al texto, Javier Milei se prepara para impulsar la ley ómnibus en el Congreso. El Gobierno libertario asegura haber cedido todo lo posible y destaca que, a pesar de la eliminación del paquete fiscal original, se alcanzará la meta de déficit cero de todas formas.
Sin embargo, según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, el 58% de la población se opone a que las provincias asuman el ajuste. Esta resistencia ciudadana no detiene al Presidente, quien insiste en recortar partidas en los distintos distritos.
Una fuente cercana al mandatario sugiere que las provincias tendrán "más urgencia" que el gobierno central, respaldando la idea de un ajuste más significativo a nivel provincial. Manuel Adorni, representante del Gobierno, asegura que se ajustará todo lo necesario, incluso partidas inicialmente descartadas.
La administración actual evalúa realizar ajustes en diversas áreas, centrados en la reducción de subsidios a las tarifas, recortes presupuestarios en infraestructura y disminución de planes. Los funcionarios gubernamentales perciben que la oposición, incluso la dispuesta al diálogo, busca obstaculizar la ley, sin importar el motivo.
Aunque se espera que el proyecto de ley siga su curso normal en el Parlamento, existe un "plan B" que contempla posibles "salidas constitucionales". Entre estas opciones se encuentra la posibilidad de un plebiscito o la implementación de reformas a través de decretos de necesidad y urgencia.
Desde el Gobierno, señalan que, a pesar de estas alternativas, confían en que el proyecto de ley avance. Aunque el plebiscito es considerado como último recurso, los colaboradores gubernamentales subrayan que es un medio constitucional para exponer a los diputados ante la opinión pública.
Aunque la consulta popular no es vinculante, se busca hacer partícipes a los representantes en la decisión, mostrando transparencia y apertura hacia la voluntad de la ciudadanía. La batalla legislativa por la Ley Ómnibus está en marcha, y el Congreso se convierte en el escenario de una lucha por encontrar un equilibrio entre las necesidades nacionales y la resistencia ciudadana.