El gobierno tomó nota del planteo formulado por los empresarios de la construcción de Tucumán, y en un contexto de incertidumbre respecto a los fondos nacionales para los proyectos en curso, se avanzó con la decisión de declarar el estado de emergencia en materia de obras públicas.
En la Legislatura confirmaron que para esta semana esperan el envío de un proyecto o anteproyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo (PE) con los puntos clave de la normativa, destinada a asegurar el sostenimiento de las inversiones que la Casa de Gobierno considere prioritarias.
Si bien la intención es que el texto sea “abarcativo” y posibilite la continuidad de los trabajos de distintas áreas, en el oficialismo explicaron que la idea en esta etapa es enfocarse en los establecimientos educativos -el inicio del ciclo lectivo está previsto para el 1 de marzo- y en la crisis carcelaria, con el penal de Benjamín Paz como la principal alternativa para descomprimir los calabozos de las dependencias policiales de la provincia.
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, recordó en diálogo con LA GACETA que los empresarios habían transmitido al gobernador, Osvaldo Jaldo, en una reunión celebrada el pasado 18 de enero, la necesidad de avanzar con la declaración de emergencia en este ámbito. En este tiempo, añadió el ingeniero, se trabajó con el ministro de Obras Públicas, Santiago Yanotti, y con el presidente de la comisión legislativa pertinente, a cargo de Tulio Caponio (PJ), para avanzar con una normativa similar a la que ya rige en otros distritos del país, como Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego. “La situación es crítica en todo el territorio nacional. Se está sintiendo el parate en la obra pública”, detalló Garber.
El referente del sector empresario señaló que, ante la falta de financiamiento estatal, las contratistas se ven imposibilitadas de cumplir con los plazos previstos en los pliegos. “Nos vemos forzados a que se declare la emergencia”, insistió.
Expectativas y antecedentes
En la Legislatura, la comisión de Obras Públicas permaneció activa durante el receso de enero, y sus integrantes participaron de reuniones junto al vicegobernador Miguel Acevedo y a los empresarios del sector. En ese sentido, Caponio remitió en estos días a sus pares la documentación bajo análisis, con la expectativa de que el Poder Ejecutivo envíe durante la semana en curso el proyecto de declaración de emergencia en obras públicas.
En la reunión del jueves 18, el propio Jaldo había manifestado la decisión de avanzar con una normativa “que permita darle un sustento legal a las obras que se vienen realizando -o por falta de transferencia de fondos están atrasando- hasta que el Gobierno nacional tome una decisión” en esta materia.
En aquella ocasión, además de los miembros de la Cámara Empresaria de la Construcción, había asistido Acevedo y el presidente subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Tras el encuentro, Jaldo había confirmado la intención de que “la Provincia asista financieramente a las empresas”, con el objetivo de que “no se detenga el ritmo de las construcciones, a pesar del proceso inflacionario donde los materiales sufrieron un incremento de precios de manera sustancial”. Y, en esa línea, había anticipado que las prioridades serán “los espacios físicos dentro de las escuelas”, de cara a la vuelta a clases; y las inversiones en materia de seguridad, como la cárcel de Benjamín Paz y las alcaidías de Delfín Gallo y de Las Talitas.
Acevedo, por su parte, había transmitido la voluntad del cuerpo legislativo de llevar al recinto la cuestión planteada por la cámara que lidera Garber. “Es meritorio generar una ley de emergencia que permita a las empresas y al Estado provincial darle forma y marco legal a la finalización parcial de obra, sin que haya sanciones por la emergencia que estamos atravesando", había indicado el presidente de la Legislatura.