El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán se prepara para la primera sesión del año. El encuentro en el recinto será este martes, con motivo de aprobar la declaración de emergencia sanitaria y ambiental requerida por la intendenta, Rossana Chahla, aunque con algunas modificaciones.
Los concejales irán a extraordinaria luego de que se analizara en comisiones el escrito que el Ejecutivo municipal había enviado en diciembre. El texto original pedía que se declarase la emergencia por un año, con la finalidad de dar soluciones a las problemáticas locales en materia ambiental. Además, solicitaba que, durante idéntico plazo, se arbitren los medios institucionales necesarios para la correcta gestión de los residuos, se reasignen partidas presupuestarias y se efectúen -de ser necesarias- contrataciones directas para atender dichas urgencias.
Si bien esta versión del texto no prosperó, la cuestión se mantuvo en la agenda del Concejo y de la Intendencia durante el receso de verano, debido a que el convenio con la empresa 9 de Julio -firma encargada de la limpieza del ámbito urbano desde la década de 1990- vence a finales de febrero. Además de ser un servicio esencial, la recolección de los residuos en la ciudad representa uno de los contratos más costosos para las arcas municipales, con unos $600 millones mensuales durante 2023.
En este escenario, los ediles recibieron un segundo proyecto de la sede de 9 de Julio y Lavalle. En la nueva redacción se priorizan tres enfoques: la crisis en materia de basurales a cielo abierto; la acumulación y descomposición de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en canales; y el mantenimiento de espacios verdes.
Para ello, se dispone que la Intendencia diseñe un plan estratégico (que debe ser expuesto ante el Concejo en un plazo de 30 días). Y se ordena la creación de una comisión especial de seguimiento, que deberá recibir cada 90 días un informe de la Intendencia acerca de la implementación del plan y sus avances.
Además, la intención de los concejales es convocar periódicamente a los funcionarios Martín Viola (secretario de Gobierno de la Municipalidad), Julieta Migliavacca (Medio Ambiente) y Luciano Chincarini (Servicios Públicos) para que notifiquen sobre el trabajo en ejecución.
Respecto de la recolección de residuos, en el dictamen emitido la semana pasada por las comisiones permanentes se dispone una prórroga de un año más para la contratación de la empresa prestadora del servicio, “en los mismos términos y condiciones, y previa conformidad del adjudicatario”. Además, se autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a “ampliar el ámbito de aplicación” contemplada en el acuerdo original, al fin de abarcar “aquellas zonas que han quedado excluidas”.
En este plazo, señala el proyecto, la Intendencia deberá presentar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares para realizar el llamado a licitación pública nacional y adjudicar el servicio. Así, una vez finalizado el período de emergencia, ya debería estar operativo el nuevo acuerdo por la basura en la ciudad.
Este será el único tema en el orden del día de la sesión extraordinaria convocada para mañana por el presidente del cuerpo municipal, el peronista Fernando Arturo Juri. En la sede de Monteagudo y San Martín confían en que el dictamen será aprobado por unanimidad, dado que el dictamen recibió el visto bueno de distintas bancadas.