Femicidios en Tucumán, un fenómeno inquietante

Hace un tiempo que Tucumán se enfrenta a una inquietante escalada de violencia de género, y recientemente, un brutal ataque a dos hermanas en un boliche ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar este flagelo. Este incidente, lamentablemente, no es un caso aislado, sino un reflejo de la creciente ola de agresiones que persiste, mientras las cifras de femicidios se disparan, cuadruplicándose en el último año.

Enfrentamos un panorama donde el acoso cibernético y la cosificación de la mujer en grupos de Telegram se han convertido en factores desencadenantes de actos de violencia. La serie chilena “La Jauría” (basada en un caso real) nos sirve como espejo de una realidad que Tucumán, desafortunadamente, comparte.

A pesar de las leyes “Micaela” y “Olimpia”, diseñadas para concientizar y prevenir la violencia de género, las cifras de femicidios en Tucumán no han hecho más que aumentar. La propuesta de reforma del presidente, Javier Milei, al reducir la capacitación en género y cambiar responsabilidades hacia organismos quizás no preparados, genera incertidumbre en un momento donde la firmeza de las políticas de prevención es vital.

El caso de las hermanas agredidas es un testimonio de la desprotección sistémica que sufren las mujeres. La liberación de los agresores al día siguiente pone en evidencia la impunidad que permea el sistema judicial, acentuando un ambiente de miedo que afecta de manera contundente la salud mental de las víctimas.

El incremento de las cifras de femicidios en Tucumán es un fenómeno inquietante. Las estadísticas revelan un panorama sombrío: en 2023 se registraron 12 femicidios, cuatro veces más que en 2022. En la Unidad Fiscal de Violencia Familiar y de Género, se reciben en promedio 1.500 denuncias por mes. Más del 50% de esas denuncias se cierran con medidas de protección, pero estas no parecen ser suficientes para detener la escalada de violencia.

La realidad judicial también es desalentadora. Las prisiones preventivas dictadas van de 10 a 90 días, mientras que por mes se firman apenas 80 condenas. Los casos de violencia de género ocupan cada vez más espacio en la agenda judicial, igualando a los de robos, el delito más común en la provincia.

En este contexto, el caso de las hermanas Constanza y Pilar Brandán es una gota más en un océano de impunidad. Tras el brutal ataque, las jóvenes se enfrentan a secuelas físicas y psicológicas, mientras que los agresores, aunque detenidos momentáneamente, fueron liberados, evidenciando la falta de consecuencias reales para quienes perpetúan estos actos de violencia. Frente a este panorama, es imperativo un cambio estructural. No basta con endurecer penas; se necesita una revisión profunda de las políticas de prevención y de respuesta judicial. La sociedad tucumana demanda acciones tangibles y efectivas que vayan más allá de discursos y promesas vacías.

La violencia de género en Tucumán no puede ser ignorada ni subestimada. La lucha contra esta pandemia silenciosa debe ser una tarea de todos los sectores de la sociedad. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de liderar este cambio, implementando políticas integrales, fortaleciendo la justicia y creando conciencia desde la educación temprana.

En este momento crítico, la sociedad tucumana necesita un compromiso real y sostenible. La violencia de género no puede ser tolerada ni normalizada. Es hora de una acción decidida y coordinada para erradicar este flagelo y construir un futuro donde las mujeres vivan libres de temor y violencia.