El PJ tucumano ingresa en el laberinto del incordio

El 24 de enero pasado es una fecha meridiana para el peronismo tucumano. Ese día, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ex gobernador Juan Manzur tomaron decisiones institucionales, en el orden nacional, completamente distintas. Y adoptaron posturas que los dejaron enfrentados. La situación es perfectamente democrática, pero irremediablemente incompatible en el escenario político provincial: Jaldo, la figura central del oficialismo, es el vicepresidente del PJ, cuya presidencia está aún en manos de Manzur, quien ocupó la casilla del medio del peronismo local hasta el 29 de octubre de 2023.

Si este esquema ya presenta un desacople a los efectos del pragmatismo justicialista (el conductor del gobierno peronista no es el conductor del PJ), los acontecimientos de la semana pasada llevan el desfase a otro nivel. Uno que excede el plano de la verticalidad (hoy en cortocircuito en el peronismo nacional) y pone en jaque una máxima de hierro: el movimiento es amplio (privatista una veces y estatista en otras; neoliberal en unas décadas y de centro izquierda en otras), pero nunca bicéfalo, Y resulta que hoy, en Tucumán, el presidente del PJ va en una dirección y el vicepresidente va en otra.

Dos documentos públicos, ambos presentados en el Congreso de la Nación, hicieron patente este atolladero de manera incontrastable. Y los dos el mismo día.

Bombos y redoblantes

El miércoles, con los bombos de la movilización de la CGT como música de fondo, los diputados jaldistas (Elia Fernández de Mansilla, Gladys Medina y Agustín Fernández) detonaron una bomba en la Cámara Baja: hacían oficial la conformación del bloque “Independencia” y, consecuentemente, su salida de la bancada de Unión por la Patria. Era la derivación de una medida adoptada un día antes: acompañar, con la decisión de Jaldo y la firma de “Tin” Fernández, un dictamen favorable para la “Ley Ómnibus”. En la negociación entran, por un lado, la eliminación de las retenciones a los citrus. Por otro, la mejora de los porcentajes de participación del alcohol de los ingenios azucareros en la industria de los biocombustibles. Y, finalmente, la construcción de una relación entre el Gobierno nacional, deficitario en parlamentarios nacionales, con el Gobierno provincial, que encontró al asumir un déficit (según actualizó esta semana el Gobierno) que ascendió a 70.000 millones de pesos. En octubre, equivalía a una planilla salarial completa y al pago total del medio aguinaldo.

Ese mismo día, con los redoblantes marcando el ritmo de la huelga, Manzur redoblaba la apuesta del peronismo de la Cámara Alta contra el DNU 70, el otro “paquete” de normas (tiene 366 artículos) que el presidente Javier Milei promueve en simultáneo con la “Ley Ómnibus”. Una nota le pide a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que convoque a una sesión especial el 1 de febrero “con el objeto de considerar” el decreto del 20 de diciembre. Manzur suscribe el texto junto con lo más granado del kirchnerismo senatorial: el formoseño José Mayans (preside el bloque de Unión por la Patria), la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la bonaerense Juliana Di Tullio y el salteño Sergio Leavy.

Esta avanzada no es una bravuconeada. Se necesitan 37 senadores para tener quórum y Unión por la Patria cuenta con 33. Los cuatro que requiere sólo pueden provenir de los bloques minoritarios, porque el PRO y la UCR ya adelantaron que no serán de la partida. Pero entre los peronistas disidentes de Cambio Federal y los senadores que responden a gobernadores de partidos provinciales que integran Unidad Federal, la posibilidad de adherir a la embestida “K” se torna porosa.

La antikichnerista Alejandra Vigo (el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti es su esposo) nada acordará con Unión por la Patria. Pero también está Mónica Silva, de Juntos somos Río Negro (el gobernador es el peronista disidente Alberto Weretilneck), quien recibió el apoyo de la bancada “K” para su proyecto de ley de Boleta Única, que contrapesa la que impulsan los libertarios. En medio, el entrerriano Edgardo Kueider, entre otros, esperan un pronunciamiento de la Corte para decidirse.

Claro está, es potestad de Villarruel convocar a sesión. Pero no menos cierto es que Unión por la Patria procede según la norma. La Ley 26.122, que reglamenta el régimen de los decretos, pauta 10 días hábiles, desde que Jefatura de Gabinete remitió el instrumento, para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo emita un dictamen (artículo 19). Vencido ese plazo (ocurrió hace dos viernes), “las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto” (artículo 20).

Entonces, Villarruel se encuentra legalmente compelida a llamar a una sesión, más temprano que tarde. Cabe aclarar que la misma Ley 26.122 dice que para que un DNU se considere “rechazado” deben haber votado en su contra las dos Cámaras del Congreso. Esto equivale a que el decreto es válido si sólo una de ellas lo aprueba, al igual que si no es tratado por alguna. Y mantiene vigencia mientras esto ocurre, salvo que haya fallos judiciales en contra (como ha ocurrido ya respecto del capítulo de reformas laborales del DNU 70). Sin embargo, es todo un mensaje político que una de las dos Cámaras rechace el DNU (un mensaje del que siempre toman notas los Tribunales). Ni hablar si el debut parlamentario del decreto consiste en el voto adverso de la primera Cámara en que se trate.

Signos y coyunturas

En el análisis de signos, el PJ de Tucumán, a la luz de estos acontecimientos, se encuentra dentro de un laberinto. Su actual presidente opina que hay que girar en una dirección, mientras que el vicepresidente ha decidido virar en sentido opuesto. Así no se logra alcanzar ninguna salida.

En el análisis de la coyuntura, el PJ de Tucumán vive un incordio. El gobernador (y por tanto, el conductor natural del partido) ha encarado una serie de negociaciones que, a su criterio, son beneficiosas para las dos mayores actividades industriales de la provincia (la citrícola y la azucarera). A la vez, busca una sintonía política con un gobierno nacional de signo adverso, que le reporte gobernabilidad, esa condición que en el argot peronista se denomina “paz social”. Esto es: recursos económicos y financieros que le den previsibilidad durante los cuatro años de gestión en una provincia del empobrecido Norte Grande, de la empobrecida República Argentina.

En paralelo, el senador Manzur se ha embanderado en una cruzada contra el Gobierno nacional, que enarbola ideologías y propuestas distintas que las del último gobierno “K”, que él integró como jefe de Gabinete y al cual apoyó el PJ de Tucumán. Ese partido que el ex mandatario provincial preside.

No hay forma de conciliar ambas posturas. Esa es la encerrona del PJ tucumano. Ahora bien, lo que no se puede desanudar a nivel individual (Jaldo y de Manzur no cambiarán sus posiciones respecto de la Casa Rosada), podría resolverse a nivel institucional. Pero los tiempos del PJ tucumano no ayudan.

Manzur y Jaldo conducen el PJ desde el 29 de octubre de 2018. Ese día, la ex senadora Beatriz Rojkés pidió licencia del cargo de titular del partido. El 17 de ese mes, durante el acto por el “Día de la Lealtad”, Manzur había anunciado que él y Jaldo buscarían la reelección en 2019. Tres días después, José Alperovich, gobernador entre 2003 y 2015 (y esposo de Rojkés), anunció que los enfrentaría.

El 18 de noviembre de 2018, el Congreso del PJ convocó a internas partidistas para el 17 de febrero de 2019. Cinco días antes, y luego de que tres listas desistieran y una fuera impugnada por falta de avales, la junta electoral peronista proclamó a Manzur y a Jaldo como presidente y vicepresidente del partido para los siguientes cuatro años. Precisamente, transcurrido ese plazo se estableció el 18 de febrero de 2023 para que los afiliados acudieran a las urnas para la renovación de autoridades. Pero el 8 de diciembre de 2022, los “compañeros” anunciaron una “lista de unidad” y quiénes entonces eran gobernador y vicegobernador fueron ratificados como el número uno y el número dos del justicialismo... para el período 2023-2027.

Unos y otros aseveraron aquella vez que el PJ no quería “distracciones” para el electoralísimo 2023. Mantenían, de esa manera, la tregua que habían firmado después de que el peronismo nacional hubiera sido derrotado en las elecciones de medio término, en 2021. El cese al fuego entre Jaldo y Manzur no fue por convicción, sino por razones de fuerza mayor.

Ese matrimonio político se había divorciado durante ese mismo 2021, luego de que la Legislatura no religiera a Fernando Juri Debo como ombudsman, y lo reemplazará por Eduardo “Lalo” Cobos. En las PASO de agosto, los otrora socios se enfrentaron ferozmente: Manzur fue candidato a senador suplente de una lista y Jaldo encabezó la nómina de diputados en la vereda interna del frente. Tal fue el fratricidio que el PJ tucumano estuvo a dos puntos de perder en las generales de octubre contra Juntos por el Cambio. Pero días después, el derrotado Alberto Fernández convocó a Manzur para que asumiera como jefe de Gabinete. Acto seguido, Jaldo quedó a cargo de la gobernación.

El armisticio se mantuvo durante los años siguientes no sólo para mantener al PJ en el gobierno provincial sino, también, por un principio de equilibrio de poder. Léase, Manzur fue inscrito originalmente como candidato a vicegobernador de Jaldo. Pero la Corte Suprema de la Nación frustró el enroque y Manzur salió de la ecuación.

Ahora, la postura del senador de embestir contra el DNU de Milei desafía a la diplomacia jaldista, que ha resuelto ensayar un acercamiento con la Casa Rosada. Y si bien hay voces manzuristas que justifican al ex gobernador alegando que el pedido de sesión se planeó de antemano para que coincidiera con el paro de la CGT, hay voces jaldistas que advierten que Manzur supo (como todo el país) que los diputados jaldistas habían decidido acompañar el dictamen de la “Ley Ómnibus” antes de presentar la nota en el Senado.

Léase, el acuerdo de paz vuelve a ponerse en tensión. Sobre todo, por los puentes que intentan tenderse en el orden nacional, que sólo pueden construirse con la confianza como argamasa. Los libertarios siempre mirarán con recelo a los peronistas, y viceversa. Prueba de ello es la polémica desatada entre Ricardo Bussi, que socarronamente le dio la bienvenida a Jaldo a “las fuerzas del cielo”, y el ministro del Interior Darío Monteros, quien le contestó que intenta llamar la atención sin éxito. ¿Cuánto tardarán “halcones” como Bussi en plantear, en la Casa Rosada, que el peronismo tucumano ensaya una “doble combinada”, porque Jaldo acerca posiciones mientras Manzur las endurece, pero ambos comparten la conducción del PJ?

El Partido Justicialista es, entonces, una escala obligada en la interna de jaldistas y manzuristas, que ahora se reanima. Nadie que conozca a Jaldo puede ignorar que su declarada prioridad es “la gestión”, aunque siempre mirando “el partido” de reojo. En definitiva, la octava “verdad” enunciada por Juan Domingo Perón dice: “En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero la patria, después el Movimiento y luego los hombres”. Primero el gobierno, después el PJ.

Que el justicialismo sea presidido por quién no es el gobernador, en las actuales circunstancias, amenaza con convertirse en un foco de malentendidos y conflictos. Y como supo titular Leopoldo Marechal aquel poema crepuscular, “de todo laberinto se sale por arriba”.