La huelga de la CGT vs. el “paro” del jaldismo

Los porqués del paro general de la CGT más veloz en la historia reciente estuvieron a la vista de las dos orillas de la “grieta”. Los organizadores, y quienes los acompañaron, hablaron de la inflación, la devaluación, el ajuste en el Estado y la reforma laboral ínsita en el DNU 70. Los que rechazaron la medida, por ser oficialistas o no sentirse representados por quienes se movilizaron, impugnaron la protesta por considerarla una maniobra de desestabilización política. Por caso, la inflación, la devaluación, el ajuste a los jubilados y la precarización del empleo y del salario desfilaron durante todo el cuarto gobierno “K”, el único en 40 años de democracia al que no le hicieron ninguna huelga.

La familia Moyano cristalizó estas posturas encontradas. Pablo, líder del sindicato de los camioneros, sostuvo durante el acto central del miércoles que si el ministro de Economía, Luis Caputo, continúa con las “medidas económicas de ajuste, de hambre y de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas para tirarlo al riachuelo”. En paralelo, Facundo Moyano, del Sindicato de Peajes, ensayó la mayor desautorización contra la medida de fuerza. “Todo paro es político. Si este paro era hace dos años, la situación de los trabajadores (hoy) era otra”, aseveró. “Haberle ganado a Venezuela en inflación es responsabilidad del gobierno anterior”, completó.

Demasiadas cosas no cierran en la decisión de la CGT: ni siquiera estrechó sus propias filas detrás de la protesta; viene de dormir una siesta de cuatro años mientras el país se encaminaba al abismo económico; embiste contra un gobierno que sólo lleva 45 días; la actual gestión derrotó por paliza al candidato peronista Sergio Massa, ministro de Economía irreprochable para el sindicalismo.

La pregunta, entonces, pasa por el “para qué”. Y la respuesta se asoma en la más contemporánea historia. Lo que busca el movimiento obrero es iniciar el camino de la unidad del peronismo. Habría que agregar: “una vez más”. Las respuestas cortas, eso sí, demandan explicaciones no tan breves.

La historia

Cada vez que pierde una elección presidencial, el peronismo entra en crisis. Le pasó en 2015, cuando ganó Mauricio Macri. El kirchnerismo fracturó el PJ y lo abandonó; y eso le alcanzó a Cambiemos para ganar las elecciones de medio término de 2017. La unidad, atada con alambres, llegó en 2019. El gremialismo fue secundario en ese acuerdo y nunca fue convocado por el Gobierno que advino. Antes, en 1999, el triunfo de Fernando de la Rúa también sacudió al peronismo: la Alianza ganó con “una pata peronista”. Pero los desastres aliancistas fueron insoportables incluso para el propio Gobierno, que se fue apenas dos años después. De la recuperación del peronismo se ocuparon la impericia de sus adversarios y una serie de actores del peronismo, con Eduardo Duhalde a la cabeza, más la “liga de gobernadores” y los intendentes del conurbano bonaerense. Pero no el sindicalismo. Por tanto, su papel en el nuevo esquema de poder tampoco fue gravitante.

Distinto fue lo que pasó después de la derrota electoral de 1983. El triunfo de Raúl Alfonsín enfrascó al PJ en su laberinto. La pelea entre los “históricos” y la “renovación” fue suficiente para que el alfonsinismo ganara las elecciones de 1985. En 1987, entre la desaceleración económica de un “Plan Austral” agotado y el descrédito por las leyes de “Obediencia debida” y “Punto final”, el PJ se impuso con el 41% de los sufragios. Pero la UCR logró el 37% y mantuvo la mayoría simple en diputados.

La única “constante” peronista a lo largo de esos años fue el enfrentamiento entre la CGT y el gobierno radical. Le hicieron 13 paros al alfonsinismo (12 contra “la política económica”) y terminaron siendo la prenda de unidad de un peronismo, que vio en el desgaste del oficialismo su oportunidad para volver al poder. Claro está, era otro sindicalismo. Con la vuelta de la democracia, 35 secretarios generales ocupaban un escaño en la Cámara Baja. Hoy, Milei reúne 38 diputados en su propio bloque. El líder de la CGT, Saúl Ubaldini, había concretado protestas en plena dictadura. Y Alfonsín, que había denunciado un “pacto militar-sindical” en su campaña, fracasó con la “Ley Mucci”, un proyecto de democratización sindical. Garantizaba la representación de las minorías opositoras, proporcionaba la fiscalización del Estado en los comicios y flexibilizaba los requisitos para ser candidato gremial. Perdió por un voto en el Senado y selló la enemistad con el gremialismo.

En ese pasado está el presente que busca la CGT: liderar otra vez la unificación del peronismo. Haberlo hecho en los 80 le valió a sus líderes una empoderada comodidad durante los 90 (aunque a los trabajadores no les haya ido bien: la desocupación alcanzó los dos dígitos). En nombre de esa unidad, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los protagonistas de la movilización

Para ese proyecto unionista, la decisión del gobierno peronista de Tucumán materializada el mismísimo miércoles del paro general, representó una huelga política contundente.

El pragmatismo

Tres de los cinco diputados peronistas por Tucumán formalizaron el 24 de enero el nacimiento del jaldismo en el Congreso de la Nación. Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla no sólo acompañarán el proyecto de “Ley Ómnibus” del gobierno libertario, sino que rompieron con el bloque de Unión por la Patria. Ahora conforman la bancada “Independencia”.

Es la ratificación de una voluntad que ya había sido expresada por Osvaldo Jaldo a mediados del mes pasado. Javier Milei reunió en la Casa Rosada a todos los gobernadores. Tras el encuentro, Kicillof difundió un duro documento que rechazaba la restitución masiva del Impuesto a las Ganancias y proponía reemplazarlo por un cambio en el índice de coparticipación del Impuesto al Cheque (que el 70% se distribuya entre las provincias). El bonaerense publicó el comunicado, dando cuenta de que adherían los otros siete mandatarios del peronismo: Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Adrián Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Jaldo. El tucumano fue el primero en aclarar que no suscribía el pronunciamiento. Lo siguió, luego, Jalil.

El jaldismo explicó que el impacto de uno y otro impuesto es inequiparable. Si se restituye Ganancias con los parámetros anteriores a la campaña de Massa, Tucumán recibirá unos 120.000 millones, equivalentes a dos planillas salariales. Y esa es la medida con la que la Casa de Gobierno mide el déficit que heredó: como se avisó aquí en noviembre, las nuevas autoridades asumieron con unos 50.000 millones de pesos en “rojo”, que representaban entonces una planilla salarial completa. Los sueldos, para entonces, se pagaban con el “descubierto” que el banco oficial le otorga a la Provincia.

Más allá de ello, ya en ese momento el gobernador tucumano sentaba las bases de una primera doctrina suya en materia de proyección nacional: nadie negociará en su nombre en Buenos Aires.

Ese mismo principio se inscribe en la decisión de abrirse del bloque oficialista y engendrar la bancada “Independencia”: nadie “contará” a los diputados nacionales de su espacio político como “seguros”, ni ellos obedecerán ningún mandato de partido político alguno. Los votos de esos miembros del Congreso se sujetarán a los intereses de la gestión provincial.

Las razones

Varias razones concurren en esa determinación. Unas tienen que ver con la lectura de los comicios pasados. Después del balotaje, aquello de que “Los muchachos peronistas / todos unidos triunfaremos”, es más un postulado romántico -expresado en la marcha del movimiento- que una certeza estadística. Milei se impuso sobre un peronismo unificado.

Una segunda cuestión pasa por los contactos que Jaldo ha urdido con la Casa Rosada. En especial, con el Ministerio del Interior. Antes de que terminase 2023, el gobernador ya había mantenido tres largas conversaciones con Guillermo Francos, que asumió el 10 de diciembre. En esa tarea fue clave el actual Secretario de Provincias, Lisandro Catalán, oriundo nada menos que de Tucumán.

Finalmente, están las razones vinculadas con la propia experiencia. Cuando Macri asumió la Presidencia, debió hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir a las provincias el 15% de la coparticipación federal de impuestos. El kirchnerismo mantenía esa retención desde 2006, sin que ningún Pacto Fiscal lo autorizara. Cambiemos, entonces, propuso un esquema de restitución gradual de recursos, que no convencía a todos los distritos. El primero en suscribirlo fue Juan Manzur. El entonces gobernador tenía un déficit en su legitimidad de origen por el escándalo de los comicios de ese año (urnas “embarazadas” y tiroteos; urnas “refajadas” y bolsoneo; urnas quemadas y acarreos). A cambio, el macrismo le dio al manzurismo un superávit de legitimidad de ejercicio: no había semana en que uno o más ministros nacionales pasaran por la residencia de Manzur. Más que recursos, aquel mandatario necesitaba reconocimiento, y lo recibió con creces.

Jaldo no padece ningún déficit en torno de su legitimidad, pero sí respecto de las cuentas públicas que heredó. Y, sobre llovido mojado, el oficialismo nacional se ha sentado sobre las transferencias discrecionales a las provincias (giros complementarios a la coparticipación), para reducirlas al mínimo. Todo ello, en el marco de una caída del 4,4% de la coparticipación automática en 2023, como consecuencia de la “estanflación” kirchnerista. En tal contexto, la apuesta del tucumano busca generar empatía política: aquí ayudan a paliar la condición minoritaria de los libertarios en el Congreso, y allá corresponden el gesto respecto de las necesidades materiales de Tucumán.

El asunto a elucidar es si Milei será un presidente con una política altamente retributiva en favor de los alineamientos, o no. La respuesta a ese interrogante se dirimirá en breve. Como también el alcance del “parate” de Jaldo. Si otros gobernadores de la región lo siguen (como ocurrió con el documento de Kicillof), su decisión se redimensionará. Es decir, si el bloque de Unión por la Patria sigue perdiendo músculo, se diluye la posibilidad del control político del Congreso sobre el polémico DNU 70. Y eso tornará la movida jaldista en una jugada inestimable para la Nación. O perfectamente cuantificable en recursos para la administración provincial.