Por Gustavo Rodríguez
24 Enero 2024
BIEN CUSTODIADO. Policías montan guardia en una de las viviendas que fue allanada en los últimos días.
Después de haber sumado numerosos indicios, concretado secuestros, analizar información que documentos que le facilitaron y logrado que al menos cinco personas sean procesadas, el fiscal Ignacio López Bustos comenzó otra etapa de la investigación: establecer cuál fue la ruta de la mercadería de Desarrollo Social que era vendida ilegalmente.
En su cabeza, según cuentan sus colaboradores más cercanos, tiene dibujado cómo era el mecanismo que utilizaban estas organizaciones. Esta es una parte de ese esquema:
1- La compra
En base a la información que proporcionó el ministro Federico Masso, el Gobierno adquiere unos 600.000 kilos de alimentos no perecederos para personas carenciadas. Con esa cantidad, se preveía el armado de 75.000 módulos alimentarios de ocho kilos cada una. El Estado, en promedio, pagaba $ 8.000 por cada uno, por lo que la inversión que realizó (con los valores de diciembre) fue de unos $ 600 millones.
2- Distribución
El sistema de entrega de los víveres es bastante particular. Los beneficiarios retiran hasta dos módulos por persona de los depósitos que Desarrollo Social tiene en Lavalle al 2.300. Las organizaciones civiles y sociales, comunas y municipios, lo hacen al granel en la empresa Hacha de Piedra, que está ubicada en Alderetes. Allí, está centrada la investigación.
3- La empresa
Según la pesquisa, la firma que es propiedad de un grupo de Buenos Aires y no de un empresario tucumano, funcionaba como depósito de los víveres. Su personal era el responsable de entregar la mercadería a las personas que se presentaban con una orden autorizada por el Ministerio. Los investigadores confirmaron además que esa distribución se realizaba sin ningún control estatal. “No tenían ninguna injerencia. La firma no trasladaba, sólo recibía, la acomodaba en su depósito y la repartía”, confirmó un pesquisa.
Todavía no se conocen muchos detalles sobre la relación contractual del Estado con Hacha de Piedra. Sí trascendió que el último acuerdo fue firmado por la ex ministra de Desarrollo Social Lorena Málaga y por la que la empresa habría recibido $ 25 millones mensuales por el servicio que prestaba.
4- Explicación
Hasta aquí hay una certeza. No existe delito por entregar órdenes de retiro a los beneficiarios, siempre y cuando hayan estado constituidas legalmente y no existiera ninguna anomalía en el otorgamiento. La irregularidad podría haberse producido en el destino final de los víveres.
Los investigadores sospechan que esos módulos se podrían haber confeccionado los bolsones que se entregan a cambios de votos y que los dirigentes barriales se quedaban con parte de ellos para luego comercializarlos de manera ilegal.
Funcionarios estiman que unos 15.000 kilos podrían haberse vendido por mes, con lo que habrían obtenido ganancias por unos $120 millones.
5- Documentación
López Bustos se presentó ayer en Desarrollo Social y en la sede de la empresa Hacha de Piedra junto a los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF). En las medidas secuestraron importante información para avanzar con la pesquisa.
6- Identificación
Hasta el momento, hay siete personas sospechadas de haber realizado este tipo de maniobras. Cuatro de ellas ya fueron procesadas y la situación de una quinta se resolverá en una audiencia que se desarrollará hoy.
Hasta aquí seis parecerían ser los últimos eslabones de la organización. El séptimo es Marcos Soria, el primer dirigente barrial, vinculado al concejal Emiliano Vargas Aignasse, involucrado en la investigación. “En el transcurso del expediente pueden surgir muchos referentes de dirigentes del poder político, ya sea del oficialismo y de la oposición. Pero otra cosa es que estén involucrados en la maniobra”, explicó un investigador.
En allanamientos realizados el lunes, personal de la ex Brigada de Investigaciones se presentó en las viviendas de otros referentes barriales que estarían vinculados a un actual legislador del jaldismo. López Bustos está analizando si corresponde acusarlas formalmente de algún delito.
Audiencia: se define la situación procesal del empleado de Emiliano Vargas Aignasse
“Todavía no tenemos definida la estrategia defensiva. No leímos todo el expediente”, señaló Víctor Padilla, defensor de Marcos Soria, detenido por la causa en la que se investiga la venta ilegal de la mercadería de Desarrollo Social. Soria, que es empleado del concejal Emiliano Vargas Aignasse y que sería empleado legislativo, está acusado de haber dejado los víveres en la casa de su suegra, Rosa Ibáñez, que fue procesada por el caso. El edil le confirmó a LA GACETA que el sospechoso retiraba los víveres de Hacha de Piedra para luego distribuirla, pero aclaró que no sabía si se quedaba con parte de ella. Hoy se realizará la audiencia para definir su situación.
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