22 Enero 2024
Federico Masso.
Después de que se desatara el escándalo por la venta de mercadería, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, resolvió cambiar la metodología de entrega de los módulos alimentarios. La primera iniciativa tiene que ver con la identificación de los que los representantes de comedores infantiles, cocinas comunitarias, organizaciones sociales, fundaciones, merenderos y cualquier otra entidad que reciba los víveres deberán presentar una declaración jurada con nombre de la entidad, lugar físico donde se arman los módulos alimentarios, domicilio de entrega de ellos, lugar de elaboración y entrega de prestación alimentaria y/o complemento nutricional. La medida, según explicaron las autoridades, tiene dos objetivos: confirmar la existencia y conocer quiénes reciben los víveres, ya que según el listado que existe actualmente, por ejemplo, son 72 las organizaciones sociales que retiran del depósito de la empresa, cuando en realidad no serían más de 24.
Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, una vez emitida la orden de entrega para el retiro de los víveres, las organizaciones sociales tendrán cinco días hábiles para presentar rendición documentada con firma y copia del Documento Nacional de Identidad de las personas que recibieron los módulos en una planilla vía mail a una oficina del Ministerio. Antes, las agrupaciones que retiraban las mercaderías sólo aparecían en un listado que confeccionaba la repartición y que era controlada por los empleados de la empresa de transporte.
En el caso de los comedores infantiles, cocinas comunitarias, merenderos y fundaciones, después de retirar los módulos, tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar la rendición. “En el sistema anterior toda la documentación era presentada en CD que dudamos que en alguna oportunidad haya sido analizada”, destacó una fuente del ministerio.
Por último, el ministro resolvió e informó a los beneficiarios que se arbitrará los medios necesarios para realizar monitoreos durante la entrega de mercadería para confirmar que llegue a manos de los destinatarios. El armado de los módulos alimentarios y su distribución corría por cuenta de las organizaciones sociales en lugares no determinados. Al parecer, tampoco se habría informado cómo era el sistema de distribución. Estas serían algunas de las medidas que tomaría Masso para avanzar con el control de la entrega de los víveres. Hasta tanto se defina si continuará vigente el contrato con la empresa de transporte, la repartición pondrá personal para controlar.
Investigan a un policía
Los investigadores analizan la posible participación de un oficial de policía en la venta ilegal de mercadería de Desarrollo Social. Uno de los allanamientos del sábado se habría concretado en la casa del sospechoso, que sería pariente de una empleada de esa oficina.
Trascendió que el efectivo habría tenido intenciones de presentarse a declarar ante el fiscal Ignacio López Bustos, pero hasta el momento no pudo confirmarse si lo hizo. Gustavo Morales, defensor de los tres detenidos, también consideró que puede tener una participación clave en el caso. Enterado de la situación, el ministro Eugenio Agüero Gamboa le ordenó al jefe de Policía que iniciara un sumario administrativo.
“Estamos investigando su participación. Ya hemos tomado las medidas correspondientes, más allá de que la Justicia no haya definido su situación procesal. Seremos inflexibles con todos aquellos que actúen fuera de la ley”, señaló el titular de la fuerza Joaquín Girveau.
Las trabas que surgen en el expediente
- La mercadería de Desarrollo Social no tiene un cartel que diga que está prohibida su venta.
- Los víveres secuestrados deben ser revisados por funcionarios estatales para confirmar si corresponden a los lotes adquiridos para entregar a beneficiarios.
- Habría irregularidades en la identificación de las 72 organizaciones sociales que retiran la mercadería. En principio, estarían en reglas solo 24, es decir, la tercera parte.
- El silencio de los sospechosos. Ellos aseguran que compraron en buena fe, pero ninguno identificó por ahora a los vendedores.
- La falta de control e información sobre quién retiraba los víveres de una empresa de transporte.
- La falta de participación ciudadana. Ningún revendedor ni comerciante se presentó ante las autoridades para reconocer que adquirieron productos de Desarrollo Social ni para ayudar a identificar a los vendedores.
- El caso ha desatado una tormenta política. Los pesquisas saben que pueden existir varias pistas planteadas para desviar la investigación.
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